El ELA no se defiende con miedo, silencio ni complejos

Hoy se conmemoran 74 años de la proclamación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No fue redactada a escondidas, impuesta por decreto ni aprobada en una reunión de comité. Fue el resultado de una Convención Constituyente, de la ratificación del pueblo y de un proceso político que culminó con su entrada en vigor el 25 de julio de 1952.

Ese cambio fue reconocido un año después por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que concluyó mediante la Resolución 748 que las disposiciones del capítulo XI de la Carta de la ONU sobre territorios no autónomos ya no eran aplicables a Puerto Rico y que Estados Unidos podía cesar el envío de información bajo ese capítulo. 

Sin embargo, mientras sus adversarios llevan décadas atacándolo con disciplina, muchos de quienes se proclaman defensores del ELA parecen haber solicitado una licencia sin sueldo.

Al Estado Libre Asociado lo atacan desde afuera, pero también lo han abandonado desde adentro.

Los estadistas llevan años anunciando su muerte, aunque necesitan continuar gobernando bajo sus instituciones, jurando defender su Constitución y administrando las agencias creadas por ese orden constitucional. Los independentistas insisten en presentarlo como si nunca hubiera significado nada, aunque buena parte de los derechos, espacios democráticos y mecanismos electorales que utilizan para combatirlo existen precisamente bajo ese sistema.

Unos dicen que el ELA murió. Otros aseguran que nunca nació.

Curiosamente, ambos llevan más de siete décadas peleando contra el supuesto cadáver.

La desinformación no es casual. Es una estrategia política.

Se repiten conceptos sin contexto, se recortan decisiones judiciales y se confunde deliberadamente el reconocimiento de determinados poderes del Congreso con la inexistencia de nuestro gobierno constitucional. Se pretende convencer al país de que Puerto Rico vive exactamente como vivía antes de 1952, como si la Constitución, la elección del gobernador, la Asamblea Legislativa, la Carta de Derechos y la administración de nuestros asuntos internos fueran simplemente parte de una escenografía.

Defender el ELA no requiere ponerse una venda ni convertir a Luis Muñoz Marín en una estampa religiosa. Tampoco exige negar las limitaciones de la relación, las decisiones judiciales adversas o la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal.

Las fórmulas políticas, como las instituciones, tienen que evolucionar con las necesidades de su pueblo.

Pero existe una enorme diferencia entre reconocer las limitaciones de una relación política y repetir obedientemente la propaganda de quienes necesitan destruirla para adelantar sus propios proyectos.

La "colonia" que todavía intentan fabricar

Entre las consignas más repetidas está la de llamar “colonia” al Estado Libre Asociado como si esa clasificación fuera una verdad jurídica indiscutible y universalmente reconocida.

Pero la propia conducta de quienes repiten esa acusación revela una contradicción difícil de ocultar: todos los años acuden a las Naciones Unidas para intentar que Puerto Rico vuelva a recibir el trato de un territorio colonial.

La pregunta es inevitable: si Puerto Rico ya estuviera oficialmente reconocido como colonia por la organización internacional que mantiene la lista de territorios no autónomos, ¿por qué llevan décadas intentando que se reabra el caso?

La ONU mantiene actualmente una lista de 17 territorios no autónomos. Allí aparecen Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses, los tres bajo la administración de Estados Unidos. Puerto Rico no aparece en la lista. 

Tampoco aparecen las Islas Marshall, aunque por una ruta jurídica distinta a la nuestra: su fideicomiso terminó y se convirtieron en una nación soberana en libre asociación con Estados Unidos. El punto no es alegar que ambos estatus sean iguales. El punto es que la ONU distingue entre diferentes arreglos políticos y no clasifica automáticamente como colonia a cada jurisdicción vinculada con Estados Unidos.

Ese dato incomoda a quienes aseguran que las Naciones Unidas están compradas, dominadas o amordazadas por Washington.

Si Estados Unidos controlara a su antojo la lista, ¿por qué permitiría que Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes permanecieran en ella? ¿Por qué aparecerían también territorios administrados por el Reino Unido, Francia y Nueva Zelanda?

No pueden presentar a la ONU como autoridad suprema cuando creen que les conviene y descartarla como una institución vendida cuando sus propios documentos contradicen la narrativa que han construido.

Lo que ocurre anualmente tampoco es una votación del pleno de la Asamblea General para incluir nuevamente a Puerto Rico en la lista. Es una audiencia ante el Comité Especial de Descolonización, conocido como el C-24, en la que comparecen peticionarios y se presenta una resolución que luego se anuncia como si la comunidad internacional hubiera emitido un nuevo veredicto sobre Puerto Rico.

