Walz avaló indulto a agresor sexual para evitar deportación

El proceso utilizado por Minnesota para indultar a un inmigrante condenado por agredir sexualmente de forma reiterada a una niña de 10 años tomó en consideración que el hombre enfrentaba una posible deportación, según documentos divulgados sobre la evaluación del caso.

Tou Lue Vang, ciudadano de Laos de 42 años, recibió el indulto el 10 de junio mediante una decisión unánime de la Junta de Indultos de Minnesota, integrada por el gobernador demócrata Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison y la presidenta del Tribunal Supremo estatal, Natalie Hudson. 

El caso provocó un enfrentamiento entre las autoridades estatales y la administración del presidente Donald Trump, que finalmente revocó el estatus migratorio que Vang mantenía y lo deportó a Laos.

Comisión tomó en cuenta la situación migratoria

La Comisión de Revisión de Clemencia recomendó el indulto mediante una votación de cuatro a dos. Documentos obtenidos por Fox News y reseñados por Daily Caller indican que algunos integrantes citaron expresamente los “problemas migratorios” de Vang y la posibilidad de que sus seis hijos crecieran sin su padre. 

Uno de los comisionados reconoció la “extraordinaria gravedad” del delito, pero concluyó que las expresiones de arrepentimiento y la aceptación de responsabilidad justificaban concederle clemencia. También señaló que Vang enfrentaba la deportación.

En su solicitud, Vang argumentó que sus hijos podrían crecer sin una figura paterna, como le ocurrió durante su infancia, y sostuvo que sería enviado a un país que desconocía, sin familiares, vivienda ni perspectivas de futuro. 

Durante la audiencia, Walz defendió la decisión y afirmó que no encontraba razones para concluir que Minnesota estaría más seguro o mejor si Vang era deportado. Sin embargo, el indulto no fue una decisión exclusiva del gobernador, sino de los tres integrantes de la Junta de Indultos. 

Condena por agresión sexual contra una menor

Vang fue condenado en 2006 por conducta sexual criminal en primer grado tras admitir que agredió sexualmente de manera reiterada a una niña de 10 años. Había comenzado los abusos en 2002, cuando tenía 18 años, y posteriormente se declaró culpable mediante un acuerdo que evitó que cumpliera una sentencia de prisión. 

Al ser investigado inicialmente, intentó atribuir su conducta a supuestas diferencias culturales. No obstante, durante la audiencia de indulto rechazó ese argumento, reconoció que había mentido y declaró que ninguna cultura justificaba lo que había hecho. 

La fiscal auxiliar Tami McConkey, de la Fiscalía del Condado de Ramsey, se opuso a la clemencia. Según su evaluación, la solicitud de Vang se concentraba en el impacto que la condena tenía sobre él y sus hijos, pero no demostraba suficiente reflexión sobre el daño ocasionado a la víctima. 

Víctima apoyó el indulto

La Junta de Indultos también consideró una carta de la víctima en la que aseguró que había perdonado a Vang, que entendía que había cambiado y que deseaba que su familia permaneciera unida.

La oficina de Ellison sostuvo que ese respaldo fue determinante y que el caso atravesó un proceso extenso que incluyó la recomendación de la Comisión de Revisión de Clemencia y múltiples cartas comunitarias. 

El perdón estatal eliminó la condena que servía como fundamento principal para el proceso migratorio, pero no obligaba al Gobierno federal a restaurarle la residencia ni impedía que las autoridades utilizaran otras facultades para expulsarlo del país. 

Rubio interviene y ordenan su expulsión

Vang había llegado legalmente a Estados Unidos en 1994, cuando era menor de edad. Su estatus fue revocado después de la condena y recibió una orden final de deportación en 2006, pero permaneció en el país durante casi dos décadas debido a que Laos no aceptaba regularmente el regreso de sus ciudadanos deportados. 

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente que había revocado el estatus legal que Vang mantenía después del indulto. Agentes federales volvieron a detenerlo y el Departamento de Seguridad Nacional confirmó su deportación a Laos el 10 de julio. 

“Debido a nuestra acción, este criminal extranjero nunca volverá a representar una amenaza para ningún estadounidense”, manifestó Rubio al anunciar la expulsión. 

La administración Trump acusó a Walz y a otros funcionarios demócratas de utilizar el poder de clemencia para interferir con la aplicación de las leyes migratorias. La oficina de Ellison rechazó esa caracterización y sostuvo que el indulto no garantizaba que Vang pudiera permanecer en Estados Unidos, algo que finalmente quedó demostrado con su deportación.