ULTIMATUM: 24 Horas para que Hacienda entregue documentos de Sagardía

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, concedió un plazo adicional de 24 horas al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, para que entregue documentos relacionados al exsecretario de Justicia Antonio Sagardía de Jesús, en medio de un creciente pulso institucional entre las ramas de gobierno.

La advertencia surge luego de que el Tribunal de Apelaciones confirmara una orden previa que obliga a Hacienda a suministrar la información solicitada por el Senado como parte de una investigación legislativa. El dictamen judicial reafirma la facultad constitucional de fiscalización del cuerpo legislativo, validando que existe un propósito legítimo en la solicitud de datos. 

“El Tribunal fue claro. Aquí no hay espacio para excusas ni dilaciones. Hacienda tiene que cumplir con la ley y con la orden judicial”, sostuvo Rivera Schatz, al reaccionar al fallo.

El conflicto gira en torno a información contributiva vinculada a Sagardía en su rol como contratista del gobierno. El Senado busca corroborar el cumplimiento de obligaciones fiscales y contractuales, incluyendo si se emitieron formularios como W-2 o 480, y en qué circunstancias. 

Inicialmente, el Tribunal de Primera Instancia había otorgado 48 horas a Hacienda para cumplir con la entrega de documentos, bajo apercibimiento de desacato civil. Sin embargo, la agencia se resistió, alegando que los datos están protegidos por disposiciones constitucionales y el Código de Rentas Internas.

El Tribunal de Apelaciones, no obstante, rechazó ese argumento. En su decisión, sostuvo que la información requerida no constituye una divulgación de datos personales sensibles ni de planillas contributivas completas, por lo que no activa protecciones constitucionales de intimidad. Asimismo, enfatizó que un mandato judicial obliga a las agencias a divulgar información, incluso dentro del marco de confidencialidad contributiva.

“El Senado no va a permitir que se le oculte información al pueblo de Puerto Rico. Si no cumplen, tendrán que enfrentar las consecuencias”, añadió el líder senatorial.

El caso ha reavivado el debate sobre el balance de poderes en Puerto Rico, particularmente en torno a los límites entre la fiscalización legislativa y la confidencialidad de la información contributiva. Mientras tanto, el reloj corre para Hacienda, que enfrenta ahora un ultimátum político adicional tras la orden judicial.