En la sesión de 2026, el proyecto fue presentado por Cuba a nombre de Cuba, Nicaragua y Rusia. Irán intervino para respaldar el reclamo de independencia, mientras Nicaragua volvió a identificarse como copatrocinador. 

No es casualidad que entre sus principales promotores aparezcan gobiernos enfrentados geopolíticamente con Estados Unidos. Tampoco son precisamente ejemplos de pluralismo, alternancia democrática, libertad de prensa o respeto a la oposición.

Eso no invalida el derecho de un puertorriqueño a defender la independencia. Lo que sí invalida es la pretensión de vender esas resoluciones como expresiones neutrales y desinteresadas de la comunidad internacional.

La resolución se presenta, se aprueba en el comité, se celebra, se publica el comunicado y al año siguiente se repite el mismo ritual.

Mucho ruido, muchas consignas y ningún cambio en la clasificación oficial de Puerto Rico.

Decisiones judiciales convertidas en propaganda

La misma manipulación ocurre con las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Se toman controversias jurídicas específicas, se arrancan de su contexto y se presentan como certificados de defunción del Estado Libre Asociado.

El caso Puerto Rico v. Sánchez Valle es el mejor ejemplo.

La controversia no era un plebiscito sobre el ELA ni una determinación general sobre la totalidad de los poderes de Puerto Rico. La pregunta era si Puerto Rico y el gobierno federal podían procesar sucesivamente a una persona por la misma conducta criminal bajo la doctrina de doble soberanía.

El Supremo resolvió que, para los propósitos particulares de la protección constitucional contra la doble exposición, el poder punitivo de ambos gobiernos tenía una misma fuente histórica última: el Congreso. Por ello, no podían procesar dos veces a una persona por el mismo delito.

Esa decisión puede ser cuestionada en cuanto a su razonamiento histórico. Pero también tuvo una consecuencia concreta que suele omitirse: protegió al acusado frente a procesamientos sucesivos por una misma conducta. Lo que debería ser reconocido como una garantía importante de justicia penal fue convertido por algunos en otra oportunidad para anunciar que “el ELA murió”.

Más significativo todavía es lo que esas mismas personas nunca citan de la opinión.

El Tribunal describió a Puerto Rico como una nueva clase de entidad política, gobernada mediante una Constitución ratificada popularmente. Reconoció que el ELA posee un estatus “distintivo” y “excepcional” como comunidad política con gobierno propio y que los cambios constitucionales de 1952 concedieron a Puerto Rico un grado de autonomía comparable, en asuntos locales, al de los estados. 

Pero la propaganda no trabaja con opiniones completas. Necesita una oración recortada, una imagen para las redes sociales y un titular que provoque indignación.

Algo parecido ocurrió en United States v. Vaello Madero.

El caso surgió porque José Luis Vaello Madero recibía el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, conocido como SSI, mientras residía en Nueva York. Al mudarse a Puerto Rico dejó de ser elegible, aunque el gobierno continuó pagándole el beneficio y luego intentó recuperar más de $28,000.

El Supremo resolvió que la Constitución no obliga al Congreso a extender el SSI a los residentes de Puerto Rico en las mismas condiciones que a los residentes de los estados.

La exclusión puede y debe criticarse por su impacto sobre ciudadanos necesitados. Pero tampoco debe falsificarse lo que decidió el Tribunal.

No es correcto afirmar que los residentes de Puerto Rico no pagan impuestos federales. Generalmente pagan Seguro Social, Medicare y contribuciones federales por desempleo, entre otras obligaciones. La diferencia es que suelen estar exentos de la contribución federal sobre ingresos generados en Puerto Rico y de gran parte de las contribuciones federales sobre donaciones, sucesiones y ciertos arbitrios. El Supremo determinó que ese régimen contributivo distinto constituía una base racional para que el Congreso también estableciera diferencias en determinados programas de beneficios. 

Es decir, el trato diferenciado puede operar negativamente, como ocurrió con el SSI, pero también puede preservar facultades favorables para Puerto Rico.

Ahí se encuentra una de las características más importantes —y menos defendidas— del ELA: la autonomía fiscal. Puerto Rico conserva un espacio contributivo propio que le permite diseñar tasas, créditos, exenciones e incentivos distintos a los existentes en los estados.

La Ley 60, con todas las críticas legítimas que puedan formularse sobre su diseño, fiscalización o aplicación, existe dentro de ese espacio de política contributiva local. 

Resulta contradictorio denunciar toda diferencia como una humillación colonial cuando perjudica, pero aprovechar o defender el sistema contributivo propio cuando produce una ventaja.

