DRNA atribuye dragado cuestionado a riesgo para manatíes
Secretario Waldemar Quiles sostiene que actuó para liberar tres manatíes, pero no identifica el permiso que, según afirma, amparaba la intervención
Por Redacción InDiario|Noticias|
El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, justificó los trabajos realizados con maquinaria pesada en la desembocadura del Río Grande de Loíza como una intervención de emergencia para evitar que tres manatíes quedaran atrapados en el cuerpo de agua.
La explicación surge luego de que INDIARIO revelara que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos emitió una orden de cese y desista contra el DRNA por alegadamente realizar actividades de dragado y descargar material de relleno en aguas navegables sin el permiso federal requerido.
Quiles indicó que la agencia recibió a finales de la pasada semana la carta federal y que se encuentra evaluándola para presentar sus comentarios.
“Adelanto que entendemos que existen parámetros dentro de los permisos otorgados a la Agencia para realizar trabajos como fue este”, sostuvo el funcionario.
Sin embargo, las expresiones autorizadas no identifican cuál permiso —por número, fecha, alcance o agencia emisora— habría autorizado la remoción de arena y sedimentos en la desembocadura. Tampoco contestan directamente el señalamiento federal de que el DRNA había sido advertido previamente sobre la necesidad de obtener autorización antes de realizar trabajos de esa naturaleza.
DRNA PRESENTA LA INTERVENCIÓN COMO UNA EMERGENCIA
Según la versión ofrecida por Quiles, la situación comenzó durante la tarde del 15 de junio, cuando un ciudadano alertó a miembros del Cuerpo de Vigilantes sobre la presencia de tres manatíes que presuntamente no podían acceder al mar porque la desembocadura estaba completamente bloqueada por un banco de arena.
Personal de la agencia inspeccionó el lugar y logró avistar los tres ejemplares, sostuvo el secretario.
Posteriormente, la bióloga del DRNA Nilda Jiménez acudió al área y determinó que la obstrucción limitaba la conectividad entre el río y el océano. De acuerdo con Quiles, la reducción del flujo podía disminuir el oxígeno disuelto, deteriorar la calidad del agua y restringir la movilidad de los animales.
“Ante esta realidad, ordené a personal técnico de la Oficina Regional de San Juan movilizarse, junto con una excavadora, con el propósito de abrir nuevamente, al nivel de la marea, el canal de desembocadura para facilitar que los manatíes regresaran al mar”, expresó.
El secretario afirmó que los trabajos se limitaron a remover la arena y los sedimentos que obstruían la salida, sin alterar permanentemente el cauce, modificar las características geomorfológicas del área o trasladar el material extraído a otro lugar.
UNA SEGUNDA INTERVENCIÓN EL 8 DE JULIO
Quiles confirmó, además, que el DRNA volvió a intervenir en la desembocadura el 8 de julio, precisamente la misma fecha que aparece en la orden de cese y desista emitida por el Cuerpo de Ingenieros.
El funcionario describió esa segunda operación como un trabajo de “restauración ambiental” dirigido a restablecer el flujo hidrológico natural y mejorar el intercambio de agua entre el río y el océano.
Las expresiones no precisan si esa intervención ocurrió antes o después de que el Cuerpo de Ingenieros emitiera la carta, cuándo fue notificado formalmente el DRNA ni si la agencia solicitó autorización federal para realizar los trabajos del 8 de julio.
“En Puerto Rico habitan alrededor de 700 manatíes, una especie en peligro de extinción, y no se iba a permitir colocar en peligro la vida de tres de estos mamíferos”, manifestó Quiles.
PERSISTEN INTERROGANTES SOBRE LOS PERMISOS
La orden federal alega que el DRNA realizó dragado y descargó material de relleno sin autorización bajo la Ley de Agua Limpia y la Ley de Ríos y Puertos. También sostiene que funcionarios federales habían conversado en múltiples ocasiones con Quiles y su equipo sobre los permisos necesarios para intervenir en aguas bajo jurisdicción federal.
La respuesta del secretario se concentra en la razón ambiental que motivó los trabajos, pero no establece si el DRNA notificó al Cuerpo de Ingenieros antes de movilizar la excavadora, si invocó algún procedimiento de emergencia o si considera que un permiso previamente concedido cubría específicamente la desembocadura del Río Grande de Loíza.
Tampoco explica por qué la agencia federal concluyó que hubo una descarga de material de relleno, mientras Quiles asegura que los sedimentos únicamente fueron removidos para reabrir el canal y no fueron trasladados fuera del área.
La carta concede al DRNA 15 días para responder y contempla, entre las posibles vías para atender el caso, la restauración del área, la solicitud de un permiso retroactivo o un procedimiento legal. El documento advierte sobre posibles multas civiles y criminales, aunque hasta el momento no se han presentado acusaciones formales contra Quiles ni contra otros funcionarios de la agencia.
La contestación que finalmente someta el DRNA deberá aclarar no solo el propósito de las intervenciones, sino bajo qué autoridad legal y reglamentaria entendió la agencia que podía realizarlas sin obtener previamente el permiso reclamado por el gobierno federa