Alcalde de Norwich desafía a ICE y desata polémica

El alcalde demócrata de Norwich, Swarnjit Singh, declaró que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no son bienvenidos en su ciudad y aseguró que la Policía municipal no colaborará con las operaciones federales de inmigración.

La expresión convirtió a esta ciudad de aproximadamente 40,000 habitantes en otro escenario del enfrentamiento entre la administración del presidente Donald Trump y los gobiernos demócratas que rechazan su política de arrestos y deportaciones.

“Mi posición es la misma que la del gobernador Lamont: ‘ICE, váyanse a casa. No son bienvenidos aquí’”, expresó Singh en una declaración difundida luego de lo que describió como “actividad reciente” de la agencia federal en Norwich. El alcalde no identificó públicamente a las personas intervenidas, el número de arrestos ni las circunstancias específicas de los operativos que provocaron su reacción. 

Singh sostuvo que ninguna persona debe temer acudir a su trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o comunicarse con la Policía de Norwich debido a su situación migratoria. También afirmó que mantuvo conversaciones con líderes comunitarios, organizaciones locales y funcionarios estatales para coordinar medidas de seguridad y apoyo a las comunidades inmigrantes. 

La ciudad se niega a colaborar

El alcalde aseguró que el Departamento de Policía de Norwich cumple con la llamada Connecticut Trust Act, una ley estatal que limita las circunstancias en las que policías municipales, estatales y otras agencias públicas pueden asistir a las autoridades federales de inmigración.

La legislación prohíbe, con determinadas excepciones, arrestar o mantener detenida a una persona únicamente por una orden administrativa de inmigración. También restringe el uso de personal, instalaciones, información no pública y otros recursos estatales o municipales para facilitar transferencias o entrevistas solicitadas por ICE. 

Sin embargo, la declaración de Singh tiene un alcance principalmente político. El alcalde puede ordenar que los recursos municipales se utilicen conforme a la legislación estatal, pero no posee autoridad para expulsar a ICE de Norwich ni para impedir que agentes federales realicen arrestos bajo las facultades que les concede la ley federal.

El propio gobierno de Connecticut sostiene que la Ley de Confianza no convierte al estado en una jurisdicción fuera del alcance de ICE. El fiscal general William Tong ha argumentado que Connecticut cumple con la ley federal y que sus disposiciones solamente establecen cuándo las autoridades estatales y municipales deben —o no deben— prestar sus recursos al gobierno federal. 

Washington impugna la ley

El Departamento de Justicia mantiene la posición contraria. En abril demandó al estado de Connecticut, al gobernador Ned Lamont, al fiscal general Tong, a la ciudad de New Haven y a su alcalde, Justin Elicker, alegando que la Ley de Confianza y otras políticas locales interfieren ilegalmente con la aplicación de las leyes migratorias.

La administración Trump argumenta que las restricciones estatales han permitido que inmigrantes con antecedentes criminales sean liberados antes de que ICE pueda asumir su custodia. También sostiene que las políticas son inválidas bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución federal. Connecticut ha rechazado esas acusaciones y defiende que el gobierno federal no puede obligar a policías locales a ejecutar funciones migratorias. 

El conflicto se extiende más allá de la Ley de Confianza. El Departamento de Justicia también presentó otra demanda contra una legislación de Connecticut que restringe el uso de máscaras por agentes federales, establece requisitos de identificación y permite procesar actuaciones consideradas contrarias a las normas estatales sobre uso de fuerza. Washington sostiene que un estado no puede regular de esa manera a oficiales federales. 

Por tanto, la promesa de Singh de negar colaboración municipal ocurre dentro de una controversia constitucional todavía mayor: hasta dónde puede llegar un estado para rehusar asistencia a ICE sin obstruir directamente una operación federal.

Una frase tomada del gobernador

Singh no fue el primer funcionario de Connecticut en decirle a ICE que abandonara el estado. En febrero, el gobernador Lamont utilizó una expresión prácticamente idéntica durante su mensaje sobre la situación del estado.

“Dondequiera que van sin invitación, la violencia los sigue. Váyanse a casa. Nosotros mantenemos seguro a Connecticut sin ustedes”, expresó Lamont al criticar las tácticas migratorias de la administración Trump. El gobernador elogió en ese mismo discurso la elección de Singh y la diversidad cultural de Norwich. 

