Senado confirma a Luis Augusto Martínez como secretario de Vivienda
Asume en propiedad una agencia clave para fondos federales y reconstrucción
Por Redacción InDiario|Política|
El Senado de Puerto Rico confirmó este lunes al licenciado Luis Augusto Martínez Román como secretario en propiedad del Departamento de la Vivienda, colocando oficialmente al frente de una de las agencias más sensitivas del gobierno a quien ya venía dirigiendo la dependencia de forma interina desde mediados de marzo.
La confirmación llega en un momento clave para la política pública de vivienda en la Isla, marcada por el manejo de fondos federales, la reconstrucción post-María, los programas de vivienda asequible y la necesidad de acelerar procesos que por años han sido señalados por burocracia, lentitud y falta de controles.
Martínez Román fue nominado por la gobernadora Jenniffer González Colón el pasado 6 de abril, luego de que asumiera interinamente la secretaría tras la salida de Ciary Pérez Peña. Según la página oficial del Senado, su nombramiento había sido recibido ese mismo día como secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.
Durante la evaluación senatorial, Martínez Román defendió su capacidad para dirigir la agencia y presentó su visión de trabajo enfocada en coordinación intergubernamental, agilidad administrativa y acceso a vivienda digna. “Mi rol será facilitar, coordinar y agilizar. Ser un puente entre el gobierno federal, las agencias, los municipios, el sector privado y nuestras comunidades”, sostuvo el funcionario durante su ponencia.
El nuevo secretario también afirmó que su visión para Vivienda será “fortalecer una política pública de vivienda asequible, moderna y digna”, expresión que ahora queda bajo el crisol de la ejecución. La agencia no solo administra programas tradicionales de vivienda pública y asistencia comunitaria, sino que también tiene bajo su responsabilidad una parte sustancial de los fondos federales de recuperación y mitigación asignados a Puerto Rico.
El reto no es menor. El programa CDBG-DR, administrado por el Departamento de la Vivienda, recibió una asignación de $10,000 millones para apoyar la recuperación de la Isla tras los huracanes Irma y María, incluyendo reconstrucción de hogares, asistencia a comunidades vulnerables y desarrollo económico.
La confirmación también ocurre días después de que la Oficina del Contralor revelara deficiencias en el Programa R3, financiado con fondos federales CDBG-DR. El informe cubrió el periodo de enero de 2018 a diciembre de 2023 y señaló fallas en elegibilidad, ejecución de obras y controles internos. Entre los hallazgos, se identificó un caso en el que se desembolsaron $253,139 para reconstruir una vivienda que nunca fue habitada por el beneficiario porque terminó en manos de un banco mediante ejecución hipotecaria.
Ese señalamiento coloca sobre Martínez Román una encomienda inmediata: demostrar que la agencia puede combinar sensibilidad social con rigor administrativo. En una dependencia que maneja fondos federales, contratos, proyectos de reconstrucción y programas para familias vulnerables, la buena intención no basta. El cumplimiento, la transparencia y la fiscalización son parte esencial del cargo.
Martínez Román llega además tras una transición provocada por la renuncia de Pérez Peña, quien salió de Vivienda en medio de controversias relacionadas con un centro de inspección que figuraba a su nombre. Primera Hora reseñó que la gobernadora confirmó su renuncia en marzo, efectiva el lunes siguiente.
La Fortaleza había descrito a Martínez Román como un abogado con trayectoria en el servicio público y el sector legal, con preparación en Justicia Criminal por la Universidad Interamericana de Puerto Rico y Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico.
Ahora, con el aval senatorial, el funcionario deja de ser una figura de transición para convertirse en el responsable político y administrativo de una agencia llamada a responder en varios frentes: acelerar la reconstrucción, proteger el uso correcto de fondos federales, atender la falta de vivienda asequible y coordinar con HUD en un momento de cambios regulatorios desde Washington.
Para la administración González Colón, la confirmación representa estabilidad en una agencia estratégica. Para el Senado, supone dar paso a un funcionario que tendrá que rendir cuentas sobre resultados concretos. Y para miles de familias que todavía esperan por una solución de vivienda, la expectativa será mucho más sencilla: menos excusas, más techos y procesos que finalmente funcionen.
