Gobernadora no ve ilegalidad en mensaje de Josué Colón
González Colón sostiene que el seguimiento al contrato respondía a la política pública energética y no constituyó una orden contraria a derecho.
Por Redacción InDiario|Política|
La gobernadora Jenniffer González Colón defendió la actuación del zar de Energía, Josué Colón Ortiz, ante la divulgación de un mensaje atribuido al funcionario en el que habría solicitado que se completara la firma del posteriormente cancelado contrato de generación temporera con Power Expectations.
“Yo no veo ahí una instrucción que vaya contra el derecho”, expresó González Colón al ser cuestionada sobre la comunicación y las gestiones atribuidas al funcionario.
La mandataria argumentó que, una vez el proceso de contratación había atravesado las evaluaciones y aprobaciones correspondientes, procedía completar los trámites requeridos, incluyendo la firma del acuerdo y su presentación ante la Oficina del Contralor.
Según explicó, el proceso había pasado inicialmente por el Third Party Procurement Office (3PPO), posteriormente por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Negociado de Energía de Puerto Rico, antes de regresar a la corporación pública para completar el procedimiento contractual.
González Colón sostuvo que la búsqueda de generación temporera formaba parte de la política pública energética de su administración y enmarcó las actuaciones de Colón Ortiz dentro de las gestiones para dar seguimiento a esa política.
El mensaje bajo escrutinio
La controversia surgió después de que se divulgara un mensaje de texto atribuido a Colón Ortiz, enviado minutos antes de formalizarse el contrato con Power Expectations, mediante el cual presuntamente solicitó a su asesor legal asegurarse de que la entonces directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, firmara los documentos correspondientes.
El acuerdo de generación temporera tenía un valor potencial de aproximadamente $5,887 millones. El mensaje divulgado también hacía referencia a completar la radicación del contrato ante la Oficina del Contralor.
Colón Ortiz no negó haber realizado la comunicación y explicó que, como parte de sus responsabilidades sobre el componente energético, ofrece seguimiento a los distintos proyectos para evitar que los procesos se paralicen o sufran retrasos innecesarios.
“Nosotros, como parte de nuestras responsabilidades a todo el componente de energía, obviamente ofrecemos seguimiento a que se cumpla la política pública”, manifestó el funcionario.
Las expresiones de la gobernadora contrastan con la posición asumida días antes por el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, quien había señalado que la comunicación atribuida a Colón Ortiz debía ser examinada como parte de las investigaciones relacionadas con el contrato.
Peña Payano sostuvo entonces que correspondía autenticar el mensaje y evaluar su contexto antes de llegar a conclusiones, al tiempo que evitó validar las alegaciones mientras el asunto continuara bajo investigación.
Contrato cancelado y bajo investigación
El contrato con Power Expectations terminó siendo cancelado después de surgir cuestionamientos relacionados con el proceso de contratación y las empresas que participaron de la propuesta.
La controversia incluyó señalamientos sobre el supuesto uso no autorizado del nombre y firma de una compañía vinculada al consorcio, lo que provocó referidos a autoridades estatales y federales.
Colón Ortiz confirmó previamente, bajo juramento ante la Cámara de Representantes, que había sido entrevistado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y por el Departamento de Justicia de Puerto Rico como parte de las pesquisas relacionadas con el fallido contrato.
La gobernadora, quien anteriormente calificó como “fatal” el manejo del contrato, sostiene ahora que la comunicación atribuida al zar de Energía no demuestra por sí sola una actuación contraria a derecho y que dar seguimiento a la culminación de un proceso contractual aprobado formaba parte de las funciones relacionadas con la política energética.
Mientras tanto, las circunstancias que rodearon la adjudicación, firma y posterior cancelación del acuerdo permanecen bajo escrutinio de las autoridades y de la Asamblea Legislativa.
