Pablo José centra el aniversario del ELA en la corrupción

La conmemoración de los 74 años de la Constitución del Estado Libre Asociado se convirtió este sábado en una demostración de fuerza del Partido Popular Democrático y en la plataforma escogida por su presidente, Pablo José Hernández Rivera, para presentar una ofensiva contra el inversionismo político, la corrupción gubernamental y lo que ha denominado la “claque” del país.

El acto oficial, organizado por el Municipio de Cayey, se celebró en el Teatro Municipal ante una asistencia que desbordó la instalación. Para la 1:00 de la tarde, sus 1,450 espacios estaban ocupados, mientras cientos de personas permanecían de pie dentro de la sala y en los alrededores. Entre los asistentes figuraron los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla, además de legisladores, pero menos de la mitad de los alcaldes de la pava. 

Aunque la actividad conmemoraba la entrada en vigor de la Constitución del ELA el 25 de julio de 1952, Hernández Rivera dedicó la mayor parte de su discurso a denunciar la relación entre los donativos políticos, los contratos gubernamentales y el acceso privilegiado al poder.

“La claque son los que se compran y se venden, los que confunden servir con servirse”, declaró el también comisionado residente en Washington, retomando el mensaje que comenzó la pasada semana durante los actos del natalicio de Luis Muñoz Rivera en Barranquitas. 

Señala las controversias del gobierno

Hernández Rivera hizo referencia a las investigaciones y controversias que han sacudido a la administración de Jenniffer González, particularmente las relacionadas con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y las actuaciones atribuidas a funcionarios cercanos a La Fortaleza.

“A algunos de la claque los relevaron de sus posiciones esta semana”, expresó en alusión al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y a la subsecretaria Itza García, quienes cesarán en sus cargos durante agosto mientras son investigados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

El líder popular sostuvo que el problema trasciende las actuaciones de funcionarios individuales.

“Hay corrupción que es delito legal y hay corrupción que es delito moral. En la claque tenemos evidencia de ambas”, manifestó. También mencionó las controversias relacionadas con la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña y el destaque de Norberto Almodóvar en esa agencia, mientras este último es objeto de una pesquisa vinculada con una subasta en la Oficina de Gerencia de Permisos. 

Cuatro propuestas contra el inversionismo político

Como eje central de su mensaje, Hernández Rivera presentó cuatro medidas dirigidas a reformar el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico.

Propuso limitar severamente o prohibir los donativos en efectivo; restringir las aportaciones anónimas; limitar o impedir las contribuciones de contratistas del Gobierno; y obligar a las campañas a identificar el lugar de trabajo de los donantes que aporten sobre determinada cantidad. Esa información, planteó, tendría que ser publicada por la Oficina del Contralor Electoral para facilitar la fiscalización pública. 

Hernández Rivera contrastó las reglas locales con las federales. Señaló que un contratista federal no puede donar a una campaña federal, mientras que en Puerto Rico un proveedor gubernamental puede contribuir miles de dólares a candidatos locales. También cuestionó que la ley permita donativos anónimos de hasta $50 y aportaciones en efectivo considerablemente mayores que las autorizadas en campañas federales.

Según el comisionado residente, más de $1 millón habría sido informado como donativos anónimos por candidatos y partidos durante el ciclo electoral de 2024. Advirtió que ese mecanismo podría utilizarse para encubrir el verdadero origen del dinero mediante radiomaratones, empleados públicos o la compra de boletos costosos para actividades políticas. 

“Un contratista saca $100,000 en efectivo. Ese dinero se disfraza como donativos anónimos de $50 […] El candidato gana y el contratista recupera su inversión con un contrato de Gobierno muy superior”, ilustró durante su mensaje.

Tras la actividad, Hernández Rivera reconoció que todavía será necesario definir los detalles técnicos de las propuestas. Indicó que mantiene conversaciones con las delegaciones populares en la Cámara y el Senado con la intención de presentar legislación antes de que comience formalmente el ciclo electoral de 2027. 

La Constitución como instrumento de limpieza pública

Aunque el discurso tuvo un contenido predominantemente político y anticorrupción, Hernández Rivera vinculó sus propuestas con el legado de los integrantes de la Asamblea Constituyente y con los principios de integridad pública que, a su juicio, deben orientar la vida gubernamental.

Previo al acto, había descrito el 25 de julio como una fecha para celebrar tanto la creación del ELA como relación política como la Constitución que estableció el gobierno propio y la Carta de Derechos de Puerto Rico. 

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, defendió la Constitución como un documento que pertenece a todos los puertorriqueños, recordando que en su elaboración participaron líderes de distintas corrientes políticas. Durante la ceremonia fueron desplegadas las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos como parte de los actos protocolares. 

Hernández Rivera cerró su mensaje invocando la Constitución de 1952 y palabras de Luis Muñoz Marín sobre la responsabilidad de sembrar correctamente para las próximas generaciones. Después repitió tres veces la consigna que ha convertido en el eje de su nueva ofensiva política: “El pueblo contra la claque”.