Mafia y uniones: historial documentado de infiltración y corrupción

La relación entre ciertas estructuras sindicales y el crimen organizado no es una teoría de redes ni un mito urbano. Es un patrón histórico que ha sido investigado por el Senado federal, procesado por el Departamento de Justicia y litigado en tribunales bajo leyes antirracketeering, particularmente la Ley RICO.

El punto de partida moderno suele ubicarse en las vistas del United States Senate Select Committee on Improper Activities in Labor and Management, conocido como el Comité McClellan, que operó entre 1957 y 1960. El comité investigó prácticas criminales e impropias en relaciones obrero-patronales, emitió miles de citaciones y celebró meses de audiencias públicas que dieron visibilidad nacional a corrupción y vínculos con el bajo mundo en algunos gremios.

Décadas después, el Department of Justice ha descrito la mecánica que permitió esa infiltración en casos concretos. En una página oficial sobre “Infiltrated Labor Unions”, la División Criminal señala que grupos como La Cosa Nostra ganaron influencia corrupta, e incluso control, sobre algunas uniones mediante intimidación, violencia y esquemas de extorsión, y que el gobierno ha usado procesos criminales y demandas civiles bajo RICO para expulsar esa influencia.

Esa estrategia se refleja en casos históricos de alto perfil. En 1988, el gobierno federal presentó una acción civil contra el International Brotherhood of Teamsters (IBT) que desembocó en un acuerdo de consentimiento y un sistema de supervisión e investigación interna diseñado para erradicar corrupción y asociaciones con crimen organizado.

La misma lógica se aplicó a otros sindicatos. En 1995, un tribunal federal ejecutó un consent decree en un caso del gobierno contra el Hotel Employees and Restaurant Employees International Union (HEREIU), donde se alegó dominación de grupos de crimen organizado por años en violación de RICO. Ese mismo año, el Departamento de Justicia también impulsó reformas en LIUNA (Laborers’ International Union of North America) tras advertencias de historial de corrupción e influencia del crimen organizado, según comunicados oficiales y récord judicial.

En los muelles, el historial también está documentado. En 2005, la Fiscalía federal en el Distrito Este de Nueva York anunció una demanda RICO contra la International Longshoremen’s Association (ILA) basada en “décadas” de evidencia de corrupción e influencia del crimen organizado en sectores del waterfront y fondos relacionados.

Aunque estos casos suelen asociarse a ciudades como Nueva York o New Jersey, Puerto Rico también ha visto investigaciones federales por esquemas ilegales vinculados a actividad sindical. En 2022, la Fiscalía federal en Puerto Rico anunció cargos por “labor racketeering” en el Puerto de San Juan, alegando un esquema de cobro ilegal de cuotas y extorsión relacionado a operaciones en muelles.

A la par de la evidencia histórica, la documentación oficial también subraya un matiz importante. No se trata de afirmar que “las uniones” como institución sean criminales, sino de un patrón repetido en el que ciertas posiciones de poder dentro de algunos gremios y fondos laborales se convirtieron en objetivos para estructuras criminales, que buscaban controlar acceso a empleos, contratos, muelles, construcción o beneficios. Esa es, precisamente, la razón por la cual el gobierno federal creó unidades dedicadas a “labor-management racketeering” y litigó reformas bajo RICO en múltiples organizaciones.

El resultado ha sido un ciclo de investigaciones, procesos, acuerdos de reforma y, en algunos casos, supervisión judicial. El denominador común en las fuentes oficiales es constante. Cuando el crimen organizado logra influir uniones, su poder se traslada al mercado real: contratación, logística, construcción, puertos, fondos de pensiones y hasta el costo de hacer negocios.