Supremo federal mantiene validez de que TikTok desaparezca en Estados Unidos
Determinó que las medidas adoptadas son necesarias para proteger la seguridad nacional y que las restricciones no violan derechos fundamentales de expresión
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó la constitucionalidad de la ley que prohíbe la aplicación TikTok y de otras plataformas digitales por mantenerse bajo control de empresas con sede en China.
En una opinión de 27 páginas, el Alto Foro federal confirmó que la Ley para Proteger a los Estadounidenses de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, que entrará en vigor el 19 de enero de 2025, es legal. Esto significa que la aplicación estará prohida en el país, salvo que esta plataforma se desvincule del control chino bajo la empresa ByteDance.
A pesar de la determinación, una fuente de The Associated Press dijo que el presidente saliente Joe Biden había manifestado que no ejecutaría lo dispuesto en la ley y que se lo dejaría en manos de Donald Trump.
El fallo judicial responde a dos casos presentados por TikTok Inc., ByteDance Ltd. y usuarios estadounidenses de la plataforma, quienes argumentaban que la ley violaba sus derechos bajo la Primera Enmienda. La corte determinó que las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la recopilación masiva de datos por parte de TikTok, así como su relación con el gobierno chino, justificaban las restricciones impuestas.
El Congreso aprobó esta legislación tras varios años de disputas legales, negociaciones y preocupaciones sobre la posibilidad de que el gobierno chino acceda a información sensible de más de 170 millones de usuarios estadounidenses. La ley establece que la plataforma puede continuar operando en el país únicamente si ByteDance Ltd. realiza una desinversión que elimine cualquier control extranjero.
En su decisión, el tribunal destacó que las medidas adoptadas son necesarias para proteger la seguridad nacional y que las restricciones no violan derechos fundamentales de expresión. El juez Gorsuch, aunque expresó dudas sobre el carácter "neutral" de la ley respecto al contenido, coincidió en que los riesgos para la seguridad justifican la acción del Congreso.
Este fallo marca un hito en el debate sobre la privacidad de datos y la influencia extranjera en aplicaciones tecnológicas, sentando un precedente en la regulación de plataformas digitales.