Proyecto Dignidad radica seis medidas de fiscalización pública
Lisie Burgos propone controles sobre contratos, donativos políticos, viajes legislativos, cabildeo, fondos federales y relaciones comerciales.
Por Redacción InDiario|Política|
La portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie Burgos Muñiz, radicó seis proyectos dirigidos a modificar distintas áreas de la administración pública y la actividad comercial en Puerto Rico, incluyendo la contratación gubernamental, el manejo de fondos federales, los gastos de los legisladores y las restricciones aplicables a exfuncionarios.
Las iniciativas también incluyen cambios a la Ley de Contratos de Distribución, conocida como Ley 75, con el propósito de armonizarla con disposiciones del Código Civil aprobado en 2020.
Fondos federales bajo la protección del Código Penal
El Proyecto de la Cámara 1367 propone ampliar la definición de “fondos públicos” en el Código Penal de Puerto Rico para incluir expresamente el dinero de origen federal que sea recibido, administrado, custodiado o desembolsado por agencias, municipios, corporaciones públicas o entidades autorizadas por el Gobierno.
La intención es que asignaciones, subvenciones, incentivos, transferencias y otros recursos provenientes del Gobierno federal reciban la misma protección penal que los fondos generados por el Gobierno de Puerto Rico. La medida fue radicada el 17 de agosto y, al momento del comunicado, todavía no había sido referida a comisión.
Cambios a la Ley 75
Mediante el Proyecto de la Cámara 1356, Burgos busca actualizar la Ley de Contratos de Distribución a los principios establecidos en el Código Civil de 2020.
La medida incorporaría la responsabilidad precontractual, permitiendo reclamaciones cuando un principal rompa injustificadamente unas negociaciones después de que el distribuidor haya realizado inversiones sustanciales confiando en que se formalizaría el acuerdo.
También permitiría anular cláusulas abusivas en contratos de adhesión, impondría al distribuidor el deber de mitigar razonablemente sus daños y sustituiría el actual término de prescripción de tres años por un año para reclamaciones extracontractuales y cuatro para las contractuales. El proyecto fue referido a la Comisión de lo Jurídico.
Tope a viajes y reembolsos de legisladores
El Proyecto de la Cámara 1359 establecería un límite de $5,000 anuales para el reembolso de viajes oficiales fuera de Puerto Rico de los legisladores.
Los reembolsos se limitarían a boleto aéreo, estadía y dieta, y requerirían informes detallados y recibos. De faltar información, el legislador tendría 48 horas para corregirla y el pago tendría que ser aprobado por la mayoría parlamentaria.
La medida también eliminaría la actual partida de $2,500 para teléfono y correo, sustituyéndola por un máximo de $500 anuales exclusivamente para sellos postales. El dinero no utilizado sería transferido al Fondo de Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables.
En las reclamaciones por millaje se exigiría evidencia fotográfica del kilometraje antes y después de los viajes. El proyecto fue referido a la Comisión de Asuntos Internos.
Restricciones para compañías nuevas que busquen contratos
El Proyecto de la Cámara 1358 prohibiría a las agencias, municipios, corporaciones públicas y demás dependencias gubernamentales contratar empresas que tengan menos de cuatro años de constituidas o menos de tres años de experiencia específica en el servicio que buscan ofrecer.
De aprobarse, un contrato otorgado en violación a esos requisitos sería nulo y la compañía podría enfrentar una multa equivalente al triple de lo cobrado. Sus directivos también podrían responder con su patrimonio personal si se demuestra que conocían la prohibición.
Contratistas tendrían que revelar donativos políticos
El Proyecto de la Cámara 1361 obligaría a toda persona o compañía interesada en contratar con el Gobierno a presentar una declaración jurada informando sus donativos y gastos políticos durante los cuatro años anteriores.
Una vez adjudicado el contrato, el contratista tendría prohibido realizar donativos políticos mientras dure la relación contractual. Presentar información falsa o incumplir las disposiciones provocaría la cancelación del contrato y una segunda infracción podría generar una descalificación permanente para contratar nuevamente con el Gobierno.
Dos años antes de poder cabildear
Finalmente, el Proyecto de la Cámara 1362 establecería un período de espera de dos años para que determinados exfuncionarios públicos puedan ejercer como cabilderos luego de abandonar el Gobierno.
La disposición alcanzaría, entre otros, a legisladores, secretarios de agencia y asesores del gobernador o de alcaldes. Asimismo, ampliaría de uno a dos años la prohibición para que un exfuncionario establezca relaciones de empleo o contratación con entidades sobre las cuales tuvo intervención directa mientras ejercía su cargo.
La violación intencional de esas restricciones constituiría un delito grave. Los proyectos 1358, 1361 y 1362 fueron referidos a la Comisión de Gobierno de la Cámara.
Burgos sostuvo que las medidas persiguen establecer mayores controles sobre el uso de recursos públicos, reducir espacios para el clientelismo político y exigir a la Asamblea Legislativa estándares de transparencia similares a los que reclama del resto del Gobierno.
