Rivera Schatz denuncia “doble beneficio” de Ley 60 mediante venta de casas vía LLCs

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, levantó bandera este viernes sobre una presunta laguna en la implementación de la Ley 60, también conocida como la Ley de Incentivos para Residentes Inversionistas (anteriormente Ley 22), mediante la cual individuos pueden acogerse a exenciones contributivas si se mudan a Puerto Rico y realizan inversiones, incluyendo la compra de una residencia principal.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Rivera Schatz expresó preocupación con el mecanismo utilizado por algunos beneficiarios para adquirir propiedades a nombre de corporaciones de responsabilidad limitada (LLC), lo que, según él, permite la distorsión del mercado y viabiliza la evasión contributiva.

“El proyecto de Ley (PS 505) para extender los beneficios de la Ley 60 es positivo, pero hay unos detalles que trajeron a mi atención y quiero examinar con detenimiento”, escribió el senador al iniciar su mensaje.

Según explicó Rivera Schatz, los inversionistas estarían comprando residencias en Puerto Rico mediante LLCs y, posteriormente, cuando desean vender la propiedad, lo hacen indirectamente vendiendo las acciones de la corporación. Esto les permite evitar el pago de contribuciones sobre ganancias de capital —ya que las ventas de acciones están exentas bajo la Ley 60— y otros costos relacionados al traspaso de inmuebles.

“Esto se convierte en un subterfugio (un área gris) de la Ley donde dice que las ganancias de capital de ventas de acciones están exentas de contribuciones”, sostuvo en su mensaje.

“Cuando deciden vender esa propiedad, lo hacen vendiendo las acciones de la LLC, siendo el único o principal bien la residencia. Esta circunstancia está derrotando el propósito de la Ley al otorgar un doble beneficio”, apuntó el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En su contundente publicación, el líder senatorial identificó al menos siete efectos negativos que esta práctica tendría fuera del ámbito estrictamente legal de la Ley 60, incluyendo:

• Competencia desleal en el mercado de bienes raíces.
• Evasión de contribuciones sobre la venta real de la propiedad.
• Ocultación de aumentos en valor para efectos del CRIM.
• Falta de información para el Departamento de Hacienda.
• No pago de sellos ni derechos de inscripción en el Registro de la Propiedad.
• No pago de honorarios notariales.
• Transición del rol de corredores de bienes raíces a “brokers” de acciones.

Su mensaje surge en momentos en que el Senado aprobó el Proyecto del Senado 505, una medida que propone extender o modificar los beneficios contributivos de la Ley 60. Aunque Rivera Schatz reconoce que el proyecto es positivo, adelantó que propondrá enmiendas para cerrar la puerta a estos usos que considera contrarios al espíritu de la ley.

“Me propongo buscar la manera de aclarar la Ley a los fines de que la ganancia de capital en venta de acciones no se extienda a la venta de las acciones de la entidad cuyo único o principal activo es el bien inmueble que es la residencia del individuo”, anunció.

Además, expresó intención de imponer una obligación adicional a los beneficiarios, al exigirles que "se invierta una cantidad razonable en la banca local”.

La Ley 60 ha sido centro de debate desde su promulgación por el impacto en los precios de vivienda, la presión sobre el mercado de alquiler y la percepción de trato preferencial a inversionistas foráneos.

Con el PS 505 en trámite legislativo, la nueva postura de Rivera Schatz podría retrasar su aprobación o implicar cambios sustanciales al lenguaje legislativo antes de su paso por la Cámara de Representantes.

Este nuevo giro del presidente senatorial —quien ha sido defensor de incentivos a la inversión en el pasado— sugiere un reconocimiento de los efectos no deseados del esquema y abre la puerta a un nuevo ciclo de discusión sobre el alcance y las condiciones de las leyes de incentivos en la isla.