La declaración del alcalde refleja así una posición más amplia del liderato demócrata estatal, que presenta las operaciones de ICE como una amenaza para la confianza entre inmigrantes y policías locales. Los republicanos y el gobierno federal responden que esa política dificulta la detención de personas que se encuentran ilegalmente en el país, incluyendo algunas acusadas o convictas por delitos graves.

¿Quién es Swarnjit Singh?

Singh fue elegido alcalde en noviembre de 2025 como candidato del Partido Demócrata, derrotando a la republicana Stacy Gould y a la candidata independiente Marcia Wilbur. Su triunfo puso fin al control republicano de la alcaldía y lo convirtió en el primer sij en encabezar un gobierno municipal en Connecticut. 

Nacido en Nueva Delhi, Singh ha relatado que su familia abandonó la ciudad tras la violencia contra la comunidad sij en 1984. Llegó a Estados Unidos en 2007 como estudiante internacional, completó una maestría en Ciencias de Computadoras y posteriormente desarrolló negocios de bienes raíces y comercio minorista en Connecticut. 

Antes de llegar a la alcaldía, integró la Junta de Educación, el Concejo Municipal, la Comisión de Planificación y otros organismos locales. La página oficial de Norwich identifica al alcalde como miembro con voto del Concejo y encargado de coordinar los esfuerzos de desarrollo económico de la ciudad; la administración cotidiana de las agencias y del personal recae en el administrador municipal. 

Su defensa de la población inmigrante también responde a la composición de Norwich. De acuerdo con el Censo, el 13.6% de sus residentes nació fuera de Estados Unidos, el 21.9% se identifica como hispano o latino y casi una cuarta parte de la población habla en su hogar un idioma distinto del inglés. 

Críticas, insultos y amenazas

Las expresiones contra ICE provocaron fuertes críticas en las redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que un funcionario nacido fuera de Estados Unidos intentara limitar la colaboración con una agencia federal. Otros llegaron a reclamar que fuera desnaturalizado y deportado, aunque no presentaron evidencia de que Singh hubiese cometido fraude migratorio ni de que su ciudadanía pudiera ser revocada legalmente. 

La controversia ocurre pocos meses después de que Singh y su familia fueran objeto de amenazas por internet. En mayo, la Policía de Norwich arrestó a un hombre de 65 años y lo acusó de amenazas en segundo grado e intimidación motivada por prejuicio. Según la orden judicial citada por medios locales, algunos mensajes hablaban de “eliminar” al alcalde y atacar a su familia. 

El fiscal general Tong condenó entonces las amenazas y agradeció la intervención de la Policía de Norwich y del FBI. En abril, un bombero voluntario también había sido suspendido durante 90 días después de publicar un comentario despectivo sobre la fe sij del alcalde. 

La crítica política a la posición de Singh sobre ICE es legítima y forma parte del debate sobre inmigración. Las amenazas contra él o su familia, así como los ataques basados en su origen o religión, constituyen un asunto distinto y han generado investigaciones criminales.

Un desafío más político que operativo

Singh ha trazado una línea clara: Norwich no utilizará voluntariamente sus policías ni sus recursos para facilitar operativos civiles de inmigración fuera de las excepciones reconocidas por la ley estatal. Pero su frase de que ICE “no es bienvenido” no equivale a una prohibición ejecutable.

Los agentes federales pueden continuar entrando a la ciudad, investigando casos y realizando arrestos dentro de su jurisdicción. El gobierno municipal, por su parte, puede negarse a convertir a sus policías en auxiliares rutinarios de la política migratoria federal, salvo que exista una orden judicial o se active alguna de las excepciones previstas en Connecticut.

La declaración coloca a Singh en el centro de una batalla que rebasa las fronteras de Norwich: el choque entre la autoridad federal para hacer cumplir las leyes migratorias y la facultad de los estados para decidir cómo emplean sus propios agentes, cárceles, información y presupuesto.

Su mensaje puede tranquilizar a los inmigrantes que temen acercarse a la Policía local. También puede alimentar la percepción de que funcionarios demócratas están más dispuestos a confrontar a ICE que a cooperar con la aplicación de las leyes federales.

La última palabra no la tendrá el alcalde. Probablemente la tendrán los tribunales.