Parés cierra la puerta a suspender la segunda crudita

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés Otero, aseguró este lunes que el Gobierno de Puerto Rico no cuenta actualmente con los fondos necesarios para suspender la llamada segunda crudita, al advertir que esa decisión tendría un impacto directo sobre el presupuesto y los servicios esenciales.

Las expresiones del legislador surgen en momentos en que el precio de la gasolina vuelve a colocarse en el centro del debate público, en medio de la volatilidad del mercado petrolero internacional y de reclamos para aliviar el costo que pagan los consumidores en la bomba.

Parés sostuvo que los recaudos generados por el arbitrio sobre la gasolina y el diésel representan una fuente significativa de ingresos para el Gobierno, por lo que cualquier suspensión tendría que venir acompañada de una fuente de repago clara y recurrente.

“Esta Cámara de Representantes, liderada por nuestro presidente, Carlos ‘Johnny’ Méndez, no aprobará nada que no tenga fuentes de sustitución que no sea imponer a la gente más carga”, expresó Parés en declaraciones escritas.

Según el representante novoprogresista, suspender la segunda crudita costaría aproximadamente $217.4 millones durante el año fiscal 2027, que comienza el próximo 1 de julio. A su juicio, eliminar ese ingreso sin identificar una fuente alterna obligaría al Gobierno a recortar servicios o buscar nuevos ingresos mediante otras cargas contributivas.

Parés también rechazó los cálculos atribuidos al liderato del Partido Popular Democrático, que ha planteado la posibilidad de suspender temporalmente el arbitrio por 45 días. Según el legislador, esa propuesta no costaría $19.1 millones, como se ha alegado, sino una cantidad cercana a los $30 millones.

“Tenemos que actuar con responsabilidad o la Junta nunca se marchará de Puerto Rico. Quizás eso sea lo que busca hacer el liderato del PPD, perpetuar la Junta, con propuestas irreales”, añadió.

Debate entre alivio al bolsillo y responsabilidad fiscal

La llamada segunda crudita fue impuesta mediante la Ley 1-2015 y ha sido objeto de múltiples controversias políticas por su efecto sobre el precio de los combustibles. Sus defensores señalan que sus recaudos están atados a compromisos fiscales y presupuestarios del Gobierno, mientras sus críticos argumentan que representa una carga adicional para los consumidores, especialmente en periodos de aumentos en la gasolina.

El debate cobra mayor fuerza cuando el precio del petróleo sube por factores internacionales. Sin embargo, Parés planteó que Puerto Rico no puede tomar decisiones fiscales basadas únicamente en fluctuaciones momentáneas del mercado.

El representante indicó que gran parte de la gasolina que se consume en la isla proviene del West Texas Intermediate, producido en estados como Texas y Oklahoma, aunque reconoció que el mercado de hidrocarburos es altamente especulativo y se ve afectado por conflictos internacionales, incluyendo eventos militares en el Medio Oriente.

Según sus expresiones, el consumo promedio mensual de gasolina en Puerto Rico ronda los 70 millones de galones, lo que explica el peso fiscal que tiene cualquier cambio al arbitrio.

Antecedente de la moratoria de 2022

Puerto Rico ya experimentó una suspensión temporera de la crudita en 2022, cuando se aprobó una moratoria de 45 días sobre el impuesto a la gasolina y al diésel. En aquel momento, la medida fue financiada mediante un dividendo extraordinario de $50 millones de la Asociación de Suscripción Conjunta, acompañado de una contribución especial de 50%, que permitió transferir $25 millones al Fondo General.

Ese precedente ha vuelto a ser citado por sectores que reclaman un alivio similar ante los altos costos del combustible. Sin embargo, Parés argumentó que las circunstancias fiscales actuales no permiten repetir la fórmula sin identificar primero los recursos necesarios.

El legislador insistió en que la Cámara no respaldará una suspensión del arbitrio si la medida no garantiza neutralidad fiscal y si el costo termina comprometiendo servicios públicos.

La discusión coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta recurrente en la política pública puertorriqueña: cómo ofrecer alivio inmediato al consumidor sin abrir un nuevo boquete en las finanzas del Gobierno.