Edificios Públicos pagó agua y luz en edificios abandonados
Oficina del Inspector General señala más de $322 mil en gastos y rentas no cobradas en propiedades públicas
Por Redacción InDiario|Noticias|
La Autoridad de Edificios Públicos (AEP) mantuvo pagos de agua y luz en propiedades que figuraban como cerradas, mientras también dejó de cobrar rentas y permitió ocupaciones sin contratos vigentes, según un estudio de la Oficina del Inspector General (OIG).
El informe, divulgado por la inspectora general Ivelisse Torres Rivera, identificó deficiencias en la administración de propiedades públicas, incluyendo arrendamientos vencidos, contratos no formalizados, fallas en procesos de cobro y falta de controles internos.
De acuerdo con la OIG, los gastos cuestionados superan los $322,000. De esa cantidad, cerca de $266,070 corresponden a consumo eléctrico y $56,017 a servicio de agua en estructuras que estaban clasificadas como cerradas.
La investigación también reveló que, durante visitas a propiedades supuestamente cerradas, los inspectores encontraron escuelas ocupadas en Dorado, Yabucoa y Bayamón. Además, se observaron estructuras deterioradas, vehículos abandonados, acumulación de desperdicios y hasta una fuga de agua activa.
El cuadro descrito por la OIG apunta a un problema administrativo mayor: edificios públicos sin uso claro, servicios públicos activos, contratos incompletos y dinero que el Gobierno dejó de cobrar.
Rentas sin cobrar y contratos vencidos
El estudio concluyó que la AEP dejó de recibir aproximadamente $258,578 por alquileres sin contratos formalizados.
Entre los casos señalados figura una institución educativa que ocupa una escuela pública desde 2023 sin contrato, lo que habría provocado ingresos no cobrados por cerca de $145,989.
La OIG también identificó un operador de estacionamiento en el Complejo Gubernamental Roberto Sánchez Vilella que continuó operando durante años sin contrato vigente, generando pérdidas estimadas en $100,500.
El informe encontró, además, contratos sin registrar o registrados tarde ante la Oficina del Contralor, expedientes incompletos y ausencia de cláusulas requeridas por ley.
La OIG advirtió que también existen diferencias entre los registros de propiedades cerradas de distintas oficinas de la AEP, lo que dificulta conocer con precisión cuántas estructuras están realmente disponibles para alquiler, cuáles están ocupadas y en qué condiciones se encuentran.
Torres Rivera sostuvo que la intervención produjo recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos, regularizar contratos, mejorar los procesos de cobro y facturación, completar la estructura organizacional vinculada a la administración de propiedades, desarrollar un programa formal de mantenimiento preventivo y actualizar la reglamentación institucional.
El estudio cubrió el periodo del 1 de julio de 2022 al 22 de enero de 2026.
