El exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ingeniero José Ortiz Vázquez y el pasado director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) licenciado Omar Marrero Díaz, fueron demandados a nivel federal en capacidad representativa de las corporaciones públicas que dirigían por sus posibles intervenciones en un esquema de corrupción y fraude en la adjudicación de contratos de reconstrucción tras el huracán María con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
La demanda de sobre 750 páginas, la cual según dos fuentes con vasto conocimiento del tema está "plagada de errores" se presenta bajo la Ley PROMESA y bajo el Código Penal de los Estados Unidos. Entre los cargos se incluyen conspiración para cometer sobornos, fraude de servicios honestos, fraude de desastres y violaciones de la Ley RICO (Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act) durante actos que se desarrollan principalmente entre los años 2017 y 2024 como parte de los eventos relacionados a la restauración de la red eléctrica de Puerto Rico tras el paso del devastador ciclón el 21 de septiembre de 2017.
"COR3 no existe jurídicamente. Es una oficina de P3 (Autoridad para las Alianzas Público-Privadas). Eso demuestra desconocimiento básico porque incluir a una entidad que no tiene capacidad para demandar y ser demandanda es un error grave", dijo una de las fuentes consultadas por InDiario.
Otro de los informantes destacó que la demanda presentada denota prisa y falta de cuidado, al confundir en varias instancias a Omar Marrero con el exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), licenciado José Iván Marrero Rosado, a quién también se le identifica erróneamente como director de COR3 y secretario del Departamento de Estado.
Marrero Rosado fue el Representante Autorizado del Gobierno (GAR, por sus siglas en inglés) del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares mientras fungía como titular de OGP. Además, fue parte de la junta de directores de la Administración de Seguros de Salud (Ases).
A preguntas del periodista Manuel Guillama Capela para El Nuevo Día, Omar Marrero negó que al mando del COR3 conspiró para evitar que Foreman Electric recibiera tareas de reconstrucción tras el paso de María para asignárselos a Cobra Acquisitions, catalogó las alegaciones como "frívolas" y una "chapucería" y recordó que esta compañía estuvo involucrada en un esquema de fraude a través de quien la presidía en 2020, asunto que llegó a los tribunales y que en ningún momento se pasó prueba implicándolo a él ni a la oficina que dirigía.
“Las alegaciones son totalmente falsas, y es un ejercicio totalmente fútil que radicó la empresa Foreman la noche antes de la vista donde se veía su objeción a la transacción entre la AEE y Cobra. Los que han estado mirando este proceso sabemos el objetivo que se tiene en este asunto. Fue una estrategia legal mal diseñada y, definitivamente, mal implementada. Son alegaciones totalmente falsas, cuyo único objetivo era tratar de darle más relevancia o publicidad a una objeción que había sometido Foreman en el caso de la transacción que se estaba llevando a cabo en cuanto a Cobra”, declaró Marrero Díaz al periodista.
Cabe señalar que tan reciente como el pasado miércoles, un acuerdo transaccional entre la AEE y la empresa obtuvo la autorización de la jueza federal Laura Taylor Swain para obtener más de $170 millones por servicios que se le debían.
A lo largo del recurso legal se menciona la adjudicación de contratos, la corrupción y los sobornos relacionados con Cobra Acquisitions LLC, involucrando a la exadministradora adjunta de la Región II de FEMA, Ahsha Nateef Tribble y el presidente de Cobra, Keith Ellison. En mayo de 2023, ambos se declararon culpables por un esquema de corrupción relacionado con la restauración de la red eléctrica de Puerto Rico tras intercambiar regalos a cambio de que Cobra recibiera contrato para rediseñar la red elétrica en la isla municipio de Vieques.
Cobra Acquisitions no logró obtener ese contrato. Sin embargo, el contratista principal de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico después del huracán y tras la salida de la pequeña empresa de montana Whitefish Energy luego de que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares cancelara su acuerdo de $300 millones tras duras críticas sobre su capacidad para devolverle la luz a todo Puerto Rico, sí logró obtener otros dos contratos por un valor total de más de $1,800 millones.
El acuerdo de culpabilidad evitó que Tribble y Ellison fueran a juicio por los delitos de conspiración para cometer sobornos, fraude de servicios honestos y fraude en desastres.
Tribble ocupaba el puesto de administradora regional adjunta de la Región II de FEMA, donde estaba encargada de supervisar los esfuerzos de recuperación y restauración en Puerto Rico. En su posición, utilizó su influencia para favorecer a Cobra Acquisitions LLC a cambio de sobornos proporcionados por el alto ejecutivo de la compañía, con quien se le implicó sentimentalmente.
¿Qué se alega en la demanda?
En la reclamación presentada en la tarde del miércoles, en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, la empresa Foreman Electric, Inc., alega que José Ortiz pudo haber favorecido a Cobra Acquisitions LLC sobre estos al facilitarle pagos significativos a la empresa, a pesar de que la empresa había sido seleccionada por la AEE en un proceso de solicitud de propuestas y no empece a las irregularidades en los procesos de facturación y la falta de cumplimiento en la presentación de documentos que ocurrían en FEMA.
De acuerdo con el recurso legal, correos electrónicos muestran que Ortiz estuvo en comunicación constante con ejecutivos de Cobra, donde se discutieron temas como la aceleración de pagos pendientes, incluyendo montos de hasta $30 millones.
Sin decir nombres, la demanda indica que miembros no identificados de la Junta de Gobierno de la AEE intentaron sobornar a ejecutivos de Foreman para “mover adelante las acciones contractuales”, con un pago de $200,000 que nunca fue realizado por la empresa.
Por su parte y en relación con sus responsabilidades en COR3 en ese entonces, la reclamación implica que el licenciado Marrero tuvo un papel instrumental en la gestión de fondos federales y la presentación de Project Worksheets (PWs) a FEMA, cruciales para la adjudicación de contratos.
Según las alegaciones, COR3 bajo la dirección de Marrero, falló en someter las hojas de trabajo de proyectos (Project Worksheets - PWs) de Foreman Electric a FEMA, lo que resultó en la pérdida de oportunidades para la compañía, mientras favorecían las de Cobra.
Según la demanda, la conspiración incluyó sobornos, manipulación de contratos y la omisión deliberada de asignarle trabajo a Foreman Electric, a pesar de haber sido seleccionada como una de las empresas para ejecutar obras eléctricas de reconstrucción. Foreman alega que esto ocurrió a pesar de haber presentado propuestas más económicas y eficientes que Cobra y el resto de las compañías seleccionadas.
Foreman Electric solicita que se le compense por los daños financieros sufridos debido a la exclusión de los contratos, los cuales ascienden a millones de dólares. La demanda también busca que se anulen los contratos fraudulentos adjudicados a Cobra y que se tomen medidas punitivas contra los implicados en el esquema de corrupción.
La reclamación se basa en la afirmación de que hubo un probado esquema de corrupción liderado por Tribble y Ellison, en el que se ofrecieron sobornos a cambio de la adjudicación de contratos a Cobra. Estos sobornos incluyeron estadías en hoteles de lujo, vuelos en primera clase, y otros beneficios personales.
La demanda también incluye a Cobra Acquisitions LLC así como su presidente en ese entonces. Además, Tribble también fue incluida en la reclamación como funcionaria de FEMA involucrada en el proceso de asignación de contratos en ese momento.