Escala crisis en OGPe: DDEC llevará caso a Justicia y Ética
Investigación interna señala presiones indebidas, represalias y posible intervención en un RFP de hasta $2 millones
Por Redacción InDiario|Política|
La crisis interna en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) escaló este lunes luego de que el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, informara que referirá al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina de la Contralora y Recursos Humanos los hallazgos de una investigación interna contra Norberto Almodóvar Vélez, exsecretario auxiliar de la OGPe.
Según información publicada por El Nuevo Día, la pesquisa realizada por el bufete HRML, LLC apunta a una presunta serie de actuaciones relacionadas con presiones indebidas, posibles represalias contra personal de la agencia y alegada intervención en un proceso competitivo para adjudicar un contrato de publicidad con fondos federales. El contrato, mediante un RFP, buscaba promover información sobre códigos de construcción y tenía un valor estimado entre $1 millón y $2 millones.
El secretario del DDEC sostuvo que el proceso fue cancelado y que no se desembolsaron fondos federales. Sin embargo, los hallazgos levantaron banderas sobre posible violación al Código Penal, el Código Anticorrupción, reglamentos federales aplicables a procesos competitivos, normas internas del DDEC y disposiciones de la Ley Orgánica de Ética Gubernamental.
De acuerdo con la investigación, Almodóvar Vélez y su jefa de personal, Charlene Neuman, presuntamente habrían ejercido presión para favorecer a un proponente particular y alterar puntuaciones otorgadas por empleados que participaban del comité evaluador del RFP. La identidad de la empresa que habría sido favorecida no ha sido revelada públicamente.
El caso habría comenzado a tomar forma a finales de marzo, cuando dos empleados del comité evaluador expresaron reservas sobre el proceso. Posteriormente, una de las empleadas denunciantes habría sido expuesta públicamente durante una reunión de equipo, lo que, según el DDEC, dio paso a un patrón de marginación, represalias y separación de funciones.
La controversia se produjo días después de que Almodóvar Vélez circulara una carta en defensa de los empleados de la OGPe, en la que rechazó lo que describió como una narrativa pública que responsabilizaba al personal por las fallas históricas del sistema de permisos. En esa comunicación, el entonces funcionario sostuvo que los empleados merecían respeto y destacó avances operacionales en la agencia.
Negrón Reichard, sin embargo, interpretó esa carta como una maniobra para desviar la atención de los señalamientos más graves que, según indicó, ya estaban bajo evaluación interna. La tensión entre ambos funcionarios había trascendido públicamente desde el fin de semana, cuando medios locales reportaron la salida de Almodóvar de la dirección auxiliar de la OGPe.
Como parte de las medidas administrativas, el DDEC tramitará el relevo de Almodóvar Vélez de su puesto de confianza como secretario auxiliar. Además, por tratarse de un empleado de carrera, el secretario instruyó a Recursos Humanos a iniciar una suspensión sumaria mientras se atienden las denuncias relacionadas con represalias. Una acción similar será tomada contra Neuman, quien también ocupa un puesto de carrera en la agencia.
Mientras el proceso administrativo permanezca abierto, ambos funcionarios continuarían devengando salario. Almodóvar Vélez ocupa un puesto de carrera como oficial examinador, mientras Neuman figura como coordinadora de programas institucionales.
El ingeniero Miguel Manzano asumirá interinamente la dirección auxiliar de la OGPe hasta que la gobernadora Jenniffer González Colón designe una persona en propiedad para ocupar el cargo.
La controversia añade presión al ya cuestionado sistema de permisos en Puerto Rico, un componente clave para la construcción, el desarrollo económico y la inversión privada. El caso también coloca bajo escrutinio la forma en que la administración maneja los procesos competitivos con fondos federales y la protección de empleados que levantan alertas internas sobre posibles irregularidades.
