Gobierno rebate los $1,300 millones que reclama LUMA

El Gobierno de Puerto Rico rechazó este martes el cálculo de $1,300 millones presentado por LUMA Energy ante el Tribunal Supremo como posible consecuencia de anular la extensión de su contrato, al sostener que aproximadamente el 70% de esa cantidad corresponde a obligaciones operacionales que existirían independientemente de quién administre el sistema eléctrico.

La controversia surge luego de que el operador privado advirtiera al máximo foro judicial que invalidar la llamada Carta-Extensión de noviembre de 2022 tendría consecuencias económicas significativas, además de poner en riesgo fondos federales de reconstrucción y miles de empleos.

Sin embargo, el Gobierno, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuestionaron que LUMA incluya en sus estimaciones gastos operacionales, balances de efectivo y cuentas pendientes con suplidores que no necesariamente surgirían como consecuencia de una transición.

El zar de Energía, Josué Colón Ortiz, sostuvo que la administración de Jenniffer González Colón continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para exigir resultados a la empresa.

“Esta administración está defendiendo al pueblo de Puerto Rico de una empresa que mantiene al pueblo con un servicio esencial deficiente”, expresó Colón Ortiz.

Cuestionan partidas incluidas en los $1,300 millones

Según el desglose presentado por LUMA, la estimación incluye $143.3 millones por un cargo contractual de terminación, $117.8 millones por una transición de salida y otros $117.8 millones para la entrada de un nuevo operador.

Sin embargo, la compañía también incorporó aproximadamente $588.3 millones en fondos que la AEE tendría que mantener disponibles para operaciones y otros $347.1 millones en cuentas pendientes con suplidores.

Estas últimas dos partidas representan alrededor del 70% del cálculo total que el Gobierno considera improcedente atribuir directamente a la eventual salida de LUMA.

La administración sostiene que los problemas de liquidez, las cuentas por pagar y los gastos ordinarios del sistema eléctrico no desaparecerían ni surgirían exclusivamente por sustituir al operador privado.

Colón Ortiz recordó que el contrato vigente responsabiliza a LUMA de administrar los presupuestos operacionales, los procesos de facturación y cobro, la gestión de reembolsos federales y el control de gastos.

Por tanto, el Gobierno cuestiona que la empresa utilice esas obligaciones para justificar el impacto económico que tendría invalidar la extensión contractual.

Gobernadora acusa a LUMA de inflar los números

La gobernadora Jenniffer González Colón también rechazó públicamente las estimaciones del operador y cuestionó su manejo de los fondos federales asignados para reconstruir la red eléctrica.

“Rechazo categóricamente las expresiones que LUMA hizo en su alegato. Yo creo que son completamente falsas”, manifestó la mandataria durante una actividad en Bayamón.

González Colón alegó que la empresa ha presentado cifras infladas y sostuvo que el verdadero problema está relacionado con la legalidad del procedimiento utilizado para extender el contrato en noviembre de 2022.

La primera ejecutiva reiteró que su administración favorece sustituir a LUMA por otro operador privado con experiencia en el sistema eléctrico estadounidense, descartando que la AEE retome permanentemente la operación de transmisión y distribución.

LUMA responde y defiende su desempeño

LUMA Energy rechazó los señalamientos del Ejecutivo y sostuvo que la controversia judicial no trata sobre supuestos incumplimientos de la empresa, sino sobre la validez de la extensión contractual aprobada hace casi cuatro años.

La compañía defendió su desempeño y aseguró que ha conseguido más de $6,200 millones en fondos federales para 385 proyectos de reconstrucción, de los cuales, según sus cifras, $2,900 millones ya han sido invertidos.

También destacó que emplea a más de 4,000 personas en Puerto Rico y mencionó trabajos relacionados con el manejo de vegetación y la instalación de transformadores.

Por su parte, el vicepresidente de LUMA, José Pérez, aclaró que los $1,300 millones no representan una cantidad que la compañía esté exigiendo para abandonar Puerto Rico, sino una estimación de obligaciones y costos que, según su interpretación contractual, podrían producirse ante una terminación anticipada.

La empresa insiste en que la extensión fue legalmente autorizada y que invalidarla sin un plan de sustitución podría afectar la continuidad de las operaciones y los proyectos de reconstrucción.

Tribunal Supremo tendrá la última palabra

La controversia central ante el Tribunal Supremo gira en torno a si la Carta-Extensión aprobada en noviembre de 2022 cumplió con los requisitos legales y regulatorios correspondientes.

El Gobierno sostiene que esa extensión modificó sustancialmente el acuerdo original al eliminar una fecha cierta para concluir el periodo interino, por lo que requería nuevas autorizaciones.

LUMA, por el contrario, argumenta que la posibilidad de extender ese periodo ya estaba contemplada en el contrato original y que no era necesario repetir el proceso de aprobación.

El Ejecutivo asegura que existen mecanismos legales y contractuales para garantizar la continuidad del servicio mientras se selecciona otro operador privado, si finalmente prevalece su posición ante el Tribunal Supremo.

Mientras tanto, la disputa económica añade un nuevo elemento al enfrentamiento entre la administración González Colón y LUMA, sin que el alto foro haya determinado todavía la validez de la extensión ni los costos que realmente podría generar su anulación.