Apelativo frena nuevas licencias de máquinas de azar en ruta

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico suspendió el recibo de nuevas solicitudes de licencias para dueños mayoristas u operadores de máquinas de juegos de azar en ruta, luego de que el Tribunal de Apelacionesacogiera un recurso presentado por la agencia y ordenara paralizar los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. 

La determinación representa un nuevo capítulo en la controversia entre la agencia reguladora y un grupo de operadores que reclaman acceso al proceso formal de licenciamiento. La semana pasada, la jueza superior Iris Cancio Gonzálezhabía ordenado a la Comisión recibir, tramitar y evaluar solicitudes de licencia tras declarar ha lugar una petición de mandamus presentada por operadores de máquinas en ruta. 

El director ejecutivo de la Comisión, Juan Carlos Santaella Marchán, sostuvo en declaraciones escritas que la acción del foro apelativo “preserva el orden regulatorio” mientras se atiende la controversia judicial. Según la Comisión, la Ley Núm. 11 de 1933, según enmendada, establece el marco aplicable a los dueños mayoristas con licencias activas y a cualquier nuevo solicitante. 

La disputa gira en torno a si la Comisión está obligada a recibir nuevas solicitudes en esta etapa o si puede mantener cerrado el proceso hasta que se cumplan otros términos vinculados a los licenciatarios actuales. La agencia ha defendido que su deber es proteger la integridad regulatoria de la industria, mientras los demandantes alegan que la Comisión no puede impedirles siquiera iniciar el trámite administrativo.

En la sentencia de Primera Instancia, el tribunal había ordenado al director ejecutivo de la Comisión y a la directora del Negociado de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, Loraine Irizarry Torres, cumplir en cinco días con la recepción formal de solicitudes y avanzar con su procesamiento prioritario. También se señaló que la Comisión no había emitido recibos oficiales ni asignado números de expediente a los trámites impulsados por los demandantes. 

Los operadores demandantes están vinculados a UNOMAR, una asociación que agrupa a comerciantes del sector. Su portavoz, Gilberto Narváez, ha sostenido que el reclamo no busca evadir la regulación, sino entrar al sistema formal: ser evaluados, pagar lo correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos. 

El pleito también toca un punto medular para la industria: el límite legal de 25,000 máquinas autorizadas en Puerto Rico. Según la resolución judicial reseñada, el periodo de prioridad para operadores previamente licenciados venció en abril de 2025 y todavía existiría un remanente cercano a 2,000 máquinas disponibles dentro del tope permitido. 

La controversia ocurre en medio de un proceso más amplio de fiscalización de las máquinas de juegos de azar en ruta. La Comisión había informado previamente que, tras una etapa de licenciamiento, contaba con más de 2,700 negocios autorizados y cerca de 15,000 máquinas en cumplimiento. La ley permite un máximo de 25,000 máquinas en ruta y hasta 15 máquinas por negocio, siempre que operen como actividad complementaria y no como negocio principal. 

Mientras el Tribunal de Apelaciones atiende el caso, el proceso de nuevas licencias queda en pausa. Para los operadores, el tranque mantiene cerrada la puerta de entrada al mercado formal. Para la Comisión, la paralización evita que el licenciamiento avance sin que antes se aclare el alcance de la ley y el rol regulador de la agencia.