Bajan las aguas entre Justicia y Senado por investigación Roig
Luis Javier Hernández acudirá hoy a Justicia tras choque por expediente
Por Redacción InDiario|Política|
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, acude hoy lunes al Departamento de Justicia para sostener una reunión formal con la secretaria Lourdes Gómez Torres, luego de una controversia que escaló rápidamente la semana pasada y colocó nuevamente sobre la mesa la tensión entre la Rama Legislativa y el principal ente investigador del gobierno.
El encuentro surge tras días de fuertes señalamientos, citaciones bajo apercibimiento de desacato, advertencias públicas desde la presidencia del Senado y una posterior conversación entre Hernández Ortiz y Gómez Torres a las afueras de un programa televisivo, donde ambas partes acordaron abrir un canal formal de comunicación, pero sin condiciones ni amenazas.
La controversia comenzó cuando miembros de la delegación popular en el Senado denunciaron públicamente que el Departamento de Justicia había entregado un expediente incompleto relacionado con el caso de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. Según los senadores populares, al expediente presuntamente le faltaban páginas y documentos que, a su juicio, podían ser relevantes para evaluar si procedía o no reabrir la pesquisa.
Como parte de esa ofensiva legislativa, la delegación popular citó a la secretaria de Justicia para comparecer a una reunión en el Senado. Sin embargo, Gómez Torres rechazó los señalamientos de que Justicia hubiera ocultado información y sostuvo que el expediente remitido correspondía al material que tenía la agencia al momento de tomar su determinación. El jueves, en una entrevista radial, la Secretaria dijo que "esas 24 páginas no estaban en el expediente de Justicia", y que fue el departamento de Salud quien las envió. Dijo que de surgir nueva prueba, analizaría reabrir la investigación; no quedó claro si esos documentos de Salud serían considerados como nueva evidencia.
La respuesta del Departamento de Justicia no se quedó en una defensa pública. La agencia emitió citaciones a miembros de la delegación popular en calidad de potenciales testigos, bajo apercibimiento de desacato. Esa movida fue interpretada en el Senado como una reacción desproporcionada frente a una gestión legislativa de fiscalización.
El episodio provocó la intervención directa del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien en sus habituales mensajes públicos defendió la facultad constitucional del cuerpo legislativo y el derecho de las minorías parlamentarias a realizar señalamientos, solicitar información y fiscalizar al Ejecutivo.
Rivera Schatz advirtió que el Senado no permitiría que se intimidara a legisladores por ejercer sus funciones y dio hasta el lunes al mediodía para que Justicia dejara sin efecto las citaciones cursadas a los senadores populares. El planteamiento del presidente senatorial convirtió el diferendo en un choque institucional de mayor alcance, más allá del caso particular de Roig Fuertes.
La tensión comenzó a bajar luego de que Gómez Torres y Hernández Ortiz coincidieran fuera de un programa televisivo y acordaran una reunión en el Departamento de Justicia. Según ha trascendido, el encuentro de hoy no se produce bajo los términos de una citación compulsoria, sino como una reunión formal entre el portavoz popular y la secretaria.
Con esa fórmula, ambas partes buscan atender la controversia sin que el asunto continúe escalando hacia una pugna entre poderes o hacia una batalla judicial. Aun así, el trasfondo político e institucional permanece vivo: de un lado, Justicia defiende la integridad del expediente y la determinación tomada en el caso; del otro, senadores del PPD insisten en que existen preguntas sin contestar sobre la documentación recibida.
El caso de Suzanne Roig Fuertes ha generado atención pública porque involucra la evaluación de documentos relacionados con actuaciones mientras laboraba en el Departamento de Salud, previas a su llegada al Departamento de la Familia. La delegación popular ha sostenido que la información entregada por Justicia no despejó todas las dudas, mientras la secretaria Gómez Torres ha rechazado que la agencia haya actuado de manera irregular.
La reunión de hoy se convierte, por tanto, en una prueba política para ambas partes. Para Justicia, representa una oportunidad de explicar su manejo del expediente y defender su determinación. Para Hernández Ortiz y la delegación popular, es el espacio para insistir en sus reclamos de acceso a información completa y en la prerrogativa legislativa de fiscalizar sin quedar expuestos a citaciones de carácter intimidante.
Aunque el encuentro podría reducir la confrontación inmediata, el Senado mantiene su mirada sobre el Departamento de Justicia. La controversia dejó una pregunta de fondo que todavía no se ha disipado: hasta dónde puede llegar una agencia investigativa al responder a cuestionamientos legislativos, y hasta dónde puede llegar el Senado cuando reclama información sobre una pesquisa cerrada.
