Senado investiga denuncias de presiones en DDEC y Fortaleza
Resolución de Thomas Rivera Schatz examina querella de Sebastián Negrón contra Domenech, García y otros funcionarios.
Por Redacción InDiario|Política|
El Senado de Puerto Rico inició el proceso para investigar formalmente las alegaciones contenidas en la querella presentada el pasado 15 de junio ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.
La medida, identificada como la Resolución del Senado 548, fue radicada únicamente por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y refiere la pesquisa a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado.
La resolución surge tras las denuncias de Negrón Reichard, quien alegó intervenciones indebidas, posibles conflictos de interés y delitos presuntamente cometidos por funcionarios de alto nivel, incluyendo el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, y otros funcionarios o particulares.
Investigación abarcará a Domenech, García y otros funcionarios
El texto legislativo ordena una investigación “exhaustiva” sobre las alegaciones contenidas en la querella presentada por Negrón Reichard.
Entre los asuntos que el Senado pretende examinar figura el proceso competitivo RFP-DDEC-OGPe-2026-06, sobre el cual se alega que existieron presiones dirigidas a inclinar la adjudicación hacia un proponente determinado.
La resolución también incluye la revisión del origen, manejo y fiscalización de los fondos federales comprometidos en esa contratación.
Alegan interferencia en investigaciones internas
Otro de los puntos bajo escrutinio será la alegada intervención de Domenech y otros funcionarios en la evaluación e investigación interna que adelantaba el DDEC.
Según la resolución, el Senado examinará cómo esa intervención pudo incidir en la paralización de suspensiones sumarias que la autoridad nominadora ya había firmado como resultado de sus hallazgos.
Politank y Opus Miramar bajo la lupa
La medida también ordena investigar la presunta intervención de Domenech a favor de empresas e intereses representados por la firma Politank, tanto antes como después del 2 de enero de 2025.
Entre los asuntos mencionados específicamente figura el proyecto Opus Miramar, incluyendo decretos contributivos, contratos y otras gestiones gubernamentales relacionadas.
Además, la comisión deberá evaluar la compatibilidad entre lo declarado por Domenech bajo juramento ante la Comisión Total del Senado y las alegaciones incluidas en la querella.
Posibles conflictos de interés
La investigación también examinará contratos gubernamentales vinculados a Itza García y el alegado conflicto de interés que, según el documento, beneficiaría a su pareja sentimental, concubino o prometido.
La resolución menciona además un presunto patrón de inhibiciones recíprocas entre García y Domenech, mediante el cual cada uno atendería asuntos de los que el otro debía apartarse por mediar un interés económico.
Denuncias de represalias e intimidación
Otro componente de la pesquisa será determinar si ocurrieron represalias, amenazas o actos de intimidación contra las empleadas denunciantes y otros servidores públicos del DDEC.
La comisión tendrá autoridad para requerir contratos, propuestas, comunicaciones y documentación relacionada con los hechos, así como identificar a las personas naturales o jurídicas que participaron en los procesos investigados.
Posibles referidos a Justicia, OPFEI y agencias federales
La resolución menciona posibles violaciones al Código Anticorrupción, al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental y a normas federales relacionadas con fondos públicos.
También autoriza a la comisión a identificar funcionarios, exfuncionarios o particulares cuya conducta pudiera generar responsabilidad penal, civil o administrativa.
El Senado podrá coordinar sus trabajos con la Comisión Total que ya evalúa asuntos relacionados con Domenech, con el objetivo de evitar duplicidad y procurar mayor economía procesal.
Los hallazgos de la investigación podrían servir de base para referidos a la OPFEI, al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental o a las agencias federales correspondientes.
