Junta Fiscal advierte que podría frenar alza de pensiones
El aumento a $1,000 en la pensión mínima costaría $232.6 millones al año y podría chocar con el Plan de Ajuste vigente.
Por Redacción InDiario|Política|
La Junta de Supervisión Fiscal advirtió que podría intervenir para frenar legislación dirigida a aumentar las pensiones de empleados públicos jubilados si las medidas resultan incompatibles con el Plan de Ajuste de la Deuda y las disposiciones fiscales que rigen al Gobierno de Puerto Rico.
La advertencia cobra particular relevancia ante la consideración legislativa del Proyecto de la Cámara 1399 y el Proyecto del Senado 1428, iniciativas de la administración de la gobernadora Jenniffer González que buscan establecer en $1,000 mensuales la pensión mínima para determinados maestros y empleados públicos retirados.
El planteamiento de la Junta ocurre mientras la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó que implantar la propuesta representaría un aumento de aproximadamente $232.6 millones anuales en el gasto público mediante el sistema PayGo.
Según el análisis de la OPAL, cerca de $160 millones del impacto corresponderían al Gobierno central, aproximadamente $54 millones a los municipios y otros $18.3 millones a corporaciones públicas.
Durante una vista pública en la Cámara de Representantes, el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo Ortiz, estimó que el proyecto beneficiaría a cerca de 53,500 pensionados, incluyendo aproximadamente 49,000 jubilados del Gobierno central cobijados por la Ley 447-1951 y unos 4,500 maestros bajo la Ley 160-2013.
El principal escollo, sin embargo, no sería únicamente identificar el dinero.
La OPAL advirtió que la medida podría entrar en conflicto con la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno central, que establece por un periodo de diez años una prohibición sobre legislación que cree o amplíe determinados beneficios de pensión.
Esa disposición coloca el proyecto en un escenario distinto al de otras medidas con impacto presupuestario, pues aun cuando el Gobierno lograra identificar una fuente recurrente para cubrir los $232.6 millones anuales, tendría que atender también las restricciones incluidas en el Plan de Ajuste aprobado durante el proceso de quiebra bajo PROMESA.
La Junta Fiscal ha asumido anteriormente una posición similar ante legislación que pretende ampliar beneficios de retiro. En su registro oficial de revisión legislativa, el organismo ha advertido, por ejemplo, que proyectos que creen nuevos beneficios pensionarios pueden ser inconsistentes con el Plan Fiscal, el Plan de Ajuste y la orden de confirmación emitida por el Tribunal Federal.
El Gobierno todavía tiene que explicar de dónde sale el dinero
La fuente de financiamiento también ha generado interrogantes durante la evaluación legislativa.
A finales de agosto, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, reconoció que el análisis sobre el costo de la propuesta se encontraba en una etapa preliminar. En aquel momento se había manejado inicialmente una cifra de entre $30 millones y $40 millones anuales, muy por debajo de los $232.6 millones que posteriormente estimó la OPAL.
El informe fiscal coloca así una cifra concreta sobre una de las principales promesas de la administración para los pensionados.
Puerto Rico opera actualmente bajo un sistema PayGo, mediante el cual el Gobierno presupuesta anualmente los recursos necesarios para pagar las pensiones de los sistemas de retiro que quedaron sin activos suficientes para sufragar sus obligaciones.
La controversia presenta ahora dos retos para La Fortaleza y la Asamblea Legislativa: identificar una fuente recurrente capaz de asumir un costo superior a los $200 millones anuales y determinar cómo podría implantarse el aumento sin entrar en conflicto con las restricciones del Plan de Ajuste.
La propuesta continuará bajo consideración legislativa mientras se define si el Ejecutivo puede presentar una estructura financiera que permita sostener el aumento y, a la vez, superar las objeciones fiscales y legales que podría levantar la Junta de Supervisión.
