Autoridades asestan golpe contra el tráfico de armas

El Departamento de Justicia presentó 97 cargos criminales contra 16 personas acusadas de violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas, como resultado de una investigación encubierta realizada por la Policía de Puerto Rico en municipios de la región norte de la isla.

La pesquisa formó parte del operativo denominado Desarme II, una iniciativa dirigida a combatir el tráfico ilegal de armas y reducir la actividad criminal en zonas identificadas por las autoridades como de alta incidencia delictiva.

Como parte de la investigación, las autoridades ocuparon 20 armas de fuego, incluyendo seis modificadas para disparar de forma automática y cinco con los números de serie alterados o mutilados. Además, los agentes documentaron múltiples transacciones relacionadas con la venta ilegal de armas y sustancias controladas, evidencia que sirvió de base para la radicación de los cargos.

La investigación estuvo a cargo de agentes encubiertos de la Policía de Puerto Rico en coordinación con la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia. Según las autoridades, la pesquisa también permitió identificar que varios de los imputados utilizaban distintas plataformas de redes sociales para promover, coordinar y concretar las transacciones ilegales.

“Los esfuerzos coordinados entre el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico continúan produciendo resultados concretos en la lucha contra la criminalidad, el tráfico ilegal de armas y drogas. Cada arma ilegal que es ocupada y retirada de las calles contribuye directamente a reducir riesgos, proteger vidas y evitar que más familias sufran las consecuencias de la criminalidad”, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que la mayoría de las armas de fuego ilegales que llegan a Puerto Rico son introducidas por piezas a través del sistema de correo postal. 

“Tan reciente como en marzo de este año, la primera fase de la Operación Desarme culminó con el arresto de 12 personas, tras una investigación en la que nuestros agentes documentaron más de 20 transacciones ilegales de armas en San Juan, Trujillo Alto, Bayamón, Aguas Buenas, Gurabo, Morovis y Orocovis. Aunque muchas de estas armas fueron adquiridas legalmente en algún momento, terminaron siendo utilizadas o comercializadas de forma ilegal”, sostuvo González.

Tras evaluar la prueba presentada por la Fiscalía, el juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto contra todos los acusados y fijó una fianza global de $24.025 millones.

Los cargos incluyen 89 violaciones a la Ley de Armas y ocho a la Ley de Sustancias Controladas, por hechos que alegadamente ocurrieron entre febrero de 2025 y junio de 2026.