PPD cuestiona brecha de asistentes en Educación Especial
Datos del DE reflejan que 3,408 estudiantes seguían pendientes de tener un asistente documentado en MiPE al 20 de agosto.
Por Redacción InDiario|Política|
La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado reclamó al Departamento de Educación (DE) que acelere la asignación de asistentes T1 y T2 para estudiantes de Educación Especial, luego de que información suministrada por la propia agencia reflejara que cerca del 29% de los alumnos elegibles todavía no tenía un asistente documentado en el sistema MiPE al 20 de agosto.
De acuerdo con los datos divulgados por los senadores, 11,697 estudiantes eran elegibles para recibir servicios de asistentes, de los cuales 8,289 —el 70.9%— tenían un asistente registrado en MiPE. La diferencia asciende a 3,408 estudiantes, equivalente aproximadamente al 29.1% de la población elegible.
El portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, sostuvo que la información levanta interrogantes sobre cuántos estudiantes están recibiendo efectivamente el servicio requerido y reclamó al DE actualizar públicamente las cifras.
La investigación legislativa tiene su origen en la Resolución del Senado 74, presentada por la senadora Ada Álvarez Conde para examinar la disponibilidad de asistentes T1 y T2, los procesos de reclutamiento, las condiciones de empleo, remuneración y los recursos disponibles para prestar los servicios. El Senado ha considerado informes relacionados con esa investigación durante el actual cuatrienio.
¿Qué hacen los asistentes T1 y T2?
Los asistentes T1 ofrecen apoyo individualizado a estudiantes de Educación Especial que pueden necesitar ayuda con movilidad, cuidado personal, higiene u otras tareas necesarias para participar del proceso educativo. Los T2, por su parte, pueden atender necesidades de apoyo de carácter más independiente o compartido.
La necesidad de estos servicios se determina como parte del proceso del Programa Educativo Individualizado (PEI). Bajo la ley federal IDEA, el PEI debe identificar las necesidades particulares del estudiante y los servicios, apoyos y modificaciones necesarios para que pueda participar de su educación.
La legislación federal también establece que cada estudiante elegible debe contar al comienzo del año escolar con un programa educativo individualizado vigente. Puerto Rico está incluido expresamente dentro de la definición de “estado” para efectos de IDEA.
Más de 1,200 estudiantes con Remedio Provisional
Según la información divulgada por la delegación popular, dentro del grupo pendiente de documentación en MiPE había 1,275 estudiantes con Remedio Provisional aprobado.
El Departamento de Educación había informado, a su vez, que 747 asistentes estaban prestando servicios mediante ese mecanismo al 20 de agosto. La diferencia llevó a los legisladores a solicitar al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, que precise cuántos de los estudiantes con el remedio aprobado cuentan actualmente con un asistente.
El reclamo político, sin embargo, ha generado también una respuesta desde la mayoría legislativa. La senadora del Partido Nuevo Progresista Roxanna Soto Aguilú sostuvo que algunas solicitudes permanecen pendientes debido a que padres o tutores no han entregado toda la documentación requerida por Educación y rechazó que toda la cifra pueda interpretarse como estudiantes a quienes la agencia se niega a ofrecer el servicio.
Ese señalamiento introduce una distinción relevante: los datos divulgados identifican estudiantes sin un asistente documentado en MiPE, lo que no necesariamente permite concluir, por sí solo, que todos estén completamente privados del servicio.
Dos de cada tres asistentes trabajan por contrato
Otro de los puntos señalados por los senadores es la composición laboral del personal de apoyo.
Para el año escolar 2026-2027, Educación informó contar con 6,588 asistentes de servicios. De ellos, 2,191 ocupaban puestos permanentes y 4,397 trabajaban mediante contrato, lo que equivale aproximadamente al 66.7% del total.
El senador Josian Santiago Rivera planteó que esa dependencia de empleados contratados obliga a repetir procesos administrativos de contratación y renovación, situación que, según la delegación del PPD, puede generar incertidumbre entre los trabajadores y retrasos en la continuidad de los servicios.
Los senadores también cuestionaron que el expediente investigativo no contenga información suficientemente detallada sobre la frecuencia de las convocatorias, número de candidatos, plazas vacantes, tiempo requerido para cubrirlas y posibles diferencias entre regiones educativas.
Hernández Ortiz reclamó que el DE complete cuanto antes los procesos pendientes y publique información actualizada que permita determinar con precisión cuántos estudiantes están recibiendo los servicios establecidos en sus respectivos programas educativos.
