Laboratorios clínicos denuncian 20 años de tarifas congeladas y respaldan medida legislativa para ajustar reembolsos

La Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALCPR) alzó la voz para denunciar un estancamiento de más de dos décadas en las tarifas de reembolso por parte de las aseguradoras, situación que según el organismo ha creado una crisis de acceso a servicios diagnósticos en la isla.

La organización, que agrupa a unos 200 laboratorios clínicos, dio su respaldo al Proyecto 2 del 2025 como una herramienta legislativa para atender esta crisis.

El reclamo se fundamenta en un estudio económico comisionado por la ALCPR y realizado por el economista José Alameda, el cual revela que entre 2012 y 2022 las tarifas pagadas por los planes Medicare Advantage a los laboratorios clínicos en Puerto Rico disminuyeron un 29.5%. En contraste, los costos del cuidado médico aumentaron más de un 24% y las primas de seguros subieron un 40.7% entre 2010 y 2023.

“Esto no es solo un problema de la industria de laboratorios, es una crisis de acceso para los pacientes”, sostuvo Felipe Cintrón, presidente de la ALCPR, al recalcar que el 70% de las decisiones médicas se fundamentan en los diagnósticos de laboratorio. Según Cintrón, el país necesita con urgencia un tarifario mínimo que se ajuste a los costos reales de operación, particularmente para laboratorios medianos y pequeños fuera del área metropolitana.

El informe de Alameda destaca casos concretos que ilustran la disparidad entre Puerto Rico y Estados Unidos continental. Mientras en la isla un hemograma completo (CBC) es reembolsado a un promedio de $9.60, en EE. UU. el mismo estudio ronda los $75. Un panel metabólico completo (CMP), por su parte, recibe $14.34 en Puerto Rico, en comparación con $225 en los estados.

La medida respaldada por la ALCPR, el Proyecto 2 del 2025, busca enmendar la Ley 72-1993 para establecer un sistema estandarizado de tarifas mínimas para pruebas de laboratorio clínico. También obligaría a las aseguradoras a someter informes estadísticos, y establecería revisiones periódicas de las tarifas según los costos operacionales del sector.

“El estado actual de los laboratorios requiere ajustes en la política pública”, declaró la Lcda. Alba Rivera, expresidenta de la ALCPR. Rivera advirtió que la falta de acción pone en riesgo la continuidad de servicios diagnósticos, especialmente en comunidades rurales donde el acceso a laboratorios ya es limitado.

Un reclamo que viene de años

Este no es el primer intento legislativo para atender la crisis de los laboratorios clínicos. En el cuatrienio anterior, se presentaron medidas como el Proyecto de la Cámara 754 del 2021, que también buscaba establecer tarifas mínimas y mecanismos de fiscalización sobre aseguradoras. Sin embargo, esa propuesta no prosperó más allá de vistas públicas.

Además, desde 2018, diversos portavoces de la industria han advertido en múltiples ocasiones ante la Legislatura sobre el impacto de la Ley federal PAMA (Protecting Access to Medicare Act), que provocó ajustes descendentes en los pagos de Medicare a laboratorios.

Asimismo, el propio Departamento de Salud ha reconocido en informes internos la falta de uniformidad tarifaria y la dificultad de los laboratorios clínicos para operar bajo las condiciones económicas actuales. En ese sentido, el Proyecto 2 representa un avance más concreto al establecer mecanismos de revisión y un piso mínimo de reembolso.

Un aspecto destacado del estudio es que los laboratorios fuera del área metropolitana enfrentan una presión aún mayor. Con salarios más bajos para los tecnólogos médicos, costos operacionales más altos y menos volumen de pacientes, muchos de estos centros han tenido que cerrar o consolidarse. Esto ha profundizado las desigualdades en el acceso a diagnósticos tempranos en áreas como la montaña central, el oeste y la isla municipio de Vieques.

“Cuando se cierra un laboratorio en un pueblo rural, la gente tiene que viajar a otro municipio para hacerse una prueba básica. Eso retrasa diagnósticos y puede poner vidas en peligro”, advirtió Cintrón.

El Proyecto 2 del 2025 se encuentra actualmente ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Aunque ha recibido respaldo de organizaciones profesionales y gremiales, todavía enfrenta retos legislativos, especialmente en un contexto en el que la relación entre aseguradoras, gobierno y proveedores continúa siendo objeto de debate.

Con la presión fiscal que atraviesa el sistema de salud en Puerto Rico, la discusión de esta medida podría sentar un precedente sobre cómo se distribuyen los recursos entre las distintas partes del ecosistema sanitario. Para los laboratorios, sin embargo, la urgencia no es negociable.

“Es ahora o nunca”, concluyó Cintrón.