Legislatura aprueba reforma judicial y Oronoz pide su veto

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el Proyecto del Senado 1096, una controvertida reforma que propone transformar la estructura administrativa de la Rama Judicial y eliminar la categoría de jueces municipales, mientras la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, solicitó a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete la legislación.

La medida, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue aprobada en la Cámara de Representantes con 32 votos a favor y 15 en contra. Posteriormente, el Senado concurrió con las enmiendas introducidas por el cuerpo cameral, completando así el trámite legislativo y dejando la decisión final en manos de La Fortaleza.

El proyecto busca derogar la Ley de la Judicatura de 2003 y sustituirla por una nueva Ley del Poder Judicial de Puerto Rico, que establecería cambios significativos en la organización de los tribunales y la distribución de sus facultades administrativas.

La controversia por el control de los tribunales

Uno de los aspectos más debatidos de la legislación es la propuesta de establecer un modelo de coadministración entre el pleno del Tribunal Supremo y su juez presidente.

Actualmente, la Constitución de Puerto Rico reconoce al juez presidente la dirección administrativa de los tribunales, mientras que la medida pretende ampliar la participación del pleno del Supremo en la reglamentación y determinadas decisiones administrativas.

La presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, ha expresado reparos sobre el alcance de estos cambios, al entender que podrían afectar la independencia judicial y provocar dificultades en el funcionamiento administrativo de los tribunales.

El administrador de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sigfrido Steidel Figueroa, también advirtió durante el proceso legislativo que la propuesta reduciría sustancialmente las facultades administrativas del juez presidente.

Por su parte, Rivera Schatz ha defendido la legislación al sostener que busca aclarar la distribución constitucional de responsabilidades dentro del Poder Judicial y evitar la concentración de facultades administrativas en una sola figura.

Eliminación de jueces municipales

Otro de los cambios importantes es la eliminación prospectiva de la categoría de juez municipal, cuyos puestos serían transformados progresivamente en plazas de jueces superiores.

La nueva estructura contemplaría un Tribunal de Apelaciones integrado por 39 jueces y un Tribunal de Primera Instancia con 338 jueces superiores.

Los defensores de la medida sostienen que la reorganización permitiría uniformar las funciones judiciales y actualizar el funcionamiento del sistema.

Sin embargo, durante el debate legislativo surgieron preocupaciones sobre las consecuencias que podría tener la transformación de estas plazas para la atención de asuntos que actualmente corresponden a los jueces municipales.

De acuerdo con un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la conversión de la totalidad de esas plazas tendría un impacto fiscal potencial de aproximadamente $889,670, aunque su implementación sería gradual.

Mayoría legislativa defiende los cambios

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, defendió la autoridad de la Asamblea Legislativa para revisar la estructura y el funcionamiento de los tribunales.

En términos similares se expresó el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, José “Che” Pérez Cordero, quien aseguró que la legislación busca ampliar la participación administrativa del Tribunal Supremo sin eliminar las facultades constitucionales de su presidenta.

El legislador describió la propuesta como un cambio dirigido a pasar de una administración individual a un modelo de decisiones compartidas.

En contraste, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, advirtió que la medida plantea conflictos constitucionales relacionados con la separación de poderes.

La representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez Colón, también expresó oposición al proyecto y planteó preocupaciones sobre la independencia judicial y el acceso de la ciudadanía a los tribunales.

Gobernadora tendrá la última palabra

Entre las enmiendas aprobadas por la Cámara figura una disposición para aclarar que las medidas disciplinarias contra integrantes de la judicatura se impondrían después de los procedimientos correspondientes.

Asimismo, se extendió de 90 a 120 días el término para la entrada en vigor de la legislación, con el propósito de permitir los ajustes administrativos y reglamentarios necesarios.

Con la aprobación de ambos cuerpos legislativos, la controversia se traslada ahora a La Fortaleza.

La gobernadora Jenniffer González Colón deberá determinar si convierte en ley una de las reformas más significativas propuestas para el sistema judicial puertorriqueño en las últimas décadas o si acoge las objeciones de la presidenta del Tribunal Supremo y otros sectores de la comunidad jurídica.

La decisión tendrá implicaciones sobre la distribución de autoridad administrativa dentro de la Rama Judicial y podría dar paso a controversias constitucionales si la medida es firmada y posteriormente impugnada ante los tribunales.