Trump habría destituido a cinco miembros de la Junta de Supervisión Fiscal
Sin embargo, el organismo creado por la ley PROMESA afirma a InDiario que todos sus integrantes siguen activos
El presidente Donald Trump habría destituido el viernes a cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico, reveló en exclusiva Breitbart News.
Sin embargo, el ente rector de las finanzas públicas de Puerto Rico negó la información, al asegurar que sus siete integrantes continúan en funciones.
"La Junta de Supervisión cuenta con siete miembros activos y no hemos recibido información de lo contrario", reaccionó a este medio la portavoz de prensa Sylvette Santiago por escrito.
Según un funcionario de la Casa Blanca citado por el medio con conexiones al ala conservadora, fueron cesanteados el presidente de la Junta, Arthur J. González, así como Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas. El portal noticioso sostuvo que Andrew Biggs y John Nixon aú permanecen en sus puestos.
“La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico ha sido manejada de forma ineficiente e ineficaz por sus miembros gobernantes durante demasiado tiempo, y ya es hora de restaurar un liderato con sentido común”, dijo el funcionario al medio.
Los despidos surgen en medio de críticas persistentes por los elevados salarios en la Junta, que según una fuente citada por Breitbart, superan en promedio por un 1,065% el ingreso medio familiar en la isla. Un informe de The Daily Caller en 2017 reportó que el presupuesto anual en sueldos para los 14 empleados de la JSF era de $3 millones, lo que representaba un promedio aritmético de $214,000 por persona.
A esto se suma el salario del actual director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., quien fue asesor presupuestario del exgobernador demócrata de Nueva York Andrew Cuomo. Mujica devenga $625,000 anuales, más del triple de los $216,000 que ganaba en su antiguo puesto, según la revista Jacobin.
La Junta fue creada en 2016 bajo la ley PROMESA, firmada por el entonces presidente Barack Obama. En ese momento, la Casa Blanca dijo que la Junta tenía como tarea “trabajar con el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico para crear la base necesaria para el crecimiento económico y restaurar la oportunidad para los 3.5 millones de estadounidenses de Puerto Rico”.
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado múltiples críticas, entre ellas las señaladas en un artículo de Jacobin que la calificó como una entidad “antidemocrática” que opera “en secreto”.
“El territorio estadounidense de Puerto Rico ha estado en bancarrota desde 2016 y sujeto a la antidemocrática Junta de Supervisión y Administración Financiera puesta en marcha por la administración de Barack Obama”, indicó la publicación.
Por su parte, The New Yorker reportó en 2017 que la Junta desembolsó millones en pagos a firmas consultoras, incluyendo a McKinsey, que recibió más de un millón de dólares mensuales por “consultoría estratégica”.
“El viejo axioma de inversión ‘donde hay dolor, hay ganancia’ parece aplicar especialmente aquí. Los buitres que se benefician de la miseria de Puerto Rico probablemente no pasarán hambre; no se puede decir lo mismo de las personas que viven en la isla”, escribió la periodista Sheelah Kolhatkar.
La decisión de Trump marca un giro abrupto en la configuración de la JSF y podría tener repercusiones significativas para el futuro fiscal y político de Puerto Rico, que aún lidia con los efectos de la bancarrota y las medidas de austeridad impuestas por el ente rector de las finanzas públicas de la isla.
