El 3 de diciembre de 2024, el juez federal Amos L. Mazzant III, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, emitió un interdicto preliminar que suspende la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) a nivel nacional. A pesar de su importancia, otros medios no han reportado sobre este asunto. No obstante, reportó Microjuris en un artículo redactado por la abogada de derecho corporativo Crystal Acevedo, esta medida paraliza temporalmente las obligaciones de reporte de Información de Propiedad Beneficiaria (BOI, por sus siglas en inglés) que debían comenzar el 1 de enero de 2025.
En el caso, Texas Top Cop Shop v. Garland, seis demandantes, entre ellos un individuo y cinco entidades, argumentaron que el Congreso excedió su autoridad constitucional al imponer requisitos de divulgación para propietarios beneficiarios, incluso para entidades que no participan en comercio interestatal o extranjero. El juez Mazzant concluyó que "la CTA probablemente excede los límites de la autoridad congresional y plantea preocupaciones constitucionales serias". El fallo también destacó que el Congreso no tiene poder ilimitado para regular todos los aspectos de las operaciones comerciales de las entidades corporativas, subrayando los límites impuestos por la Constitución.
La CTA, promovida como una herramienta para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros, exige que la mayoría de las entidades en los Estados Unidos informen a FinCEN sobre sus propietarios beneficiarios. Sin embargo, esta legislación ha sido ampliamente criticada por imponer lo que muchos consideran una carga innecesaria y onerosa, especialmente para los pequeños y medianos comercios. Según el artículo de Microjuris, el juez extendió el alcance del interdicto preliminar más allá de los demandantes originales, aplicándolo a nivel nacional. Esto ha sido interpretado por algunos como una medida para proteger a otros negocios de una ley que podría "crear más problemas administrativos que soluciones prácticas".
Este no es el primer golpe que enfrenta la CTA. En un caso anterior en Alabama, un tribunal federal también la declaró inconstitucional, pero limitó su fallo a los demandantes. La diferencia ahora radica en que la decisión del juez Mazzant afecta a todas las entidades en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, y crea un precedente con mayores implicaciones legales.
A pesar de que el interdicto es temporero, el impacto inmediato es significativo. Muchas entidades ven esto como un alivio crucial ante lo que consideran una intrusión innecesaria del estado en sus operaciones. Sin embargo, el caso aún debe ser revisado por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, y eventualmente podría llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. También existe la posibilidad de que el nuevo Congreso, que inicia sus funciones en enero de 2025, adopte medidas legislativas para ajustar o reemplazar la ley.
La suspensión de la CTA ha sido interpretada por críticos de la regulación excesiva como un paso en la dirección correcta. Señalan que, lejos de ayudar a los pequeños negocios, estas medidas imponen un costo desproporcionado en términos de tiempo y recursos.
Según la Lcda. Acevedo, las entidades deben mantenerse atentas. Aunque las obligaciones están suspendidas por ahora, la paralización podría levantarse en cualquier momento. Como señala el artículo de Microjuris, el incumplimiento de las disposiciones de la CTA puede llevar a consecuencias severas, incluyendo multas civiles y cargos penales. Para más información sobre este caso, puede leer el análisis completo de Crystal Acevedo en Microjuris aquí.