Proyecto Dignidad critica reforma que su portavoz apoyó
La colectividad cuestiona el alcance del PS 1096 y exige resultados medibles, pese a que Lisie Burgos votó a favor de la medida.
Por Redacción InDiario|Política|
Proyecto Dignidad cuestionó la reforma judicial aprobada por la Asamblea Legislativa al advertir que el Proyecto del Senado 1096 no atiende adecuadamente los problemas de atrasos, eficiencia y acceso a la justicia, y podría ampliar la influencia política sobre la administración de los tribunales.
Sin embargo, el pronunciamiento de la colectividad contrasta con el voto favorable que emitió su portavoz en la Cámara de Representantes, Lisie Burgos Muñiz, durante la aprobación de la medida el jueves, 22 de octubre.
El proyecto, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, obtuvo 32 votos a favor y 15 en contra en la Cámara. Posteriormente, el Senado concurrió con las enmiendas introducidas, completando el trámite legislativo y dejando la decisión final en manos de la gobernadora Jenniffer González Colón.
La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, reconoció la necesidad de modernizar el sistema judicial, pero sostuvo que la legislación dedica demasiada atención a redistribuir facultades administrativas sin garantizar mejoras concretas para la ciudadanía.
"Puerto Rico necesita una reforma judicial, pero este proyecto no es la solución que nuestro pueblo merece. La justicia enfrenta problemas de atrasos, acceso, eficiencia y transparencia que requieren respuestas concretas", expresó Pérez Martínez.
La dirigente también advirtió sobre el riesgo de concentración de poder ante el control que ejerce el Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre las ramas Ejecutiva y Legislativa.
"Nos preocupa que, mientras el PNP controla las ramas Ejecutiva y Legislativa, se impulsen cambios que podrían ampliar su influencia sobre la administración de la Rama Judicial", añadió.
Cuestionan redistribución de poderes en el Supremo
Uno de los principales señalamientos de Proyecto Dignidad se dirige a las disposiciones que trasladan determinadas facultades administrativas de la presidencia del Tribunal Supremo al pleno de ese organismo.
Los defensores de la legislación sostienen que el cambio promueve una administración colegiada y una distribución más equilibrada de responsabilidades. La colectividad, sin embargo, entiende que deben establecerse garantías suficientes para preservar la independencia judicial y respetar la separación constitucional de poderes.
El miembro fundador del partido, Dr. César Vázquez Muñiz, advirtió que cualquier modificación a la organización de los tribunales debe fortalecer las instituciones democráticas.
"La separación de poderes no es un asunto de conveniencia política, sino una garantía esencial para proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos", manifestó Vázquez Muñiz.
La controversia también ha provocado la oposición de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, quien solicitó a la gobernadora que vete el proyecto al considerar que amenaza la estabilidad institucional de la Rama Judicial.
Señalan contradicciones del PNP con la CEE
Proyecto Dignidad también cuestionó lo que considera una contradicción del PNP al promover decisiones colegiadas en el Tribunal Supremo mientras mantiene restricciones a la participación de determinados partidos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
La colectividad recordó que la Ley 39-2026 mantuvo distinciones entre las facultades de los comisionados electorales y que la Comisión de Gobierno de la Cámara emitió un informe negativo sobre el Proyecto de la Cámara 1071.
Esta última medida proponía ampliar la composición del pleno de la CEE para garantizar participación con voz y voto a los representantes de partidos con franquicia electoral.
"No podemos hablar de democratizar las decisiones administrativas cuando resulta conveniente y mantener restricciones de participación en instituciones tan importantes como la Comisión Estatal de Elecciones", sostuvo Pérez Martínez.
Aunque ambas instituciones tienen funciones constitucionales diferentes, Proyecto Dignidad entiende que el gobierno debe explicar por qué favorece ampliar la participación en las decisiones administrativas de una institución y no de otra.
Proponen cinco cambios para mejorar la justicia
Como alternativa, Proyecto Dignidad presentó un Plan de Eficiencia, Transparencia y Acceso a la Justicia, dirigido a modernizar los procedimientos judiciales mediante resultados verificables.
La propuesta se concentra en cinco prioridades:
- Reducir los atrasos judiciales, mediante metas anuales para disminuir la acumulación de casos pendientes.
- Establecer indicadores públicos de desempeño, que permitan conocer cuánto tardan los tribunales en resolver casos y cuántas vistas se suspenden.
- Fortalecer la selección de jueces por mérito, considerando preparación, experiencia, integridad y competencia profesional.
- Modernizar los sistemas tecnológicos, simplificando trámites y facilitando servicios digitales a la ciudadanía.
- Garantizar acceso efectivo a la justicia, particularmente en comunidades con necesidades de servicios judiciales y asuntos urgentes.
El vicepresidente de la colectividad, Ing. Luis Yordán Frau, afirmó que las reformas deben evaluarse mediante indicadores objetivos de eficiencia y no exclusivamente por los cambios en las estructuras administrativas.
"Si después de esta reforma el ciudadano continúa esperando años para obtener justicia, entonces no habremos resuelto el problema fundamental", expresó Yordán Frau.
Piden evaluar eliminación de jueces municipales
Proyecto Dignidad también reclamó una evaluación rigurosa de las consecuencias administrativas y fiscales de eliminar progresivamente la categoría de jueces municipales y transformar esas plazas en puestos de jueces superiores.
La colectividad entiende que cualquier reorganización debe garantizar la continuidad de los servicios y evitar que los cambios afecten la atención de asuntos urgentes ante los tribunales.
Aunque el partido reconoce la necesidad de reformar la Rama Judicial, insiste en que una transformación efectiva debe atender las necesidades de los ciudadanos y no limitarse a modificar quién ejerce las facultades administrativas.
"El poder político es temporero, pero las instituciones democráticas deben trascender a los gobiernos y a los partidos", concluyó Pérez Martínez.
Por el momento, el futuro de la reforma judicial permanece en manos de González Colón, quien deberá determinar si convierte la medida en ley o ejerce su facultad de veto.