Lo responsable es combatir las exclusiones injustas sin renunciar a las facultades que benefician a Puerto Rico. Reclamar igualdad en determinados programas no exige destruir nuestro sistema fiscal ni convertirnos automáticamente en una jurisdicción obligada a pagar todas las contribuciones federales aplicables en los estados.

El reto no consiste en escoger entre recibirlo todo y perderlo todo. Consiste en desarrollar una relación que preserve nuestra autonomía y corrija los tratos perjudiciales.

Pero para defender esa posición hacen falta conocimiento y valentía.

Y durante demasiado tiempo, a los llamados "defensores del ELA" les han faltado ambas.

Washington también cambió

Los defensores del Estado Libre Asociado también tienen que reconocer que el escenario político estadounidense ya no es el mismo.

Durante décadas, el Partido Demócrata utilizó un lenguaje cauteloso sobre Puerto Rico. Hablaba de autodeterminación, de respeto a la voluntad del pueblo y de alternativas compatibles con la Constitución y las leyes estadounidenses. La plataforma demócrata de 2016 todavía insistía en que el pueblo debía determinar su estatus final y reclamaba respeto hacia el gobierno propio de Puerto Rico. 

Hoy existen dos corrientes que dejan cada vez menos espacio al estadolibrismo.

En el ala progresista han ganado terreno quienes prefieren enmarcar la discusión exclusivamente como un proceso de “descolonización” y se inclinan por alternativas de soberanía separada, como la independencia o la libre asociación.

Mientras tanto, el liderato institucional demócrata ha respaldado proyectos que pretenden eliminar el ELA vigente de la papeleta. La plataforma nacional demócrata de 2024 apoyó expresamente el Puerto Rico Status Act, cuya versión principal limitaba las opciones a estadidad, independencia y soberanía en libre asociación. 

En un extremo nos quieren separar de Estados Unidos. En el otro, disolvernos dentro de la Unión.

En ninguno de los dos parecen demasiado interesados en escuchar a quienes defendemos una unión permanente con Estados Unidos, la ciudadanía americana, nuestra identidad puertorriqueña y un gobierno propio fortalecido.

Para agravar el problema, aquí en Puerto Rico los populares permitimos que los estadistas nos arrebataran hasta el control institucional del Partido Demócrata local.

Mientras el PPD se distraía en sus luchas internas y abandonaba la educación política, la estructura demócrata de Puerto Rico aprobó resoluciones para promover abiertamente la estadidad ante el Congreso y otros foros. Incluso llegó a endosar candidatos por su compromiso con esa fórmula. 

No fue que los estadistas nos sorprendieron.

Fue que nosotros dejamos la puerta abierta, apagamos las luces y les entregamos las llaves.

El caso republicano es todavía más interesante.

Durante décadas, la plataforma nacional del Partido Republicano incluyó un lenguaje explícito de apoyo a la estadidad para Puerto Rico, condicionado en algunas épocas a que fuera la voluntad del pueblo. En 2016, el documento reclamaba que el Congreso aprobara una ley habilitadora para encaminar la admisión de Puerto Rico como estado. 

Eso cambió con el dominio político del movimiento MAGA de Donald Trump.

La plataforma republicana de 2024 eliminó el respaldo específico a la estadidad y se limitó a reconocer la importancia estratégica de los territorios y a favorecer una mayor participación de sus residentes en el proceso político. 

Las expresiones de Trump han sido todavía más claras.

En julio de 2026 volvió a advertir que los demócratas, si eliminaban el filibusterismo legislativo, convertirían a Puerto Rico y Washington D. C. en estados para obtener cuatro senadores adicionales, más representantes y votos electorales. 

Esa oposición nace principalmente de un cálculo partidista. No significa que Trump o el movimiento MAGA se hayan convertido en defensores del Estado Libre Asociado.

No debemos confundir la oposición republicana a la estadidad con un endoso automático al ELA.

Pero sí significa que el tablero político cambió.

Y cuando cambia el tablero, un movimiento serio no continúa jugando con la estrategia de hace treinta años.

Por eso he levantado mi voz como popular, estadolibrista y republicano.

Quienes creemos en el ELA no podemos continuar limitando nuestra presencia en Estados Unidos a un Partido Demócrata que ya no nos trata con el mismo interés, cercanía o respeto de otras épocas.

Tenemos que estar activos en el otro lado.

Tenemos que hablar con gobernadores, congresistas, senadores, organizaciones conservadoras, centros de pensamiento y dirigentes republicanos. Tenemos que explicar que Puerto Rico no es simplemente una reserva automática de votos demócratas y que el ELA puede armonizar con principios de autonomía local, identidad cultural, libre empresa, responsabilidad fiscal y unión permanente con Estados Unidos.

