Cámara exige documentos del contrato de Power Expectations
Cuatro entidades deberán entregar correos, mensajes, análisis y expedientes sobre la evaluación y aprobación del contrato de $5,900 millones.
Por Redacción InDiario|Política|
La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes dio un plazo de 10 días a cuatro entidades vinculadas al sistema eléctrico para entregar documentos y comunicaciones relacionadas con la evaluación, negociación y aprobación del controvertido contrato de generación temporera otorgado al consorcio encabezado por Power Expectations LLC.
Los requerimientos están dirigidos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). La investigación legislativa se realiza al amparo de la Resolución de la Cámara 42.
“Puerto Rico quiere claridad en este asunto”, expresó el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, al anunciar el requerimiento de información.
La Cámara busca tener acceso a todas las comunicaciones, correos electrónicos, mensajes de texto y cartasintercambiadas por funcionarios o representantes gubernamentales con Power Expectations, Enchanted Rock, ERock, Reyes Contractor Group o Flotek Industries durante el proceso de contratación.
El requerimiento también incluye las comunicaciones entre la AEE, AAPP y 3PPO relacionadas con la capacidad financiera, técnica y operacional de las empresas que fueron presentadas como integrantes del consorcio. Los legisladores solicitaron además análisis financieros, memorandos, opiniones legales e informes internos o de asesores externos sobre la viabilidad técnica, económica y jurídica del acuerdo.
La Comisión quiere conocer igualmente quiénes participaron directamente en las decisiones. Las entidades deberán identificar a los funcionarios y empleados que intervinieron en la evaluación de propuestas, negociación, aprobación o firma del contrato y en el proceso competitivo que antecedió su otorgación.
Entre la documentación solicitada figuran además los expedientes relacionados con el acuerdo de interconexión firmado con LUMA Energy el 3 de agosto de 2026, así como copias de determinaciones de aprobación emitidas durante el proceso de generación temporera conocido como TPG2.
Contrato de $5,900 millones bajo escrutinio
El contrato 2026-P0010 fue suscrito el 10 de junio de 2026 entre la AEE y un consorcio compuesto, según el documento contractual, por Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractor. El acuerdo contemplaba hasta $5,900 millones durante 10 años para instalar, operar y mantener unidades de generación temporera con capacidad agregada de 400 megavatios.
La controversia escaló después de que ERock Inc., empresa matriz de Enchanted Rock, informó a la Junta de Supervisión Fiscal que Enchanted Rock no participaba en el proyecto y alegó que su nombre y una firma habían sido utilizados sin autorización. El asunto posteriormente fue referido por la AAPP y el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, al Departamento de Justicia y a autoridades federales.
El 14 de agosto, la Junta de Supervisión Fiscal revocó su aprobación del contrato y ordenó a la AEE terminarlo. La Junta explicó que la participación de Enchanted Rock había sido determinante al momento de evaluar la capacidad técnica y financiera del consorcio y sostuvo que, sin esa empresa, el proceso de contratación quedó “irreparablemente” afectado.
Según la Junta, la información recibida de 3PPO durante su evaluación establecía que Power Expectations no tenía por sí sola la capacidad financiera ni la experiencia técnica necesarias para ejecutar el proyecto sin Enchanted Rock. La Junta aclaró, sin embargo, que no tomó posición sobre la disputa entre las dos empresas y centró su determinación en la exactitud y suficiencia del expediente utilizado para aprobar el contrato.
Power Expectations ha rechazado públicamente cualquier insinuación de fraude o falsa representación. Su principal ejecutivo, Eddie Echevarría, sostiene que la empresa mantenía una relación comercial con Enchanted Rock y que su participación en el proceso estuvo documentada y se realizó mediante los canales establecidos por 3PPO y la AEE.
La nueva exigencia de documentos de la Cámara abre así otro frente de investigación sobre quién sabía qué, cuándo lo supo y qué información fue utilizada para validar un contrato multimillonario que finalmente perdió el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. La Comisión de Gobierno no ha descartado que el proceso investigativo incluya posteriormente vistas públicas o ejecutivas.
