PPD reclama Comisión Total por contrato de Power Expectations
Luis Javier Hernández sostiene se debe citar a funcionarios y otros involucrados para esclarecer el fallido acuerdo de generación temporera.
Por Redacción InDiario|Política|
La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado reclamó la convocatoria de una Comisión Total para investigar el proceso que culminó con el contrato de generación temporera otorgado al consorcio liderado por Power Expectations, posteriormente cancelado en medio de cuestionamientos sobre su adjudicación, ejecución y las actuaciones de las entidades gubernamentales involucradas.
El portavoz popular en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, sostuvo que la magnitud de la controversia requiere que el cuerpo legislativo cite a todas las personas que participaron directa o indirectamente en la evaluación y aprobación del acuerdo.
“El escándalo multibillonario relacionado al contrato de Power Expectations para generación de energía temporera es altamente alarmante, y si el Senado realmente interesa saber la verdad, debe convocarse una Comisión Total y citar a todos los implicados”, expresó Hernández Ortiz.
El contrato contemplaba aproximadamente 400 megavatios de generación temporera y tenía un valor máximo estimado cercano a los $5,900 millones durante diez años.
Pide investigar quién sabía y quién aprobó
Hernández Ortiz planteó que una investigación legislativa debe abarcar tanto a funcionarios de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón como a las entidades que participaron en la evaluación y autorización del contrato.
“Aquí hay mucha gente que sabía y que aprobó este insulto y burla al pueblo puertorriqueño, desde los oficiales de la Junta de Supervisión Fiscal, que aprobaron el contrato, hasta todos los funcionarios del gobierno de Jenniffer González Colón”, manifestó.
La controversia cobró fuerza luego de surgir alegaciones relacionadas con la participación de Enchanted Rock en el consorcio y el supuesto uso no autorizado de su nombre y firma.
Posteriormente, la Junta de Supervisión Fiscal revocó su aprobación del contrato y ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) terminar el acuerdo.
El asunto también ha provocado cuestionamientos sobre el proceso mediante el cual Flotek Industries sustituyó a Enchanted Rock, la información que distintas dependencias conocían sobre las denuncias y cuándo fue comunicada a otras entidades gubernamentales.
PPD asegura que intentó investigar desde mayo
El portavoz popular recordó que su delegación había presentado desde mayo una resolución para investigar la contratación, pero sostuvo que la Comisión de Asuntos Internos del Senado no dio paso a la solicitud.
“Si antes no querían investigar, pues ahora que la prensa ha presentado los datos, hay que citar a Comisión Total”, expresó Hernández Ortiz.
A juicio del senador, los cuestionamientos trascienden las posibles implicaciones criminales de las alegaciones sobre el contrato.
“Más allá de las alegaciones de tipo criminal por el alegado fraude, esta situación evidencia serias fallas de este gobierno del Partido Nuevo Progresista en los procesos de autorización, evaluación y otorgación de contratos de energía”, señaló.
Reclama pesquisa paralela del Senado
La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Oficina del Zar de Energía han referido asuntos relacionados con la controversia al Departamento de Justicia y autoridades federales.
Hernández Ortiz sostuvo, sin embargo, que esos referidos no sustituyen el poder fiscalizador de la Asamblea Legislativa.
“Eso no es suficiente. El Senado tiene el poder legal de investigar y señalar responsabilidades”, afirmó.
El reclamo del PPD ocurre mientras continúan surgiendo documentos y versiones encontradas sobre la contratación, incluyendo interrogantes sobre quién conocía las alegaciones relacionadas con Enchanted Rock, cómo fueron atendidas, por qué el proceso continuó mientras estaban bajo evaluación y qué funcionarios participaron en las decisiones posteriores.
Para Hernández Ortiz, la magnitud económica del acuerdo y las circunstancias que desembocaron en su cancelación justifican que el Senado utilice uno de sus mecanismos de fiscalización de mayor alcance.
“Esta situación, en un contrato que supera los $5,000 millones, es algo nunca antes visto en Puerto Rico”, concluyó el senador.
