Trump destituye a otro miembro de la Junta Fiscal

Andrew Biggs, uno de los únicos dos miembros que permanecían activos en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico, fue destituido por orden del presidente Donald J. Trump, según confirmaron fuentes con conocimiento directo de la decisión a INDIARIO.

Minutos más tarde, el organismo rector de las finanzas públicas de la isla lo confirmó en un comunicado de prensa.

"La Junta de Supervisión ha sido informada por la Casa Blanca que la administración del presidente Donald J. Trump despidió a Andrew G. Biggs de su cargo como miembro de la Junta de Supervisión. La Junta de Supervisión continúa sus operaciones cotidianas y su trabajo con la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en las prioridades relativas a la responsabilidad fiscal según lo exige PROMESA", lee el escrito.

Con esta salida, ya son seis de siete los integrantes removidos en menos de dos semanas, lo que representa el disloque estructural y decisional más significativo en la Junta desde su creación en 2016.

Biggs se había mantenido en su cargo junto a John Nixon, tras la destitución de Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas, ocurrida el viernes anterior mediante correos electrónicos enviados individualmente. INDIARIO obtuvo copia de los mensajes en primicia a través de un funcionario de la Casa Blanca.

Biggs fue uno de los siete miembros fundadores de la JSF, designado bajo la presidencia de Barack Obama, como parte de la implementación de la Ley PROMESA. Economista con enfoque en pensiones públicas y seguridad social, Biggs fue subdirector de la Administración del Seguro Social federal y es investigador del American Enterprise Institute (AEI), un centro de pensamiento conservador.

Durante su tiempo en la Junta, Biggs se destacó por sus posturas técnicas sobre la sostenibilidad fiscal del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas, especialmente en áreas de pensiones y presupuestos estructurales.

Según reveló INDIARIO el pasado lunes, un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que la Junta “ha sido dirigida de forma ineficiente e ineficaz por sus miembros durante demasiado tiempo” y que había llegado el momento de “restaurar un liderato con sentido común”.

El informante citó como motivaciones salarios exorbitantes (hasta 1,065 % más que el ingreso medio en Puerto Rico), opacidad institucional, incluso blindada por el Tribunal Supremo federal, fracaso en reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), honorarios a consultores que superan los $2,000 millones, de los cuales $440 millones se le han cargado directamente a la AEE, entre otras razones.

La posible salida de Biggs reconfigura por completo el futuro inmediato de la Junta. Algunas fuentes legales, como el exmiembro David Skeel, han sugerido que los exmiembros podrían impugnar su remoción en los tribunales. No obstante, la realidad operativa actual es que Trump tiene vía libre para rehacer la composición del organismo casi en su totalidad.

Mientras tanto, persisten interrogantes clave como si se nombrarán nuevos miembros en cuestión de días, si cambiará el curso del proceso de quiebra o si se abrirá paso a enmiendas a la Ley PROMESA.

Lo cierto es que, con esta nueva salida, el control de la Junta ha quedado casi completamente en manos del Ejecutivo federal, en un momento crítico para la reestructuración financiera de Puerto Rico.