La política no se trata de esperar cariño. Se trata de construir intereses comunes, desarrollar alianzas y defender posiciones.

Si los demócratas ya no nos escuchan como antes y los republicanos dejaron de considerar la estadidad como un compromiso inalterable, entonces existe un terreno político que el estadolibrismo tiene la obligación de trabajar.

No hacerlo sería otra renuncia histórica.

El abandono interno

El problema es que, mientras los adversarios del ELA estudiaron cómo atacarlo, demasiados populares dejaron de estudiar cómo defenderlo.

Durante años, el Partido Popular Democrático redujo la educación política de su base. Se hablaba del ELA en los aniversarios, en alguna asamblea y cuando se acercaban las elecciones. Después se guardaban los discursos, las banderas y los documentos hasta el próximo 25 de julio.

Así no se defiende una obra política.

No basta con cantar el himno, tomarse una fotografía frente a la bandera, hacer un arte bonita en ChatGPT y repetir que “el ELA está vivo”. Hay que explicar qué es, cómo surgió, qué derechos consolidó, cuáles son sus limitaciones y cómo puede desarrollarse.

Hay que preparar portavoces, formar a los jóvenes, regresar a las comunidades y presentar argumentos capaces de sostenerse fuera de los salones de reunión del partido.

Porque el vacío que deja la falta de educación política siempre termina ocupado por la propaganda del adversario.

También está el miedo.

Algunos de los llamados a defender el ELA parecen aterrorizados ante la posibilidad de que un troll los insulte en las redes sociales. Temen que les digan colonialistas, anticuados o conformistas. Prefieren hablar de administración, economía, seguridad y cualquier otro asunto antes que defender claramente la fórmula política que dicen representar.

Actúan como si el algoritmo de una red social fuera más poderoso que sus convicciones.

Mientras tanto, perfiles anónimos, comentaristas con información a medias y militantes de otras ideologías publican falsedades todos los días. Una mentira repetida miles de veces comienza a parecer cierta cuando quienes conocen la verdad deciden guardar silencio.

No se puede sostener un partido con miedo a los comentarios de Facebook.

Tampoco puede defenderse el ELA desde la vergüenza. Quien crea en esta fórmula tiene que hacerlo con seguridad, reconociendo sus aciertos, enfrentando sus limitaciones y proponiendo su evolución.

No debemos pedir permiso para defender la ciudadanía estadounidense, la identidad puertorriqueña, la autonomía fiscal, nuestro gobierno constitucional, la representación deportiva y una relación permanente con Estados Unidos.

Esas aspiraciones no son contradictorias.

Son parte de la realidad histórica, política y cultural de millones de puertorriqueños.

La defensa del ELA tampoco puede limitarse a reaccionar. No basta con contestar cada ataque de los estadistas o cada consigna de los independentistas.

El estadolibrismo necesita una propuesta propia, moderna y afirmativa.

Necesita dejar de definirse únicamente por aquello que rechaza y comenzar a explicar con claridad lo que quiere construir.

El Partido Popular tiene que decidir si continuará administrando la herencia del ELA como quien cuida un museo o si volverá a convertirse en el instrumento político para desarrollarlo.

Porque los defensores que no estudian, no enseñan, no organizan y no defienden terminan siendo simples veladores de un edificio abandonado.

Hoy debe celebrarse la Constitución. Pero también debe aprovecharse la fecha para hacer un examen de conciencia.

El ELA ha soportado decisiones judiciales adversas, campañas millonarias, plebiscitos diseñados para excluirlo y décadas de propaganda. Lo que no puede continuar soportando es la cobardía de quienes tienen la responsabilidad histórica de defenderlo.

La Constitución no necesita homenajes vacíos. Necesita ciudadanos que la conozcan.

El ELA no necesita defensores de renombre. Necesita defensores con argumentos, carácter, presencia en Washington y voluntad de dar la batalla dondequiera que sea necesario.

Porque una idea política no desaparece cuando sus adversarios la atacan.

Desaparece cuando quienes dicen creer en ella dejan de defenderla por cobardía.

Juan Luis Camacho es empresario, comunicador, analista político y exsecretario general del Partido Popular Democrático. Ha trabajado en medios, gobierno y estrategia pública, con experiencia en comunicaciones, mercadeo, asesoría legislativa y asuntos públicos. Escribe sobre política, gobierno y temas de actualidad con un enfoque crítico, directo y orientado al interés público.