Buscan penalizar la copia no autorizada de material íntimo
El senador Carmelo Ríos propone hasta tres años de cárcel por obtener o transferir contenido íntimo sin consentimiento, aunque no sea divulgado.
Por Redacción InDiario|Política|
Obtener fotografías o videos íntimos de otra persona sin su autorización podría constituir un delito grave en Puerto Rico, incluso cuando el material nunca sea publicado en redes sociales ni compartido con terceros, según una nueva propuesta legislativa presentada en el Senado.
El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, radicó el Proyecto del Senado 1630, que busca ampliar las protecciones contempladas en la Ley 21-2021, conocida como la Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico, para penalizar la obtención, copia, extracción o transferencia no autorizada de contenido íntimo.
La medida pretende atender situaciones en las que una persona accede a fotografías, videos u otro material explícito y lo almacena en dispositivos electrónicos, cuentas digitales o medios bajo su control, sin contar con el consentimiento de la persona afectada.
Hasta tres años de prisión
De aprobarse la legislación, la nueva modalidad delictiva conllevaría una pena fija de dos años de cárcel, que podría aumentar hasta tres años cuando existan circunstancias agravantes.
En aquellos casos donde se reconozcan circunstancias atenuantes, la condena podría reducirse hasta seis meses y un día.
“Tenemos que reconocer que la privacidad de una persona puede ser violada mucho antes de que una imagen llegue a las redes sociales o a manos de terceros. Obtener y guardar contenido íntimo sin autorización también constituye una invasión a esa privacidad”, sostuvo Ríos Santiago.
El legislador explicó que la propuesta busca establecer consecuencias penales para quienes se apropien de contenido íntimo ajeno, independientemente de que posteriormente lo divulguen.
Conocer una contraseña no significa tener permiso
Uno de los aspectos centrales del proyecto establece que tener acceso al teléfono, computadora o cuenta electrónica de otra persona no equivale a recibir autorización para copiar su contenido íntimo.
La disposición también aplicaría cuando quien obtiene el material conoce las contraseñas de la persona afectada o ha tenido acceso legítimo a sus dispositivos.
Asimismo, la medida aclara que haber consentido previamente a la creación o intercambio de una fotografía íntima no constituye una autorización general para acceder nuevamente a ella, copiarla o transferirla.
Según la propuesta, tampoco sería necesario demostrar que el contenido fue divulgado públicamente ni acreditar daños económicos, emocionales o reputacionales adicionales para configurar esta modalidad delictiva.
Orden judicial para eliminar el material
El proyecto incorpora mecanismos para disponer del contenido obtenido ilegalmente una vez que exista una sentencia final y firme.
En esas circunstancias, el tribunal deberá ordenar la eliminación del material íntimo en posesión de la persona convicta o su entrega a la víctima, según corresponda.
También se requerirá una certificación que demuestre el cumplimiento de la orden judicial, sin impedir que se conserve evidencia necesaria para otros procedimientos legales.
La legislación contempla excepciones para determinadas actuaciones legítimas, entre ellas la conservación de material recibido legalmente conforme a la autorización otorgada, el cumplimiento de órdenes judiciales y la preservación de evidencia de buena fe para presentar denuncias ante las autoridades.
No implicaría inscripción automática en registro sexual
Otra disposición establece que una convicción exclusivamente por esta nueva modalidad no provocaría, por sí sola, la inscripción de la persona convicta en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores.
Sin embargo, esa excepción no impediría la inscripción cuando existan otras convicciones por delitos que requieran dicho procedimiento.
La iniciativa también procura diferenciar la obtención no autorizada de contenido íntimo de las conductas relacionadas con su divulgación o transmisión a terceros, evitando la imposición de penas duplicadas por los mismos actos cuando constituyan delitos de mayor gravedad.
El Proyecto del Senado 1630 deberá completar el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley. De recibir la aprobación requerida, sus disposiciones entrarían en vigor inmediatamente.




