Ser empresario, ¿ser criminal? - Opinión

En Puerto Rico, el debate laboral suele sustituir los datos por consignas populistas que

presentan al patrono como una figura poderosa, millonaria y con recursos ilimitados. La

realidad es muy distinta.

Según el Perfil de Pequeños Negocios de Puerto Rico publicado en 2025 por la Oficina del

Negociado de la Administración Federal de Pequeños Negocios, el 88.6 % de los patronos

tiene menos de veinte empleados. Además, las empresas con menos de quinientos

empleados representan el 98.4 % de todos los patronos y sostienen más de 407,000

empleos.

Nuestro sector privado está compuesto, en gran medida, por pequeños negocios que

operan con márgenes muy estrechos. A pesar de esa realidad, continuamente se proponen

nuevas licencias, beneficios y obligaciones que deben ser sufragadas por los patronos.

Muchas responden a necesidades legítimas. Sin embargo, que una necesidad sea legítima

no significa que deba convertirse automáticamente en una obligación económica impuesta

a otra persona.

Todo beneficio tiene un costo. Cuando el Gobierno aprueba una medida sin estudiar

seriamente su impacto, concede el beneficio, recibe el aplauso y le entrega la factura al

pequeño empresario.

Proteger los derechos de los trabajadores es indispensable. Pero proteger al trabajador no

exige ignorar la capacidad económica del patrono ni presumir que todo negocio puede

absorber indefinidamente nuevos costos. El problema no son los derechos laborales. El

problema es legislar sin equilibrio ni proporcionalidad, ignorando la realidad y la fragilidad

de nuestro sector privado.

Para agravar la situación, sometemos a los empresarios a un verdadero espagueti de leyes

laborales, permisos, reglamentos, órdenes administrativas, licencias, términos, informes,

penalidades y procedimientos gubernamentales que parecen no terminar. Una gran

empresa puede distribuir esas responsabilidades entre abogados, contadores y

profesionales de recursos humanos. El pequeño comerciante, en cambio, no cuenta con

esos recursos, y una equivocación administrativa puede representarle miles de dólares, una

reclamación judicial o incluso el cierre de sus operaciones.

Pero el problema no se limita al costo de las leyes. Puerto Rico necesita también un cambio

de mentalidad en la formulación, interpretación y aplicación de su política laboral. La

función protectora de la legislación laboral es legítima y necesaria. Sin embargo, esa

protección no puede convertirse en una presunción automática de que el trabajador

siempre tiene la razón o de que el patrono necesariamente actuó incorrectamente. Protegera una parte no debe significar desproteger a la otra. La interpretación protectora de una ley

no puede sustituir la evaluación imparcial de los hechos ni predeterminar el resultado de

una reclamación.

Un empleado no debe perder una controversia por ser empleado, pero el patrono tampoco

debe perderla por ser patrono. La justicia no puede depender de cuál de las partes genera

mayor simpatía pública, sino del derecho aplicable, la justicia, la razón y de la prueba

presentada.

Esa es la verdadera criminalización del empresario. Esto no ocurre mediante una acusación

penal, sino a través de una mentalidad y un sistema que lo presenta siempre como el

abusador, el explotador o el culpable antes de examinar los hechos; siendo ese monstruo

del cual hay que proteger al trabajador.

Defender al empresario no significa estar en contra del trabajador. Ambos forman parte del

mismo ecosistema económico. Sin trabajadores, una empresa difícilmente puede crecer y

operar; pero sin empresas tampoco existen empleos, salarios ni oportunidades de

desarrollo económico.

Puerto Rico necesita un sistema laboral más sencillo, flexible, proporcional y justo. Toda

nueva obligación debe estar acompañada de un análisis serio de su impacto sobre las

microempresas y los negocios pequeños. De igual forma, las controversias laborales deben

resolverse sin presumir que una de las partes tiene la razón por su condición de empleado

o patrono.

Ser empresario implica invertir y arriesgar capital, comprometer crédito y cumplir con la

nómina de sus empleados, quienes muchas veces cobran antes que el propio empresario.

Lo que no debe implicar es ser tratado por el sistema como un abusador, un infractor de la

ley o un criminal por el simple hecho de abrir un negocio y contratar trabajadores en Puerto

Rico.

Si nuestro sistema continúa castigando a quien se atreve a invertir, tendremos que

hacernos una pregunta inevitable: ¿vale la pena tener un negocio en Puerto Rico?

Carlos J. Rivera Santiago es abogado, y fue secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.