Contraloría señala fallas por un vehículo del alcalde
Informe apunta a que Maricao no investigó ni notificó accidente de una Dodge Durango municipal asignada al alcalde.
Por Redacción InDiario|Noticias|
La Oficina de la Contralora de Puerto Rico señaló al Municipio de Maricao por no ordenar una investigación administrativa ni notificar a ese organismo sobre un accidente ocurrido con un vehículo oficial asignado al alcalde.
El señalamiento surge del Informe de Investigación OC-27-02, divulgado por la contralora Carmen Vega Fournier, en el que se examinó una querella relacionada con un accidente vehicular ocurrido el 14 de octubre de 2025.
Según el informe, el incidente involucró una Dodge Durango del año 2023, tablilla MU-27831, propiedad del Municipio de Maricao y asignada al alcalde. Aunque se radicó una querella ante la Policía de Puerto Rico, la administración municipal no activó el proceso administrativo requerido para determinar lo ocurrido, documentar daños, establecer responsabilidades y notificar a la Oficina de la Contralora.
Reclamación al seguro, pero sin pesquisa interna
La investigación encontró que, en diciembre de 2025, el encargado de la propiedad municipal gestionó una reclamación ante una compañía aseguradora, que acordó pagar $5,494.77 al municipio.
No obstante, a la fecha del informe, la unidad no había sido reparada, aunque el municipio alegó que la había enviado a un taller de hojalatería y pintura para su arreglo.
Para la Contraloría, el problema central no fue únicamente el accidente, sino la falta de documentación e investigación interna sobre un bien público. La omisión, según el informe, privó a la Oficina de la Contralora de información necesaria para los fines establecidos en ley y dejó al propio municipio sin una relación detallada de los hechos.
Posible incumplimiento reglamentario
El informe advierte que la administración municipal incumplió con disposiciones legales y reglamentarias aplicables al manejo de pérdidas o irregularidades relacionadas con bienes públicos.
El Reglamento 41 de la Oficina del Contralor establece que, ante una pérdida o irregularidad, la entidad pública debe ordenar una investigación administrativa dentro de los términos establecidos, completar la pesquisa y notificar a la Oficina de la Contralora.
Esa obligación cobra mayor relevancia cuando se trata de vehículos oficiales, pues son activos adquiridos y mantenidos con fondos públicos. Una investigación administrativa permite establecer si hubo negligencia, uso indebido, falta de supervisión o si procede algún recobro o medida disciplinaria.
Falta de controles sobre propiedad pública
La Contraloría concluyó que la omisión del municipio impidió contar con información detallada para atribuir responsabilidad a cualquier funcionario o empleado que hubiese actuado con negligencia en el uso o custodia del vehículo.
El informe también recomendó al alcalde tomar medidas administrativas para asegurar que el encargado de la propiedad investigue accidentes con vehículos municipales y remita los informes correspondientes dentro del término establecido.
A la presidenta de la Legislatura Municipal, la Contraloría recomendó informar la situación al cuerpo legislativo, adoptar medidas correctivas y establecer un plan de seguimiento.
Un llamado a la administración responsable
La contralora Vega Fournier exhortó al personal del municipio a cumplir con la ley y la reglamentación aplicable, así como a promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del gobierno.
El caso coloca nuevamente bajo la lupa la importancia de los controles internos municipales, particularmente en el manejo de vehículos oficiales, reclamaciones al seguro y documentación de incidentes que involucran propiedad pública.
Aunque el informe no adjudica responsabilidad final sobre el accidente, sí deja establecido que Maricao falló en el proceso que debía activar para investigar, documentar y notificar el incidente.
