Junta Fiscal sale en defensa de LUMA ante el Supremo
El organismo fiscal advierte riesgos operacionales y financieros si termina el contrato, mientras el Gobierno defiende la nulidad de su extensión.
Por Redacción InDiario|Energía|
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que rechace los argumentos del Gobierno para poner fin al contrato de LUMA Energy, al advertir que su cancelación podría provocar consecuencias graves para el sistema eléctrico y comprometer la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El organismo fiscal presentó una solicitud para intervenir como amicus curiae, o amigo de la corte, en los casos consolidados CT-2025-0006 y CT-2025-0007, mediante los cuales la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón cuestiona la validez de la extensión contractual que mantiene a LUMA como operador de la red de transmisión y distribución eléctrica.
La Junta argumentó que la cancelación dejaría al sistema eléctrico sin un operador privado preparado para asumir inmediatamente sus funciones, lo que obligaría a la AEE a retomar temporalmente esas responsabilidades.
“Concluir que el Contrato de Operación de T&D ha terminado tendría consecuencias nefastas tanto para el caso del Título III de la AEE, como para la capacidad de Puerto Rico de proveer electricidad confiable a sus residentes y empresas”, sostuvo el organismo en su alegato.
Junta advierte que AEE no está preparada
Según el organismo federal, la AEE no cuenta actualmente con los recursos humanos, técnicos ni financieros necesarios para reasumir la operación del sistema eléctrico.
La Junta recordó que, desde que LUMA comenzó a administrar la red, la corporación pública redujo considerablemente su plantilla de empleados, incluyendo ingenieros, celadores y personal especializado.
Asimismo, sostuvo que la legislación vigente y el plan fiscal certificado de la AEE requieren que la operación del sistema permanezca bajo una empresa privada.
A juicio de la Junta, devolver temporalmente estas funciones a la AEE podría contravenir esas disposiciones, particularmente cuando el Gobierno todavía no ha identificado un operador sustituto que pueda asumir inmediatamente el servicio.
La búsqueda y contratación de una nueva empresa podría extenderse durante años, según advirtió el organismo.
Posibles consecuencias millonarias
Uno de los principales argumentos de la Junta está relacionado con las consecuencias económicas de cancelar el acuerdo.
En su presentación, hizo referencia al reclamo de LUMA de que la terminación contractual podría generar un cargo superior a $250 millones, además de otras obligaciones financieras.
De prosperar ese reclamo, la Junta advirtió que los desembolsos podrían agotar los fondos operacionales de la AEE y eventualmente repercutir en las tarifas que pagan los consumidores.
También señaló que las reclamaciones económicas podrían complicar el proceso de reestructuración de la deuda de la corporación pública bajo el Título III de la ley federal PROMESA.
LUMA había presentado previamente un estimado de aproximadamente $1,300 millones en costos y obligaciones relacionados con la cancelación y transición contractual.
Sin embargo, el Gobierno ha cuestionado esa cifra y sostiene que cerca del 70 % corresponde a balances operacionales, cuentas por pagar y compromisos que no serían consecuencia directa de sustituir al operador.
Gobierno insiste en invalidar extensión
La administración González Colón mantiene que la llamada Carta-Extensión del contrato de LUMA es inválida porque, según argumenta, fue aprobada sin cumplir con los requisitos legales correspondientes.
El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y zar de Energía, Josué Colón Ortiz, reiteró que el Gobierno busca una transición hacia un nuevo operador privado y no necesariamente devolver permanentemente la administración de la red a la AEE.
“Ningún contrato gubernamental puede enmendarse o modificarse sin cumplir con los requisitos establecidos por ley, particularmente cuando se trata de un servicio esencial como la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico”, sostuvo Colón Ortiz.
Supremo limita nuevas comparecencias
La intervención de la Junta coincidió con una resolución del Tribunal Supremo que declaró no ha lugar varias solicitudes presentadas por el Gobierno, la AAPP y la AEE relacionadas con documentos sometidos por LUMA.
No obstante, el máximo foro judicial aclaró expresamente que esa determinación no representa una adjudicación sobre el valor, la pertinencia ni las consecuencias jurídicas de dichos documentos.
Además, instruyó a las partes a abstenerse de presentar escritos adicionales, salvo que el propio Tribunal los solicite.
Colón Ortiz insistió en que esa resolución no significa que el Supremo haya validado los argumentos de LUMA.
Con la nueva comparecencia de la Junta Fiscal, la controversia adquiere otra dimensión, al enfrentar los argumentos del Gobierno sobre la legalidad de la extensión contractual con las advertencias del organismo federal sobre las consecuencias operacionales y económicas de su cancelación.
La decisión final sobre la validez de la extensión del contrato permanece en manos del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
