Renuncia Francisco Quiñones como secretario de Corrección

La salida ocurre tras meses de controversias y deja pendiente la designación de un nuevo titular para dirigir el sistema correccional.

Por Redacción InDiarioPolítica|

Lcdo Francisco Quiñones anuncia su renuncia al cargo de secretario de Corrección.
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Francisco Antonio Quiñones Rivera presentó este lunes su renuncia como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), poniendo fin a su gestión al frente de una de las agencias más complejas del Gobierno de Puerto Rico.

La salida de Quiñones Rivera se produce en momentos en que el DCR enfrenta asuntos de alto interés público, entre ellos el futuro de los servicios médicos para la población confinada, las condiciones en las instituciones penales y los esfuerzos dirigidos a combatir el narcotráfico, el contrabando y la corrupción dentro del sistema.

Designan nueva secretaria

La gobernadora anunció la designación de la licenciada Julie O. Gómez Gómez para dirigir la agencia.

La gobernadora resaltó que Julie O. Gómez Gómez acumula 23 años de experiencia en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, donde ha ocupado distintas funciones y responsabilidades. Según indicó, esa trayectoria le ha permitido desarrollar un conocimiento amplio del sistema correccional, de sus desafíos operacionales y del enfoque de rehabilitación que su administración busca impulsar para la población confinada.

“Julie O. Gómez Gómez posee una sólida formación académica y una extensa experiencia profesional dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Su dominio del sistema, capacidad administrativa, vocación de servicio y compromiso con la rehabilitación de la comunidad confinada serán esenciales para fortalecer la labor de la agencia y garantizar un sistema seguro, eficiente y orientado a la reinserción social”, expresó González Colón.

Durante su carrera, Gómez se desempeñó como técnica de servicios sociopenales I y II, funciones desde las que trabajó directamente con la población correccional. Esa experiencia le permitió conocer de cerca las necesidades de los confinados y la operación de los programas dirigidos a su rehabilitación y eventual regreso a la sociedad.

Además, ha trabajado en el manejo de casos vinculados a las Salas Especializadas de Violencia Doméstica y de Drogas de la Rama Judicial. También cuenta con experiencia en la administración de subvenciones federales, un componente clave para el desarrollo y financiamiento de programas especializados dentro del sistema correccional.

Asuntos quedan pendientes con la salida de Quiñones

Uno de los principales asuntos que quedaron bajo la secretaría de Quiñones fue el proceso para sustituir a Physician Correctional como proveedor de servicios médicos en las cárceles. Aunque el gobierno había iniciado gestiones para cancelar el contrato y seleccionar una nueva compañía, el procedimiento quedó involucrado en una controversia judicial que paralizó temporalmente la contratación de un sustituto.

La gestión de Quiñones Rivera también estuvo marcada por varias querellas presentadas por empleadas y exempleadas de la agencia, con alegaciones de acoso laboral, hostigamiento sexual, discrimen y represalias. El funcionario rechazó públicamente los señalamientos, los calificó como falsos y sostuvo que respondían a intereses afectados por las decisiones administrativas adoptadas durante su incumbencia.

En junio, la gobernadora Jenniffer González Colón lo nominó para regresar a la Judicatura como juez superior del Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, la designación fue retirada dos días después, luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, planteara que no existía tiempo suficiente para evaluar el nombramiento y señalara las querellas pendientes contra el funcionario.

Quiñones Rivera había ejercido anteriormente como fiscal auxiliar, comisionado de la Policia Municipal de Ponce, y juez superior, experiencia que fue destacada por La Fortaleza cuando fue seleccionado para dirigir Corrección. Durante su gestión, el funcionario resaltó iniciativas contra el contrabando, aumentos salariales para empleados y programas educativos y de rehabilitación dirigidos a la población correccional.