Torres exige transparencia en plan salarial del Gobierno
Resolución de la Cámara 831 busca aclarar quiénes quedaron fuera de los ajustes y qué etapas faltan en el plan salarial.
Por Redacción InDiario|Política|
El representante popular Domingo J. Torres García pidió investigar la implementación del Plan de Clasificación y Retribución del Gobierno de Puerto Rico ante reclamos de empleados públicos que aseguran haber quedado fuera de los ajustes salariales y desconocer si serán incluidos en etapas posteriores.
Torres García, portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, radicó la Resolución de la Cámara 831 para ordenar a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales una investigación sobre la ejecución del plan, los criterios utilizados para otorgar aumentos y los pasos que todavía quedan pendientes.
“Tenemos empleados públicos de distintos sectores y de todas las ideologías políticas que están levantando un reclamo legítimo: sienten que se cambió la manera en que se está haciendo justicia salarial en el Gobierno”, sostuvo el legislador.
Según Torres García, existen servidores públicos con años de experiencia que no recibieron ajustes y que tampoco han recibido información precisa sobre cuándo o bajo qué criterios podrían beneficiarse de futuras fases del plan.
La investigación propuesta incluiría además el alcance del Memorando Especial Núm. 14-2026, emitido por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).
El memorando requiere a las entidades cubiertas por la Ley 8-2017 información relacionada con sus empleados, incluyendo nombres, salarios mensuales y cambios en sus funciones o puestos. También solicita datos de entidades excluidas de esa legislación que hayan actualizado sus respectivos planes de clasificación y retribución.
Para Torres García, la solicitud de nueva información a las agencias aumenta la necesidad de explicar qué ocurrirá con los trabajadores que no fueron beneficiados durante la primera etapa.
“Ahora se solicita información adicional a las agencias, pero los empleados necesitan saber qué significa esto para ellos, qué etapas faltan y cuándo podrían recibir un ajuste salarial. La incertidumbre también es una forma de injusticia”, expresó.
Investigación tendría plazo de 90 días
La Resolución de la Cámara 831 permitiría a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales celebrar vistas públicas, citar funcionarios gubernamentales y organizaciones representativas de los empleados públicos, requerir documentos y efectuar inspecciones relacionadas con la implementación del plan.
La medida establece además que la comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un término máximo de 90 días luego de aprobada la resolución.
Torres García también envió una comunicación al presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, Roberto J. López Román, solicitándole que dé curso a la medida y atienda los reclamos planteados por empleados públicos.
El legislador argumentó que una revisión del plan no debe limitarse a determinar quién recibió o no un aumento, sino analizar el impacto que tendría una política salarial más amplia sobre la retención de empleados y la economía.
“Cuando hablamos de un aumento salarial para un empleado público no estamos hablando solamente de un número en una nómina. Estamos hablando de una familia que enfrenta el alto costo de vida, de un trabajador que lleva años sirviendo al país y de dinero que vuelve a circular en nuestros comercios y comunidades”, indicó.
Torres García insistió en que la pesquisa debe realizarse fuera de consideraciones partidistas, al asegurar que las preocupaciones sobre los ajustes salariales han surgido entre trabajadores de distintas afiliaciones políticas y dependencias gubernamentales.
“Mi compromiso es que sus voces sean escuchadas y que podamos determinar qué ocurrió con quienes quedaron fuera de los ajustes y qué alternativas existen para hacerles justicia”, concluyó.
