Tal y como había propuesto el presidente electo Donald Trump durante uno de sus mítines políticos, un senador republicano presentó un proyecto de ley para eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos.
Se trata del representante Mike Rounds quien sometió el 21 de noviembre el proyecto de ley S.5384, titulado "Returning Education to Our States Act" (Ley para Devolver la Educación a Nuestros Estados). Esta legislación busca eliminar el Departamento de Educación federal y transferir sus funciones a los gobiernos estatales y locales.
“El Departamento de Educación federal nunca ha educado a un solo estudiante, y ya es hora de poner fin a este Departamento burocrático que causa más daño que bien”, dijo Rounds en un comunicado de prensa en el que destacó la idea de Trump sobre el tema.
El plan de Trump para eliminar el Departamento de Educación implicaría redistribuir sus funciones financieras y regulatorias a otras agencias o a los estados. Actualmente, el departamento distribuye miles de millones en fondos federales a escuelas y universidades, gestiona la cartera de préstamos estudiantiles federales y hace cumplir leyes de derechos civiles en el ámbito educativo. Cerrar el departamento requeriría la aprobación del Congreso y enfrentaría desafíos políticos y prácticos significativos, por lo que la medida de Rounds representa el primer paso en 2024 hacia esa dirección.
“Las juntas escolares locales y los Departamentos de Educación estatales saben mejor lo que necesitan sus estudiantes, no los burócratas no electos en Washington, D.C.", abundó el legislador y exgobernador de Dakota del Sur sobre la pieza legislativa de su autoría, la cual aún no cuenta con couatores al momento.
La medida establece que el Departamento de Educación cesará sus operaciones 180 días después de la promulgación de la ley. La legislación argumenta que las decisiones educativas deben ser administradas a nivel estatal, permitiendo a las comunidades locales desarrollar programas más alineados con sus necesidades y valores culturales y económicos.
Además, se prevé que algunos programas federales clave puedan ser reasignados a otras entidades según las disposiciones de la ley, pero el Departamento como tal, que dirigiría la exejecutiva de la WWE y pasada directora de la Administración de Pequeños. Negocios, Linda McMahon, sería eliminado.
Bajo el argumento de que la centralización del sistema educativo bajo una agencia federal ha generado una burocracia costosa que no ha demostrado mejoras significativas en los resultados académicos, el senador republicano plantea que los estados están mejor preparados para diseñar programas que reflejen sus realidades específicas para promover una mayor eficiencia en la administración de recursos.
¿Qué significaría esto para Puerto Rico?
En 2019, el Departamento de Educación de los Estados Unidos impuso la supervisión de un síndico federal sobre el Departamento de Educación de Puerto Rico debido a preocupaciones sobre el manejo de los fondos federales. La firma Álvarez & Marsal fue contratada en 2021 para desempeñar este rol, con un contrato inicial valorado en $79.6 millones. Este síndico tiene la responsabilidad de garantizar que los fondos sean utilizados de manera adecuada y eficiente.
La intervención del síndico federal generó polémica en Puerto Rico, dado que muchos consideran esta medida como una afrenta a la autonomía local y cuestionario la selección de la compañía. A pesar de su objetivo declarado de mejorar la administración, la presencia del síndico ha sido señalada como un gran obstáculo burocrático y un gasto excesivo innecesario.
Además, figuras públicas como el analista político y licenciado Eddie López Serrano han criticado lo que, a su juicio, son intereses ocultos detrás de las decisiones del Departamento de Educación federal relacionadas con Puerto Rico. Según López Serrano, existen agendas no declaradas que van más allá de la sana administración pública y que están influenciando en las prioridades educativas de la isla para beneficiar económicamente a particulares. Esto plantea interrogantes sobre cómo propuestas como la del senador Rounds podría afectar, o beneficiar a Puerto Rico, donde la dependencia de fondos federales para la educación es significativa.
De concretarse la propuesta de Rounds, surgirían interrogantes sobre cómo Puerto Rico podría manejar de manera independiente los fondos y programas que actualmente administra el Departamento federal. Esto plantea un debate sobre si la descentralización sería un beneficio o un desafío para una isla cuya dependencia de financiamiento federal en educación es alta.