Proponen endurecer consecuencias por maltrato a adultos mayores

El senador por el Distrito de Arecibo, Héctor “Gaby” González, radicó el Proyecto del Senado 1318, una medida que busca fortalecer la protección de los adultos mayores al limitar beneficios judiciales para personas convictas por delitos relacionados con maltrato, abandono, negligencia, explotación financiera y violación de órdenes de protección.

La propuesta legislativa enmendaría la Ley Núm. 259 de 1946, conocida como la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, para excluir de estos beneficios a personas convictas por violar órdenes de protección emitidas al amparo de la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores.

La medida también aplicaría a convicciones bajo los artículos 126, 127, 127A, 127B, 127C y 127D del Código Penal de Puerto Rico, que atienden delitos contra adultos mayores y personas incapacitadas. Entre estos se incluyen el abandono de personas que no pueden valerse por sí mismas, la negligencia de quienes tienen el deber legal de cuidarlas, el maltrato físico, emocional o psicológico, las amenazas, la explotación financiera y los esquemas fraudulentos dirigidos contra su patrimonio.

“Nuestros adultos mayores merecen vivir con seguridad, respeto y dignidad. Quien abuse de una persona de edad avanzada, se aproveche de su vulnerabilidad o desacate una orden de protección emitida para garantizar su seguridad debe enfrentar las consecuencias de sus actos”, expresó González.

El senador sostuvo que muchos de estos casos ocurren en ambientes donde las víctimas dependen emocional, física o económicamente de sus agresores, lo que puede dificultar que denuncien los hechos o busquen protección.

“Este proyecto atiende conductas que destruyen la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Específicamente del abandono de personas vulnerables, de la negligencia de quienes tienen el deber de cuidarlas, del maltrato físico y emocional, de las amenazas y de quienes utilizan el engaño o el abuso de confianza para quedarse con sus ahorros, propiedades o patrimonio. Son delitos graves que merecen consecuencias igualmente serias”, añadió el legislador.

González indicó que la medida también pretende reforzar la efectividad de las órdenes de protección emitidas por los tribunales, al establecer consecuencias más severas para quienes las desacaten en casos vinculados a adultos mayores.

“Tenemos la responsabilidad de proteger a quienes dedicaron su vida a levantar nuestras familias y comunidades. No podemos permitir que personas que maltratan, abandonan o explotan a nuestros adultos mayores reciban beneficios que no son compatibles con la gravedad de sus acciones”, concluyó.