Senadora denuncia servicios de LAP Consulting en Familia
Álvarez Conde pide al Contralor y a la Inspectora General investigar si la firma evaluó propuestas y cobró por servicios fuera de contrato.
Por Redacción InDiario|Política|
La controversia por el fallido contrato de $38.5 millones para implementar el programa educativo Star Academy sumó este jueves un nuevo capítulo, luego de que la senadora Ada Álvarez Conde radicara una denuncia ante la Oficina del Contralor y la Oficina de la Inspectora General para investigar los servicios prestados por LAP Consulting Group al Departamento de la Familia.
La legisladora solicitó que se examine la participación de la firma privada en la evaluación de propuestas vinculadas a NOLA Education, particularmente si realizó trabajos que no estaban contemplados en su contrato y si recibió pagos por esos servicios.
Según Álvarez Conde, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, delegó la evaluación de propuestas en LAP Consulting Group, pese a que la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) contaba con un comité evaluador integrado por profesionales con experiencia en el manejo de fondos federales del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
“Estamos solicitando que se investigue por qué se recurrió a un contratista cuando la agencia contaba con un comité evaluador y, sobre todo, bajo qué autoridad contractual se prestaron esos servicios. El uso de fondos públicos exige contratos claros, justificación y cumplimiento con la ley”, expresó la senadora.
Cuestionan cláusula añadida meses después
Uno de los principales señalamientos de la denuncia se relaciona con las funciones autorizadas a LAP Consulting Group al momento de realizar la evaluación.
De acuerdo con la legisladora, el contrato vigente cuando se evaluaron las propuestas no incluía específicamente el servicio de “Evaluación de Propuestas y Procesos Competitivos”.
Esa disposición habría sido incorporada posteriormente, durante la renovación contractual de julio de 2026, meses después de que se realizara el proceso relacionado con NOLA Education.
“Añadir una cláusula meses después no contesta la pregunta fundamental: ¿qué autorizaba al contratista a realizar ese trabajo cuando lo hizo? Corresponde examinar el contrato vigente, las instrucciones impartidas, las facturas y cualquier desembolso relacionado”, sostuvo Álvarez Conde.
La senadora pidió verificar si la empresa facturó o recibió compensación por servicios no expresamente contemplados en el acuerdo original, además de identificar la procedencia de los fondos utilizados para cualquier pago.
La denuncia también solicita examinar el cumplimiento de la Ley 237 de 2004, que establece los parámetros para la contratación de servicios profesionales y consultivos en el Gobierno de Puerto Rico.
Roig Fuertes defendió contratación externa
La participación de LAP Consulting Group también fue objeto de cuestionamientos durante la vista pública celebrada el miércoles en el Senado, donde comparecieron Roig Fuertes y la destituida administradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz.
Ante preguntas del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, sobre la necesidad de contratar una firma externa para evaluar las propuestas, la secretaria defendió la utilización de un evaluador independiente debido a la magnitud del proyecto.
La controversia gira alrededor de la propuesta para implementar Star Academy en 25 escuelas públicas, con fondos TANF, mediante una iniciativa dirigida a atender el rezago académico y prevenir la deserción escolar.
Aunque NOLA Education fue seleccionada en el proceso evaluativo, Roig Fuertes ha sostenido que el contrato nunca llegó a formalizarse.
Sin embargo, el proceso ha generado cuestionamientos sobre la participación de ADSEF, la documentación utilizada para comparar las propuestas y los criterios empleados para recomendar a la empresa.
También investigarán posibles desembolsos
Álvarez Conde vinculó su nueva denuncia a las interrogantes que han surgido sobre la utilización de fondos TANF para sufragar un viaje oficial a Nueva Orleans, relacionado con el programa educativo.
Durante la investigación senatorial se discutió que el viaje, realizado en diciembre de 2025, representó gastos de aproximadamente $7,610.80 provenientes de fondos federales.
“Los fondos TANF tienen una finalidad dirigida a atender las necesidades de familias vulnerables. Cada dólar debe utilizarse conforme a las normas aplicables”, sostuvo la legisladora.
La senadora insistió en que resulta necesario establecer quién autorizó a LAP Consulting Group a realizar la evaluación, qué servicios fueron efectivamente prestados, si estos se facturaron y si se efectuaron desembolsos.
La presentación de la denuncia no constituye una determinación de ilegalidad ni establece que la firma haya cobrado indebidamente. Corresponderá a los organismos fiscalizadores examinar los contratos, las facturas y los demás documentos antes de determinar si existieron incumplimientos o responsabilidades administrativas.
“Mi compromiso es procurar que se conozca la verdad y que los recursos destinados a nuestras familias se administren correctamente. Seguiremos dando seguimiento a esta denuncia y exigiendo respuestas. Seguimos fiscalizando”, concluyó Álvarez Conde.
