Juez da 24 horas a delegación PPD para salvar demanda contra Justicia

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan le concedió este lunes un término final de 24 horas al senador Luis Javier Hernández Ortiz para que explique por qué no debe ser desestimada la demanda presentada contra el Departamento de Justicia, relacionada con el acceso a información sobre casos cerrados en la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor.

La orden fue emitida el 1 de junio de 2026 por el juez Anthony Cuevas Ramos, dentro del caso SJ2026CV04414, en el que figura Hernández Ortiz como parte demandante y Lourdes Lynnette Gómez Torres como parte demandada. El recurso judicial fue presentado como una petición de orden. 

En la determinación, el tribunal no entró en los méritos del reclamo de información pública. En cambio, le dio a la parte peticionaria un término de 24 horas para mostrar causa por la cual no debe dictarse sentencia desestimando el caso por falta de legitimación activa.

La legitimación activa es el requisito legal que obliga a una parte demandante a demostrar que tiene capacidad jurídica, interés real y base suficiente para acudir al tribunal en busca de un remedio. En términos prácticos, el juez está pidiendo que el senador justifique por qué él, como parte peticionaria, puede llevar ese reclamo judicial.

La orden también advierte que, si transcurre el término sin que la parte peticionaria actúe, el tribunal procederá a dictar sentencia conforme a lo advertido, lo que podría cerrar el caso sin que se atienda el fondo de la controversia.

La demanda había sido presentada por la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado luego de que, según informó su portavoz, Justicia no entregara información relacionada con investigaciones archivadas o cerradas por las autoridades. El reclamo legislativo se ampara en el acceso a información pública y en la facultad fiscalizadora de los senadores.

Sin embargo, la orden del juez coloca la controversia en una etapa procesal crítica. Antes de discutir si Justicia debe o no entregar los documentos solicitados, el tribunal quiere resolver si el demandante tiene legitimación suficiente para exigirlos mediante este recurso judicial.

El caso también abre una discusión delicada sobre los límites entre fiscalización legislativa, transparencia gubernamental y protección de información sensitiva. Parte de la información solicitada podría involucrar nombres o datos de personas que fueron investigadas por el gobierno, pero contra quienes nunca se radicaron cargos criminales.

Ese ángulo plantea una interrogante de alto interés público: hasta dónde puede llegar el acceso legislativo a expedientes o listas de investigaciones cerradas sin provocar daños reputacionales a ciudadanos que no enfrentaron acusaciones formales.