Morey propone lupa legislativa a contratos multimillonarios
El Proyecto de la Cámara 1470 obligaría a someter a revisión legislativa los acuerdos gubernamentales de $500 millones o más antes de su firma final
Por Redacción InDiario|Política|
Los contratos gubernamentales que comprometan $500 millones o más en fondos públicos quedarían sujetos a un nuevo proceso de verificación en la Asamblea Legislativa antes de ser firmados, bajo una medida presentada por el representante Ángel Morey Noble.
El legislador del Distrito 6 de Guaynabo, Cataño y Bayamón anunció este jueves la radicación del Proyecto de la Cámara 1470, que propone crear la “Ley de Verificación Legislativa de Contratos Gubernamentales de Gran Cuantía de Puerto Rico”.
La legislación surge luego de la controversia que rodeó el contrato de generación temporera entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el consorcio encabezado por Power Expectations LLC, cuyo valor máximo se estimó en aproximadamente $5,887 millones durante diez años. La Junta de Supervisión Fiscal revocó en agosto su aprobación del acuerdo y ordenó su terminación después de que surgieran cuestionamientos sobre la participación y autorización de Enchanted Rock, una de las empresas identificadas originalmente como parte del consorcio.
“Esta medida busca que la Legislatura pueda realizar una evaluación exhaustiva de los contratos de mayor impacto fiscal y verificar que las empresas que reciben fondos públicos no solo cumplan con la documentación requerida, sino que estén realmente capacitadas, tengan los recursos y puedan responder a las obligaciones que asumen”, expresó Morey Noble.
Revisión antes de poner la firma
La propuesta requeriría que todo contrato o acuerdo mediante el cual una entidad gubernamental comprometa al menos $500 millones con una empresa privada sea remitido a la Asamblea Legislativa después de culminadas las negociaciones, pero antes de su firma final o entrada en vigor.
El proceso no permitiría a los legisladores renegociar las condiciones pactadas.
En cambio, una Comisión Especial Conjunta tendría a su cargo verificar el expediente, las certificaciones, documentación corporativa y otros elementos relacionados con el proceso contractual.
“Más allá de que una agencia nos entregue un documento, eso solo constituye una notificación; no una fiscalización legislativa”, sostuvo Morey.
La legislación también contempla términos específicos para realizar la evaluación, un procedimiento abreviado cuando exista una emergencia declarada y un mecanismo de aprobación tácita si transcurre el periodo establecido sin una determinación.
Power Expectations como punto de partida
Morey identificó el contrato de generación temporera como el detonante inmediato de su propuesta.
Ese acuerdo contemplaba instalar, operar y mantener aproximadamente 400 megavatios de generación temporera. Documentos oficiales de la Junta Fiscal establecen que el acuerdo tenía una duración de diez años y un valor potencial de alrededor de $5.9 mil millones.
La Junta había aprobado inicialmente el contrato sujeto a condiciones relacionadas con garantías de cumplimiento, cronogramas, ejecución del proyecto y estructura financiera. Sin embargo, posteriormente revocó esa aprobación luego de que ERock Inc., matriz de Enchanted Rock, asegurara que la compañía no participaba del proyecto y que su nombre y firma habían sido utilizados sin autorización.
El Senado también inició procesos de fiscalización y requirió el expediente completo del contrato a la AEE y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.
Morey argumentó que la evaluación realizada por la Junta Fiscal no sustituye el escrutinio que, a su juicio, debe ejercer la Legislatura.
“No sustituye una evaluación sobre quién tiene autoridad real para obligar a una empresa, si las garantías de cumplimiento representadas como vigentes lo estaban en realidad, si hubo gestiones o cabildeo no divulgados o si el proceso de contratación cumplió con todas las disposiciones legales aplicables”, manifestó.
Comisión de ocho legisladores
El proyecto propone crear una Comisión Especial Conjunta de Verificación integrada por ocho miembros de Cámara y Senado.
Participarían los presidentes de ambos cuerpos legislativos —o sus designados—, los presidentes de las comisiones de Hacienda y Gobierno del Senado y la Cámara, además de representantes de las delegaciones de minoría en ambos cuerpos, de existir.
La entidad gubernamental tendría que entregar el texto íntegro del acuerdo, sus anejos, documentos incorporados por referencia y el expediente contractual dentro de un periodo que no excedería 30 días.
Según Morey, el mecanismo no convertiría a la Asamblea Legislativa en una junta adjudicadora ni le permitiría seleccionar contratistas.
“Cuando se comprometen cientos o miles de millones de dólares del dinero público, la transparencia no puede ser opcional”, afirmó el representante.
La propuesta comenzará ahora el trámite legislativo correspondiente en la Cámara de Representantes.
