Proponen suspender por 90 días el IVU en comida preparada

El representante por acumulación Ramón Torres Cruz propuso al Gobierno de Puerto Rico suspender por 90 días el Impuesto sobre Ventas y Uso de 7% aplicable a los alimentos preparados, como una medida de alivio directo para los consumidores ante el aumento en el costo de vida.

La propuesta surge luego de que, según indicó el legislador, el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, informara que los recaudos netos del Fondo General acumulados entre julio de 2025 y abril de 2026 superaron las proyecciones en aproximadamente $590 millones.

“El propio secretario Pantoja nos confirmó que tenemos $590 millones por encima de lo proyectado. El IVU en alimentos preparados genera aproximadamente $21.3 millones al mes. Una suspensión de 90 días costaría alrededor de $63 millones, una fracción del excedente que ya tiene en manos el Gobierno. No existe una razón fiscal para negar este alivio a las familias puertorriqueñas”, expresó Torres.

El legislador sostuvo que la eliminación temporera del impuesto permitiría a las familias reducir sus gastos diarios, al tiempo que podría estimular el consumo en restaurantes, cafeterías, panaderías y otros comercios dedicados a la venta de comida preparada.

“Esta propuesta representa una oportunidad para que las familias puedan ahorrar dinero en sus gastos diarios, mientras los comerciantes y restauranteros experimentan un incremento en sus ventas. Es una medida que beneficia a todos: al consumidor, al pequeño y mediano comerciante y a la economía de Puerto Rico en general”, afirmó.

Torres argumentó que el encarecimiento de los alimentos, la inflación y el aumento en los costos operacionales han afectado tanto a los consumidores como a la industria gastronómica, reduciendo el poder adquisitivo de las familias y presionando a los negocios locales.

Requeriría aval de la Junta Fiscal

El representante reconoció que cualquier medida que implique una reducción en recaudos tendría que contar con el aval de la Junta de Control Fiscal, conforme a las disposiciones de la Ley PROMESA.

Sin embargo, señaló que ya existe un precedente reciente. Recordó que en septiembre de 2022, tras el paso del huracán Fiona, la Junta autorizó una suspensión temporera del IVU en alimentos preparados, con un impacto estimado de $16.5 millones.

“Si la Junta lo aprobó en aquel momento para atender una emergencia, debe considerar favorablemente esta propuesta ahora que el Gobierno cuenta con ingresos significativamente mayores a los proyectados. Es momento de devolverle al pueblo parte de ese excedente y utilizarlo para impulsar la economía local”, añadió.

Torres indicó que presentará formalmente la solicitud ante el secretario de Hacienda y la Junta de Control Fiscal. Además, exhortó a la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista a respaldar la iniciativa.

“El pueblo merece que los recursos que ha generado con su trabajo regresen a sus bolsillos. Esta medida ofrece un alivio real a las familias, fortalece a nuestros comerciantes y contribuye al crecimiento económico del país. Es una inversión directa en la gente y en la economía de Puerto Rico”, concluyó el representante.