Proyecto Dignidad se une a pedidos de renuncia de Roig
La colectividad reclama una investigación independiente sobre las denuncias de Blanca Medina y los contratos cuestionados en ADSEF
Por Redacción InDiario|Política|
Proyecto Dignidad reclamó este miércoles la renuncia de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y pidió una investigación independiente sobre las denuncias formuladas por la destituida administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz.
La colectividad sostuvo que la magnitud de los fondos públicos involucrados y las versiones contradictorias ofrecidas hasta el momento requieren esclarecer tanto las circunstancias que rodearon la salida de Medina como los procesos de contratación que la exfuncionaria asegura haberse negado a firmar.
La controversia se concentra principalmente en un contrato de aproximadamente $38.5 millones relacionado con el programa Star Academy, que contemplaba utilizar fondos federales del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
Medina ha alegado públicamente que, poco después de asumir la dirección de ADSEF, Roig le indicó que debía firmar el acuerdo. Según su versión, se negó porque entendía que existían problemas relacionados con la utilización de los fondos federales y porque ADSEF no había participado en la evaluación, selección ni adjudicación del proyecto.
El contrato finalmente no fue formalizado. Según información recopilada posteriormente en un referido al Departamento de Justicia, NOLA Education LLC había sido seleccionada en enero de 2026 y, el 4 de marzo, la Administración para Niños y Familias federal advirtió que algunos componentes del proyecto podían no cumplir con los requisitos aplicables. La adjudicación fue cancelada el 19 de mayo.
Dignidad reclama investigación independiente
La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, sostuvo que las denuncias exceden lo que podría considerarse una diferencia administrativa entre funcionarias.
“Estamos hablando de una exadministradora de ADSEF que alega haber recibido presiones para poner su firma en procesos de contratación que involucraban millones de dólares y sobre los cuales había levantado objeciones”, expresó Pérez Martínez.
La dirigente reclamó que se examinen los procesos utilizados para evaluar y seleccionar proveedores, los funcionarios que intervinieron y las comunicaciones entre ADSEF y el Secretariado del Departamento de la Familia.
También pidió esclarecer si los servicios incluidos en Star Academy eran elegibles para ser sufragados con fondos TANF.
Proyecto Dignidad planteó que una investigación debería determinar el origen de las propuestas, quiénes participaron en su evaluación y qué papel tuvieron las distintas dependencias del Departamento de la Familia.
Un segundo contrato bajo cuestionamiento
Las denuncias de Medina no se limitan al proyecto Star Academy.
La exadministradora también ha señalado una propuesta de aproximadamente $300,000 para servicios de tecnología y adiestramiento que, según ha expresado, consideraba innecesarios para ADSEF.
Medina alegó además que Roig intentó intervenir en la evaluación de propuestas relacionadas con ese proceso al plantear que documentación fuera trasladada al Secretariado de Familia para ser examinada, pese a que ADSEF había constituido un comité encargado de la evaluación.
Estas expresiones constituyen alegaciones de Medina y no una determinación de que se haya cometido alguna irregularidad.
Roig rechaza las acusaciones
Roig ha negado los señalamientos de la exadministradora y los ha calificado como falsos. También ha retado a Medina a presentar sus acusaciones bajo juramento ante los organismos correspondientes.
Por su parte, la administración de la gobernadora Jenniffer González ha presentado una explicación distinta para la destitución.
La secretaria de la Gobernación, Norma Burgos Andújar, atribuyó la salida de Medina a problemas relacionados con su desempeño, incluyendo alegaciones de insubordinación y falta de atención a asuntos considerados prioritarios.
Proyecto Dignidad entiende que esas explicaciones no despejan las interrogantes sobre las contrataciones.
“Si las actuaciones fueron correctas, que la evidencia así lo demuestre; y si hubo irregularidades o presiones indebidas, quienes resulten responsables tienen que responder”, manifestó Pérez Martínez.
Crece la presión sobre Familia
El reclamo de Proyecto Dignidad se produce después de que el portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, también solicitara la renuncia de Roig a raíz de las declaraciones de Medina.
La controversia escaló además al Departamento de Justicia luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, refiriera las alegaciones de la exadministradora para que sean evaluadas. El referido no constituye una conclusión sobre la legalidad de los contratos ni sobre las actuaciones de los funcionarios señalados.
Proyecto Dignidad insistió en que el manejo de recursos destinados a familias vulnerables debe estar sujeto a controles estrictos de transparencia y fiscalización.
“Los fondos públicos pertenecen al pueblo y su manejo exige transparencia y absoluta rendición de cuentas”, concluyó Pérez Martínez.
