EDITORIAL: El ELA y la Constitución, la falacia del pacto

Cada 25 de julio, mientras unos celebran la promulgación de la Constitución de 1952 y otros conmemoran la invasión de 1898, se repite un mito que ha moldeado tres cuartos de siglo de política puertorriqueña. La idea de que el Estado Libre Asociado nació de un pacto bilateral entre dos pueblos soberanos, un convenio que solo puede alterarse por mutuo consentimiento. Es una historia reconfortante. También es jurídicamente falsa, y ya no hace falta que lo diga un anexionista, porque lo dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En 2016, en Pueblo v. Sánchez Valle, el más alto foro judicial de la nación resolvió, por voz de la jueza Elena Kagan, que Puerto Rico no posee soberanía propia. La fuente última de su poder para procesar delitos, y por extensión de toda su autoridad de gobierno, no reside en el consentimiento de su pueblo, sino en el Congreso de Estados Unidos. La opinión fue meridiana en un punto que incomoda a los arquitectos del ELA. Ni con la Ley 600 ni con la Constitución de 1952 adquirió la isla una soberanía primigenia o cedida. Lo que hubo fue una delegación de poderes, y lo que se delega se puede recoger. El propio Tribunal Supremo de Puerto Rico lo había admitido meses antes al revocar su jurisprudencia anterior.

Quienes defienden la teoría del pacto se aferran a la Resolución 748 de la Asamblea General de la ONU, que en 1953 sacó a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos precisamente porque se aceptó que la constitución de 1952 había generado un convenio. Pero esa lectura choca con el texto que el propio Congreso aprobó. Cuando ratificó la Constitución de Puerto Rico, lo hizo condicionándola, enmendándola y dejando consignado que la relación seguiría gobernada por la autoridad federal. Un pacto entre iguales no se aprueba con enmiendas impuestas por una de las partes. Eso no es un contrato entre soberanos. Es la autorización de un superior a un subordinado.

LO QUE WASHINGTON HA DICHO, UNA Y OTRA VEZ

El de 2016 no fue un pronunciamiento aislado. En 2007, un grupo de trabajo de la Casa Blanca concluyó que Puerto Rico permanece sujeto a la autoridad del Congreso bajo la Cláusula Territorial, la misma disposición constitucional que rige la propiedad y los territorios de la nación. Administración tras administración, tribunal tras tribunal, la respuesta ha sido idéntica. La isla pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte de Estados Unidos, la fórmula que los Casos Insulares acuñaron hace más de un siglo para justificar un limbo que ninguna democracia debería tolerar. El ELA no derogó esa condición colonial. La disfrazó con nombre nuevo.

Sostener a estas alturas que existe un pacto inalterable es negar la evidencia acumulada por el propio gobierno federal. Y esa negación tiene un costo altísimo, porque mantiene a más de tres millones de ciudadanos americanos sin representación con voto en el Congreso que decide su destino, sin voto para elegir al presidente que puede enviarlos a la guerra, y sujetos a una Junta de Supervisión Fiscal no electa que ejerce, sin disimulo, exactamente el poder territorial que la teoría del pacto insiste en que ya no existe. La imposición de esa Junta en 2016, semanas después de Sánchez Valle, fue la demostración más brutal de la falacia. Si hubiera un pacto, no habría habido Junta.

LA HONESTIDAD COMO PUNTO DE PARTIDA

Reconocer que el pacto es una ficción no es un acto de derrotismo. Es el requisito para cualquier solución seria. Mientras la clase política siga administrando el mito, alimentando la ilusión de una soberanía que los tribunales niegan y el Congreso desmiente, Puerto Rico seguirá atrapado en la contradicción de creerse libremente asociado mientras vive territorialmente subordinado. La dignidad de un pueblo no se construye sobre una mentira jurídica, por reconfortante que sea. Se construye sobre la verdad, y la verdad es que solo hay dos condiciones que resuelven de raíz el problema del poder ausente, la estadidad o la independencia. Ambas son honestas. El pacto no lo es.

Setenta y cuatro años después, el mejor homenaje a aquella Constitución no es repetir la fábula que la envuelve, sino tener el coraje de admitir lo que nunca fue, para poder decidir por fin lo que queremos ser.