El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó este miércoles a las declaraciones ofrecidas por el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien ayer pidió prudencia administrativa en el manejo del presupuesto del gobierno durante el proceso de transición hacia la nueva administración de Jenniffer González.
Pierluisi aseguró que su administración cumple con lo que establece la ley que prohíbe comprometer más del 50% del presupuesto operacional durante el año fiscal en curso de un año electoral.
"En cuanto a subastas o procesos competitivos, lo que ya comenzó, se terminará", puntualizó en una publicación en sus redes sociales.
Sin embargo, el gobernador destacó que esta restricción no aplica a fondos federales, ingresos de corporaciones públicas ni dinero destinado a mejoras permanentes.
"Los Secretarios y Directores de agencias serán responsables directamente por cualquier violación de esta disposición, la cual constituirá delito menos grave (misdemeanor) y conllevará una penalidad que no exceda de seis (6) meses de reclusión o multa de quinientos dólares ($500) o ambas penas a discreción del tribunal", advierte la ley a los jefes de agencia que la incumplan.
Rivera Cruz, quien desde hoy preside el Comité de Transición, había solicitado el martes en una conferencia de prensa que la administración de Pierluisi se abstuviera de comprometer más del 50% del presupuesto y que detuviera las subastas públicas hasta que culminara el año. Según explicó el alcalde, estas medidas permitirían a la gobernadora electa Jenniffer González contar con mayor flexibilidad presupuestaria para iniciar sus proyectos en el nuevo ciclo fiscal.
¿Qué ley dice esto?
En Puerto Rico existe una disposición legal que limita al gobierno estatal a comprometer más del 50% de su presupuesto general durante años electorales. Esta restricción se encuentra en la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto".
En específico, el Artículo 8 de esta pieza legal establece que, desde el 1 de julio del año en que se celebran elecciones generales hasta la toma de posesión de los nuevos funcionarios electos, es ilegal que las agencias gubernamentales incurran en gastos u obligaciones que excedan el 50% de la asignación presupuestaria de cada partida.
Esta medida busca garantizar una transición ordenada y evitar que la administración saliente comprometa recursos que podrían limitar la capacidad operativa de la administración entrante.
Es importante destacar que esta limitación excluye a la Rama Judicial, la Rama Legislativa, las asignaciones para pareo de fondos federales que requieran anticipo, los programas de mejoras permanentes, el pago de la deuda pública, las asignaciones a la Universidad de Puerto Rico y las asignaciones con fines legales específicos que no constituyen gastos corrientes de funcionamiento.
La solicitud de Ramón Luis Rivera se enmarca en la incertidumbre política que suele caracterizar los periodos de transición gubernamental en Puerto Rico. Con Jenniffer González lista para asumir el cargo de gobernadora el 2 de enero de 2025, los llamados a la prudencia administrativa para evitar complicaciones futuras se han intensificado en diferentes medios de comunicación tras el pedido del presidente del Comité de Transición.
El cruce de declaraciones entre dos de las principales figuras del PNP también refleja tensiones internas en el partido, particularmente ante los retos que supone un cambio de liderazgo tras la contienda electoral. Queda por verse cómo el gobierno de Pierluisi manejará las críticas y si tomará medidas adicionales para garantizar un proceso de transición que satisfaga las expectativas de la gobernadora electa y los líderes del partido.