Pablo José llevará al Congreso agenda sobre agua y energía

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, anunció una agenda de cinco puntos dirigida a atender desde el ámbito federal los problemas de agua y energía en Puerto Rico, que incluye ampliar la declaración de desastre por sequía a más municipios y promover una investigación congresional sobre el contrato de generación temporera otorgado a Power Expectations.

Hernández Rivera presentó las prioridades al regresar a Washington tras el receso de agosto de la Cámara de Representantes y un mes durante el cual realizó distintas gestiones relacionadas con la crisis de agua que afecta a Puerto Rico.

"Regreso a Washington con una agenda clara: voy a priorizar lo básico, agua y energía," dijo Hernández Rivera. "Antes de hablar de desarrollo económico, de atraer inversión o de decir que Puerto Rico está abierto para hacer negocios, tenemos que priorizar lo básico."

El comisionado residente también descartó la desalinización como una alternativa que pueda remediar a corto plazo los problemas de abasto de agua en la isla. Su agenda se concentra, en cambio, en atender las deficiencias de la infraestructura existente, fiscalizar el uso de fondos federales y acelerar proyectos dirigidos a mejorar la confiabilidad del sistema.

Entre las gestiones anunciadas figura solicitar una investigación formal del Congreso sobre el contrato de Power Expectations para generación temporera, además de reclamar respuestas del liderato energético federal y del presidente de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) en torno a la controversia.

En materia de agua, Hernández Rivera dará seguimiento en el Senado federal al Water Resources Development Act (WRDA), legislación que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y que, según indicó, incluye 11 prioridades para Puerto Rico y hasta $75 millones para proyectos relacionados con los recursos de agua.

También continuará dando seguimiento a una investigación solicitada a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno federal (GAO) sobre el manejo de miles de millones de dólares asignados a los sistemas de agua de Puerto Rico y las razones por las que persisten problemas con la confiabilidad del servicio.

Otra de sus prioridades será continuar reclamando una Declaración Presidencial de Desastre Mayor y procurar que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) amplíe a otros municipios la declaración federal de desastre por sequía aprobada el pasado 26 de agosto para 26 municipios.

Durante agosto, Hernández Rivera realizó varias gestiones relacionadas con la crisis. El 7 de agosto presentó cinco acciones federales y solicitó que la gobernadora Jenniffer González Colón gestionara una declaración presidencial de desastre. Cuatro días después se unió a congresistas para solicitar al GAO una investigación sobre el manejo de unos $9,000 millones en fondos federales destinados al sistema de agua.

El 13 de agosto encabezó una carta junto a 25 miembros del Congreso para reclamar la solicitud de una Declaración de Desastre Mayor, mientras que el 17 de agosto requirió información a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sobre las pérdidas de agua en el sistema, los retrasos en proyectos de infraestructura y el uso de fondos federales.

La oficina del comisionado ha señalado que cerca del 60% del agua producida por la AAA no llega a ser facturada, situación que Hernández Rivera ha colocado entre los asuntos que entiende deben atenderse antes de considerar otras alternativas para aumentar el abasto.

El 21 de agosto, además, encabezó junto a otros nueve miembros del Congreso una gestión ante el USDA para solicitar una declaración de desastre por sequía. Cinco días después, la agencia federal aprobó la designación para 26 municipios, lo que permite a agricultores elegibles acceder a mecanismos de asistencia federal.

Hernández Rivera estuvo acompañado durante el anuncio por los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado y la Cámara de Representantes, Luis Javier Hernández Ortiz y Héctor Ferrer Santiago, respectivamente, así como por las alcaldesas de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán, y Loíza, Julia Nazario Fuentes, y el alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro.

Los funcionarios municipales respaldaron el reclamo para ampliar la declaración de sequía a otros pueblos y plantearon que las deficiencias en los servicios de agua y energía han tenido repercusiones sobre las comunidades, los comercios y otras actividades económicas.

Los portavoces legislativos del PPD, por su parte, cuestionaron el manejo del gobierno de los problemas de generación eléctrica y abasto de agua y reclamaron mayor fiscalización sobre los contratos y el uso de los recursos disponibles para atender ambas infraestructuras.