PPD cuestiona aumento millonario en puestos de confianza en Familia, en medio de pesquisa contra Suzanne Roig

El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, compareció ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico como parte de la investigación relacionada a alegaciones de perjurio contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, mientras horas antes cuestionó el aumento de aproximadamente $1 millón destinado a puestos de confianza dentro de la agencia.

Durante una conferencia de prensa en el Capitolio, Hernández Ortiz indicó que fue citado por la fiscal que atiende la pesquisa y aseguró que colaborará con el proceso investigativo.

“Hoy yo voy a comparecer al Departamento de Justicia, citado amistosamente, no bajo apercibimiento de desacato, por la fiscal que está atendiendo el caso de perjurio en contra de la secretaria”, expresó el senador.

El legislador sostuvo además que la investigación “sin duda alguna va a conllevar al despido o la destitución de esta funcionaria”.

La controversia ocurre mientras el presupuesto recomendado por la gobernadora Jenniffer González Colón aumenta las partidas para empleados de confianza en Familia, pese a las controversias que enfrenta la agencia y a cuestionamientos sobre transparencia y manejo administrativo.

“Se asigna un millón de dólares más para puestos de confianza. Así es como el PNP premia a Roig”, sostuvo Hernández Ortiz durante la conferencia.

Según explicó el portavoz popular, la delegación senatorial solicitó información detallada sobre la plantilla de empleados de confianza en Familia, incluyendo nombres, puestos y salarios, pero la agencia únicamente entregó información parcial.

“El jueves pasado la secretaria de la Familia ocultó información que el Senado de Puerto Rico le había pedido precisamente con relación a la plantilla de empleados de confianza”, alegó Hernández Ortiz.

El senador sostuvo que el Senado aprobó una petición formal para requerir la divulgación de los nombres de los empleados de confianza y advirtió que, de no entregarse la información solicitada, podrían acudir al tribunal para exigirla.

“Lo que le pedimos a la secretaria es que, en ánimo de la transparencia, no obligue al Senado de Puerto Rico a pedir esa información por el tribunal”, añadió.

Hernández Ortiz también alegó que Roig Fuertes omitió información relacionada a investigaciones administrativas durante su proceso de nominación ante el Senado, señalamiento que forma parte de la querella radicada por la delegación popular.

El legislador vinculó además el aumento en partidas de confianza dentro de Familia con un patrón más amplio de aumentos en servicios profesionales y puestos políticos dentro del presupuesto recomendado para el año fiscal 2026-2027.

Según los legisladores populares, el presupuesto asciende a $13,180 millones, un aumento de $85.2 millones respecto al presupuesto vigente, pero mantiene recortes o limitaciones en áreas relacionadas a trabajadores sociales, reclutamiento y servicios directos a la ciudadanía.

Roig rechaza aumento y habla de reclasificación contable

Ante los señalamientos del portavoz popular, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, rechazó que el presupuesto propuesto para el año fiscal 2026-2027 contemple un aumento en el número de puestos de confianza o un incremento neto en la nómina de ese renglón.

“El Presupuesto Propuesto para el AF2027 del Secretariado del Departamento de la Familia no contempla un aumento en el número de puestos de confianza, ni un aumento neto en su nómina. Cualquier caracterización en sentido contrario es incorrecta y se aparta de la realidad presupuestaria del Departamento”, sostuvo Roig Fuertes en declaraciones escritas.

La funcionaria explicó que el presupuesto total de Nómina y Costos Relacionados del Secretariado del Departamento de la Familia asciende a $17.0 millones, lo que, según indicó, representa una reducción de aproximadamente $587,000respecto a la asignación aprobada para el año fiscal 2026, equivalente a una baja cercana al 3.3% en el gasto total de nómina.

Roig Fuertes argumentó que lo reflejado en el presupuesto no responde a la creación de nuevos puestos, sino a una reclasificación contable realizada en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“Una porción del gasto que históricamente se asignaba, de forma incorrecta, a la línea de Sueldos de Puestos Regulares fue reubicada en la línea de Sueldos de Puestos de Confianza, que es donde corresponde contablemente”, expresó la secretaria.

Según la titular de Familia, el número de puestos de confianza autorizados “no aumenta”, sino que se ajusta la línea presupuestaria para reflejar “con precisión” el gasto real que ya se venía incurriendo bajo posiciones de confianza autorizadas y ocupadas.

La secretaria añadió que la reclasificación surge de una metodología de análisis aplicada por la OGP, sustentada en tres años de datos históricos de gasto de nómina, ejecución del roster y análisis integrado de inteligencia presupuestaria.

“Lo que el Presupuesto del AF2027 refleja no es un aumento en personal de confianza ni un aumento de gasto público, sino un ejercicio de transparencia y disciplina contable y presupuestaria”, afirmó Roig Fuertes.

El Departamento de la Familia sostuvo, además, que mantiene su compromiso con la rendición de cuentas, la integridad fiscal y la administración cuidadosa de los recursos públicos.

Choque entre presupuesto, transparencia y pesquisa criminal

Aun con la explicación de Roig Fuertes, Hernández Ortiz insistió en que la controversia no se limita a la forma en que se clasifican las partidas presupuestarias, sino a la falta de información completa sobre los empleados de confianza en la agencia.

Para la delegación popular, el punto medular es que el Senado solicitó información específica sobre quiénes ocupan esos puestos, cuánto devengan y bajo qué funciones operan dentro del Departamento de la Familia. La agencia, según los legisladores, no habría entregado toda la información requerida.

El señalamiento ocurre en momentos en que Roig Fuertes enfrenta una investigación por alegaciones de perjurio relacionadas con su proceso de confirmación ante el Senado. La pesquisa gira en torno a si la funcionaria omitió o no información relevante sobre investigaciones administrativas previas cuando fue evaluada por el cuerpo legislativo.

Hernández Ortiz vinculó el asunto presupuestario con un patrón más amplio que, a su juicio, refleja una administración que aumenta recursos para estructuras de confianza y servicios profesionales, mientras mantiene limitaciones en áreas de servicio directo a la ciudadanía.

Según los legisladores populares, el presupuesto recomendado asciende a $13,180 millones, un aumento de $85.2 millones respecto al presupuesto vigente, pero mantiene recortes o restricciones en renglones relacionados con trabajadores sociales, reclutamiento y servicios esenciales.

El caso coloca nuevamente al Departamento de la Familia en el centro del debate público: por un lado, la secretaria sostiene que no hay aumento real en puestos de confianza y que se trata de una corrección presupuestaria; por el otro, la oposición senatorial insiste en que la agencia debe abrir sus libros y entregar la información completa.

Mientras Justicia continúa evaluando la querella por alegado perjurio, el Senado podría escalar su reclamo de información al tribunal si Familia no entrega los datos solicitados. En el terreno político, el caso ya se convirtió en otro frente de choque entre la administración de González Colón y la delegación popular en el Capitolio.