Cámara de Comercio: requisito laboral en Medicaid fortalecería un Puerto Rico autosuficiente
Hacen llamado a prepararse para futuras reformas, proponen alianzas y un “marketplace” de salud para PyMEs

Mientras el Congreso de Estados Unidos considera una propuesta que impondría requisitos laborales a ciertos beneficiarios del programa Medicaid, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) ha salido en defensa de la medida al destacar su potencial para incentivar la autosuficiencia económica y activar el mercado laboral. Aunque la medida no aplicaría a los territorios como Puerto Rico en su forma actual, sectores empresariales locales instan a observar de cerca los posibles cambios que pudieran avecinarse en el futuro.
“Vincular los beneficios de Medicaid con el empleo o la participación en actividades productivas fomenta una mayor inclusión en el mercado laboral”, expresó el presidente de la CCPR, Luigi Pizarro, en declaraciones escritas a InDiario enviadas desde España a través de su relacionista, Karen Garnik.
Desde la Cámara de Comercio, se argumenta que esta política podría ser beneficiosa incluso para Puerto Rico, si en el futuro se extiende a los territorios. Para la organización, el modelo ayudaría a reducir la dependencia de beneficios públicos y fortalecería la base contributiva de la Isla.
“Al incentivar a los individuos a buscar empleo o participar en actividades de capacitación laboral para acceder a estos beneficios, se promueve una mentalidad de autosuficiencia y de contribución activa a la economía”, añadió Pizarro.
También señalaron que sectores como el comercio, el turismo y los servicios podrían verse beneficiados al contar con una mayor disponibilidad de trabajadores potenciales.
Como parte de una visión más amplia, la CCPR propuso una serie de iniciativas para reforzar el acceso a salud en paralelo al desarrollo económico. Entre ellas, se destacó la creación de un mercado comercial de seguros médicos (“marketplace”) para individuos y pequeñas empresas, con incentivos públicos que ayuden a costear medicamentos especializados.
“Una colaboración entre gobierno y sector privado que incluya programas de capacitación, incentivos fiscales e infraestructura tecnológica puede facilitar una transición ordenada hacia la autosuficiencia”, indicó el líder de la CCPR.
Puerto Rico aún excluido, pero atentos a 2027
Actualmente, tanto la Cámara como el Senado federal han dejado fuera a Puerto Rico del requisito de trabajo, como confirmó recientemente la directora de PRFAA, Gabriella Boffelli, en declaraciones a InDiario. Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico ya anticipa que podría verse afectado a partir de 2027 si el Congreso extiende la política a todos los territorios.
“Si en el 2027 se establecieran nuevos requisitos, incluidos los de trabajo, el Gobierno de Puerto Rico estará preparado para cumplir con ellos”, dijo Boffelli a este medio.
Con más de 1.4 millones de personas en Puerto Rico dependientes del plan Vital, el debate sobre la viabilidad, el impacto y la conveniencia de un requisito laboral en Medicaid ya se ha instalado en la Isla, aunque la ley aún está en discusión a nivel federal.
Según el análisis del Congressional Budget Office (CBO), el requisito laboral que discute el Congreso aplicaría a adultos sanos entre 19 y 64 años que reciben Medicaid a través de la expansión bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), comúnmente conocida como Obamacare.
Estos beneficiarios tendrían que comprobar que trabajaron al menos 80 horas durante el mes anterior a su inscripción, y continuar haciéndolo cada seis meses para mantener su cubierta. También podrían cumplir con el requisito si participan en programas educativos, de adiestramiento laboral o realizan voluntariado.
La propuesta excluiría a personas mayores, menores de edad, embarazadas, individuos médicamente frágiles, personas sin hogar, con trastornos por uso de sustancias o que cuidan dependientes con discapacidades.
Según datos del CBO, la medida reduciría la inscripción en Medicaid en 5.2 millones de personas para el año 2034 y ahorraría al gobierno federal alrededor de $344 mil millones en diez años.