PPD solicita la destitución de la secretaria de la Familia

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado aseguró este lunes que la controversia relacionada con la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes —quien supuestamente condicionó la contratación de un hogar de cuido para un paciente a la subcontratación de una empresa de seguridad— podría ser más amplia. Según alegaron, el esquema bajo investigación se pudo haber repetido en otra instalación distinta.

El señalamiento fue presentado en conferencia de prensa por el portavoz de la minoría, Luis Javier Hernández Ortiz, junto a los senadores Ada Álvarez Conde y José A. Santiago Rivera. Indicaron que los hallazgos surgen de expedientes obtenidos del Departamento de Salud y de una investigación realizada por la delegación popular en el Senado, en la que participaron varios legisladores. Se anunció que los documentos se publicarían hoy en la página de Facebook del senador Hernández Ortiz.

"Hoy estamos pidiendo la renuncia inmediata de Suzanne Roig porque ocultó información al Senado de Puerto Rico en el momento en que fue confirmada, especialmente que estaba siendo investigada por el Departamento de Justicia. Estos hechos están evidenciados en el expediente que vamos a hacer público hoy. De no renunciar, le estamos pidiendo a la gobernadora de Puerto Rico que la despida, porque realmente mintió al Senado de Puerto Rico", indicó Hernández Ortiz durante la conferencia de prensa, al referirse a la investigación en curso al momento de su confirmación.

Según la delegación, la documentación incluye declaraciones juradas y evidencia sobre posibles irregularidades en la gestión de un contrato de hasta $60,000 mensuales para el cuidado de un solo participante. Los legisladores sostienen que, tras la reubicación del paciente a un segundo hogar, se habrían repetido dinámicas similares vinculadas a la contratación de servicios, con una nueva facturación.

Los funcionarios del PPD cuestionaron por qué el Departamento de Justicia dio el caso por terminado en octubre de 2025. Asimismo, instaron a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, a entregar el expediente relacionado con la investigación. Advirtieron que, de no recibir la documentación solicitada, están dispuestos a acudir a los tribunales para obligar su divulgación.

De igual forma, señalaron que los documentos del Departamento de Salud fueron entregados el pasado viernes, día en que vencía el plazo otorgado a Justicia. 

"Aquí hay declaraciones juradas de varios testigos que indican que había un potencial esquema de favorecer a una compañía específica para brindar un servicio a un solo participante a razón de $60,000 mensuales. Y este esquema se repitió no una, sino en dos ocasiones con dos administradores, y ambos administradores, bajo juramento, se querellaron ante el Departamento de Salud. Así que nosotros estamos pidiendo, por último, que la Secretaría de Justicia nos brinde copia del expediente que ya está archivado", indicó Hernández Ortiz.

Se desprende de la investigación realizada por la delegación popular que Roig Fuertes fue directora de la División de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud entre el 1 de febrero de 2021 y el 26 de enero de 2022. En marzo de 2022, Salud presentó ante el entonces secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, un informe de investigación sobre un pago de $60,000 mensuales por los servicios a un participante del programa.

Supuestamente, según la pesquisa senatorial, Roig Fuertes pudo haber presionado a un hogar para que contratara la empresa de seguridad. "Se informó además que la hoy secretaria de la Familia promovió que se le aumentara la compensación a este proveedor de servicios...de $29,424, que fue la propuesta que había presentado, a $60,000 mensuales por un solo participante. Eventualmente, Roig Fuertes presionó a dicho proveedor para que subcontrata a esta compañía y se beneficiara de ese aumento", sostuvo la delegación popular mediante un comunicado difundido a los medios.

Práctica similar en segundo hogar

La investigación del Senado aparentemente amplía el escenario al indicar que el mismo participante fue trasladado a un segundo hogar, donde también se solicitó la contratación de la empresa de seguridad.

De acuerdo con la senadora Álvarez Conde, según el informe de Salud, antes de culminar la estadía del participante en el primer hogar, fue personal de una compañía privada —y no el Departamento de Salud— quien acudió al segundo hogar para gestionar su traslado. Según indicó la senadora, ese personal instruyó al administrador a comunicarse con la secretaria, quien luego le indicó que el participante continuaría con una compañía que ya le brindaba servicios.

"Ya no tenemos a uno, sino dos administradores de Hogares narrando bajo juramento, porque ambos prestaron declaraciones juradas, la conducta desplegada por Suzanne Roig Fuertes", indicó la senadora, al sostener que luego de un desacuerdo se intentó ajustar el precio total a $50,000, $40,000 para la empresa de seguridad y $10,000 para el hogar. 

El Departamento de Justicia ha rechazado suministrar el expediente de su investigación, al sostener que forma parte del sumario fiscal y que está protegido. Sin embargo, la delegación popular insistió en que se reabra la pesquisa.

"En este caso entendemos que esta señora no puede estar ni un solo día más sentada en la silla de la Secretaría de la Familia, porque las alegaciones en su contra son muy serias, muy serias", sostuvo el senador Hernández Ortiz.